Si en otras
protestas el Gobierno actuó promoviendo la estigmatización, el odio y la
desinformación a través de los medios privados de comunicación, en el Paro
Regional del Pacífico su fin estuvo enfocado en silenciar cualquier resonancia
posible.
2014/
Septiembre 2/ Por: Alexander Escobar
Desconocer
alcaldes, bloquear el comercio y el transporte, son acciones que contienen
elementos de un levantamiento popular y que traspasan las fronteras de un paro
cívico. Esto fue lo que atemorizó al Gobierno del Paro Regional del Pacífico contra la corrupción, una protesta
masiva que durante once días se desarrolló en once municipios de la Costa Pacífica
nariñense y caucana desconociendo a quienes ostentan el poder. No importa que
los fines del paro no hayan sido insurreccionales, o que buscasen derrocar o
sustituir a mandatario alguno por una junta de gobierno popular, proponemos
hablar en términos de levantamiento porque lo importante son los efectos en el
imaginario de los pobladores de la Costa Pacífica que perdieron el miedo al
poder institucional, lo cuestionaron y enfrentaron, efectos que el Gobierno hoy
quiere borrar y silenciar.
Inicio del
levantamiento
El
10 de agosto el miedo se apoderó del Gobierno colombiano. Sus esfuerzos por
detener el Paro Regional del Pacífico contra
la corrupción habían fracasado, y once municipios atendían el llamado a
levantarse en los departamentos de Cauca y Nariño. No sirvieron los intentos de
estigmatizarlo con las voces de alcaldes y la Fuerza Pública de municipios como
Guapi, donde el 6 de agosto señalaron de terroristas a los organizadores del
paro en una reunión convocada para los comerciantes; o como sucedería el 9 de
agosto en el municipio de Mosquera, donde la Fuerza Pública acusó al líder
Heriberto Campaz de promover un “paro armado” de la guerrilla en la región.
Mucho
terror promueve quien teme por sus actos criminales. Derechos fundamentales
masacrados, saqueo del territorio a través de concesiones otorgadas a
multinacionales, paramilitarismo, clientelismo y corrupción sistemática,
definen la política de Estado que teme al pueblo cuando éste se levanta, y que
utilizando la Fuerza Pública y los medios de comunicación privados trata de
atemorizarlo para que desista de su osadía.
Pero
el pueblo se levantó, no se dejó amedrentar. El Charco, La Tola, Mosquera,
Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, Magüi Payán, Roberto Payán y
Barbacoas fueron los ocho municipios que se levantaron en Nariño; y Guapi, Timbiquí
y Lopez de Micay, los tres del Cauca que desde el 10 de agosto hicieron parte
del paro.
El ocultamiento
Si
en otras protestas el Gobierno actuó promoviendo la estigmatización, el odio y
la desinformación a través de los medios privados de comunicación, en el Paro
Regional del Pacífico su fin estuvo enfocado en silenciar cualquier resonancia posible. No se conoce comunicado público del Gobierno para un paro que durante
once días mantuvo a once municipios de la Costa Pacífica en un levantamiento
que desconoció la representatividad institucional cerrando alcaldías y
paralizando el comercio y el transporte.
El
hecho sienta un nuevo precedente dentro de las confrontaciones entre los
poderes del Estado y el pueblo movilizado, en tanto que ejemplifica que la
represión no solo está basada en la imposición de la fuerza por medio de las
armas y los aparatos de seguridad estatales, sino que también se da en términos
del ocultamiento de su realidad cuando un levantamiento masivo representa un
“mal ejemplo” a seguir por los demás sectores de la sociedad.
Once
municipios en paro fue noticia que no tuvo relevancia en los medios de
comunicación que ostentan el monopolio de la audiencia en el país. Solo alguna
información por radio y prensa escrita llegó a circular, y en televisión quizá
tres o cuatro noticias fueron presentadas por las grandes cadenas televisivas[1].
Ni siquiera los acuerdos firmados entre el Gobierno y los voceros de los
manifestantes tuvieron el despliegue noticioso que significaba poner fin a las
actividades del paro.
El
mensaje del Gobierno a los medios fue claro: el Paro Regional del Pacífico contra la corrupción no tuvo inició ni
final, simplemente no existió, y su “mal ejemplo” debe ser olvidado. Y claro
también fue el mensaje de los medios: somos una vergüenza nacional que atiende
las agendas del Gobierno y no las necesidades de la comunidad.
“Pacífico” no implica
que no existan acciones de hecho
El
fracaso de no lograr contener el levantamiento en once municipios del país, es
una derrota que la propaganda del Gobierno trata de convertir en un juego de
palabras para desconocer la contundencia de las acciones de hecho que le
obligaron a sentarse a discutir con los manifestantes. Analicémoslo mejor. ¿Por
qué este paro es considerado como “pacífico”, y otros no? ¿Si las alcaldías de
ciudades como Cali y Bogotá fuesen cerradas y tomadas por manifestantes, cuál
sería el desenlace? La orden de desalojo sería inminente, y el Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD) llegaría para acabar con la protesta. Igual sucedería si
en vez de bloquear el tránsito de lanchas, se bloquearan las carreteras del
país.
