“La investigación
se inició y después de las pesquisas uno de los primeros en caer en manos de
las autoridades fue el mayordomo del predio y otros de sus compañeros como
autores materiales mientras que el abogado y otros de los autores intelectuales
lograron huir del país sin que hasta el momento les haya caído todo el peso de
la ley.”
Por: Antonio Palechor Arévalo, 16 diciembre, 2016
Foto: Archivo Internet
25 años después
Era la noche del 16 de diciembre de 1991, en el mundo católico se
iniciaba la temporada navideña con el rezo de la novena de aguinaldos, los
niños asistían con devoción a este ritual no por la creencia en un ser Superior
sino por la inocencia que el Niño Dios les traería el regalito que habían
soñado durante todo el año. Entre tanto en una vivienda de la Hacienda el Nilo,
resguardo de Huellas, municipio de Caloto en el Norte del Cauca, comuneros de
esa parcialidad residentes en los alrededores de ese predio se reunían para
evaluar la jornada de trabajo de esta fecha y trazaban los planes a seguir para
poder obtener la Finca en mención para lo cual ya se había iniciado las
negociaciones con su propietaria. El maíz plantado ya estaba alto y en poco
tiempo podrían disfrutar de la primera cosecha. Aunque no tenían la alegría por
iniciar la navidad, si la sentían por contar en el siguiente año un pedazo de
tierra para garantizar la pervivencia de las nuevas generaciones.
La tranquilidad de la noche y la reunión que avanzaba sin contratiempos
fue interrumpida por el ruido y las órdenes de salir que se emitían por
personas que salían desde el maizal con armas de fuego de largo alcance y
cubriendo sus caras con capuchas negras. La orden era precisa debían salir de
la casa en la que se reunían. Algunos en forma rápida consideraron que debían
escapar y otros determinaron atender a los extraños que llegaban y uno a
uno los hicieron tender sobre el la fría y mojada tierra que tanto habían
soñado. De ahí en adelante una serie de disparos con fusiles y metralletas
acabaron con la vida de 20 personas entre adultos, hombres, mujeres y niños
para continuar con una “carnicería humana” ensañándose con los cuerpos que los
remataron con hacha y armas corto punzantes.
Solo uno de los nativos logró escaparse de esa masacre y logró llegar
hasta el centro de salud de Caloto donde fue atendido de heridas leves que le
causaron los criminales cuando huía del escenario del múltiple crimen.
Desde ese lugar logró comunicarse con la oficina del CRIC para contar lo sucedido
y en medio del dolor y el temor por lo que pudiera ocurrir con su vida elaboró
una lista con los nombres de las primeras trece personas que entregaron su vida
en la lucha por cumplir con el primer punto del Programa de la organización
“recuperar las tierras de los resguardos”. En seguida la noticia se regó por el
mundo entero iniciando por Popayán donde desde una emisora se lanzó un informe
extraordinario hacia las seis de la mañana y en adelante inició el
desplazamiento de muchos medios de comunicación hacia el sitio de los hechos.
Entre tanto desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, se
responsabilizaba al Gobierno Nacional de los hechos acaecidos teniendo en
cuenta que en varias ocasiones se había denunciado que un abogado de los
presuntos propietarios del predio, acompañado de hombres armados había
llegado hasta esa región para conminar a los indígenas a salir con la
amenaza de utilizar la fuerza para sacarlos. Es más, el entonces presidente del
CRIC Cristóbal Secue puso en conocimiento el asunto ante el Consejo Asesor de
Política Indigenista que en esa ocasión presidió el Gobernador del Cauca Juan
Carlos López Castrillón, que sesionó en el auditorio del Banco del Estado el
viernes 13 de diciembre de ese año y en esa misma fecha se ofició al alto
Gobierno para reiterar la denuncia, que seguramente no alcanzó a llegar a
tiempo a los destinatarios directos.
La primera delegación del Consejo Regional Indígena del Cauca llegó
pasadas las diez de la mañana al sitio de los hechos y pudo observar la
espeluznante escena del crimen. Una larga fila de cuerpos inertes con heridas
producidas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, un anciano que
mostraba parte del cerebro con el que pensó en la recuperación de
tierras, un niño con el maletín de sus cuadernos a la espalda con los que
pretendía cambiar la situación de su familia y su comunidad, una mujer que
había parido varios hijos para que siguieran la lucha que habían iniciado hacía
20 años sus padres y abuelos, y 17 personas más que no pudieron conocer la
tierra prometida. Solo unos minutos después arribó la delegación de los
organismos de seguridad para adelantar las diligencias de inspección de los
cadáveres, la identificación y el traslado hacia la morgue para todos los
trámites de ley.