Los
desenlaces violentos en las manifestaciones pacíficas son consecuencia de la
represión contra la protesta social. Si las alcaldías de Cali y Bogotá hubiesen
sido bloqueadas, la Fuerza Pública actuaría causando heridos y detenidos, y el
Gobierno emitiría un comunicado rechazando “las vías de hecho y las acciones
violentas” de los manifestantes. Extraño resulta entonces que el cierre de
alcaldías de municipios como Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán no fuera
considerado como actos violentos y acciones de hecho a rechazar. La no llegada
del ESMAD para contener las protestas en los once municipios de la Costa
Pacífica obedece a una decisión del Gobierno de no llamar la atención sobre el
paro y evitar la radicalización del mismo, y también se debe a las dificultades
demográficas de la zona que obligarían a diseñar un operativo sin precedentes
en la historia de Colombia.
Se
equivocan por tanto quienes hablan del Paro Regional del Pacífico como una
protesta pacífica, y se equivocan no porque no lo sea, se equivocan porque lo
hacen para estigmatizar las acciones de hecho que utiliza el pueblo colombiano
como única vía para ser escuchados y exigir sus derechos, acciones de hecho que
las comunidades de la Costa Pacífica nariñense y caucana utilizaron al igual
que las han empleado otras protestas pacíficas y paros desarrollados en el
país.
Lo que preocupó
y preocupa al Gobierno
Las
exigencias del paro están contenidas en el Mandato por la vida digna y contra la corrupción que comprende
once puntos que serán discutidos en la Mesa Subregional del Pacífico nariñense
y caucano. La conformación de la Mesa es producto de las exigencias de los
manifestantes donde convergen los once municipios que se levantaron contra la
corrupción. Esto último, el robo y saqueo sistemático del presupuesto público, es
lo que preocupa al Gobierno desde el inicio: miles y miles de personas levantadas
contra los poderes institucionales debido a la corrupción y el clientelismo que
caracteriza a los mandatarios de estos municipios. Porque corrupción, robo y
saqueo es la constante en el país, y esa constante puede replicar en otros
levantamientos que pondrían al Gobierno en una situación complicada donde
tendría que entrar a reprimir las protestas contra el robo y saqueo que
sostiene a los poderes que gobiernan. La indignación sería enorme y la
represión del Estado radicalizaría la situación desprestigiando a los poderes
institucionales por completo y, por tanto, provocarían la pérdida definitiva del
respeto hacia ellos. Un Gobierno que reprime para proteger a los corruptos
quedaría en evidencia, y la indignación daría paso al surgimiento de
movimientos cívicos que se articularían con procesos organizativos ya
existentes que trabajan para alcanzar la paz con justicia social y la
construcción de una nueva sociedad...
La
preocupación del Gobierno se mantiene. La conformación de la Mesa Subregional
del Pacífico nariñense y caucano es solo el primer paso de un triunfo histórico
de las comunidades que derrotaron las situaciones adversas de protestar en
medio del aislamiento, la propaganda negra del Gobierno y el silencio infame de
los medios de comunicación.
El
Paro Regional del Pacífico fue un hecho sin precedentes en Colombia debido a
sus protagonistas y la forma como el Gobierno actuó para silenciarlo. Nuevos
rostros y líderes conocimos durante un levantamiento descentralizado y
diferente a los movimientos sociales que tienen presencia en la capital del
país, y con una duración de once días donde habitantes de once municipios
desconocieron a los poderes institucionales locales. Es casi inimaginable el
escenario de resistencia que se produjo y que por todos los medios quiere ocultarse,
pues estamos hablando de una población cercana a las 240 mil personas que de
una u otra forma apoyaron el levantamiento y que ahora dejan al Gobierno
temeroso de lo que pueda suceder.
La
dignidad de las comunidades de la Costa Pacífica estalló en un acto de rebeldía
que a pesar de tener todo en contra hizo de la resistencia un acontecimiento novedoso
muy al estilo de la región: un levantamiento con toda la alegría, los anhelos, la
marimba, la voz y el sacrificio de quienes con consignas y cantos empezaron a
dibujar su rostro en los ríos olvidados del país. Es toda esa gente protestando
lo que el sol refleja hoy, y que empezaron a salir de los ríos, de los esteros
y playas, para confrontar la injusticia con su imagen plasmada en la memoria de
cada atardecer.
[1] Tres medios de
comunicación alternativa cubrieron permanentemente las protestas:
Celuloide, Décima Comuna y REMAP (Red de Medios
Alternativos y Populares). También se destaca los informes realizados por el
medio local de la ciudad de Cali PaZífico Noticias, el seguimiento de los medios alternativos, y la nota especial realizada por la Revista
Semana, El paro invisible contra la corrupción.
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