Algunos familiares de las víctimas derramaban sus lágrimas de dolor por
la desaparición de sus seres queridos, por el dolor de una justicia
inoperante que no atendió las denuncias a tiempo, por la rabia de ver como la
respuesta al clamor de la tierra se respondió con balas que cortaron el camino
andado. Otros reflejaban la desesperanza en forma silenciosa mientras que en
los corrillos se rumoraba que tras la masacre estaban los propietarios del
predio, el abogado, el mayordomo y hasta de la participación de la policía
nacional que curiosamente estando acantonada a pocos metros de la finca no
escucharon nada.
El alcalde municipal de Caloto Faraon Angola también llegó al sitio de
los hechos para entregar un saludo de solidaridad con las familias de las
víctimas y solo afirmó que el tema de las denuncias tenía que ser atendido por
los organismos de seguridad competentes y los otros asuntos como el de la
tierra al entonces Incora y al gobierno nacional. Los helicópteros del Ejército
Nacional surcaban el cielo azul, lo que generaba mayor temor entre los
comuneros que de diferentes regiones ya habían llegado para apersonarse de esa
situación mientras que agentes del Departamento Administrativo de Seguridad
hacían toda clase de preguntas para ir recopilando datos que les pudieran dar
pistas de los criminales.
En horas de la tarde la penosa diligencia de inspección de los cadáveres
terminó y fueron trasladados hasta las dependencias del Instituto Nacional de
Medicina Legal para efectos de la necropsia mientras que directivos de los
cabildos y el CRIC adelantaban los preparativos para el sepelio y la
manifestación de protesta. Delegados de la Fiscalía y la Policía se llevaron
consigo las pruebas mientras que familiares de las víctimas y comunidad en
general quedaban en medio de la incertidumbre porque se rumoraba que vendrían
nuevas acciones armadas en contra de los comuneros del norte del Cauca.
Al día siguiente en forma improvisada en la población de Caloto se
adelantó la velación de las víctimas y después el propio Arzobispo de Popayán,
Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo ofició la Eucaristía en la que pidió
celeridad en las investigaciones por este múltiple asesinato y condenó el
hecho aleve que terminó con la vida de 20 inocentes que lo único que reclamaban
era el derecho de contar con la tierra de su resguardo que había pasado a manos
extrañas. Anatolio Quirá Guauña, Senador de la república por el movimiento
indígena acompañado de otros congresistas también se sumó al dolor de estas
comunidades e instó al gobierno nacional a responder por las víctimas bajo la
consideración que fue la negligencia del Estado que dio como origen la horrible
masacre. Los cuerpos, uno a uno desfilaron por la calle principal hasta
el cementerio central donde permanecerían por algún tiempo para luego volver a
la tierra, la misma por la que tanto lucharon y donde hoy reposan con una cruz
que recuerda el sitio donde cayeron bajo las balas asesinas.
La investigación se inició y después de las pesquisas uno de los
primeros en caer en manos de las autoridades fue el mayordomo del predio y
otros de sus compañeros como autores materiales mientras que el abogado y otros
de los autores intelectuales lograron huir del país sin que hasta el momento
les haya caído todo el peso de la ley. Todas las evidencias señalaban que
dentro de los autores intelectuales y materiales se encontraban uniformados de
la Policía Nacional acantonados en Santander de Quilichao y que se trataba del
Capitan Fabio Alejandro Castañeda Mateus y el Mayor Jorge Durán Argüelles
ahora generales en retiro de la institución armada. Solo cuatro años después,
en 1995 fueron condenados por esta matanza Nicolás Quintero Zuluaga,
Leonardo Peñafiel Correa y Édgar Antonio Arévalo Peláez, sentenciados a penas
de entre 18 y 14 años de cárcel por un juez de Cali. Entre tanto Luis Alberto
Bernal Seijas, Carlos Arturo Bahos Mejía, Carlos Alberto Flórez Alarcón
fueron condenados a 29 años de prisión mientras que Neimber Marín Zuluaga
recibe una condena de 25 años. Otro de los responsables materiales es Orlando
Villa Zapata, alias Rubén, que recibió una sentencia de 25 años de reclusión de
los cuales solo pagó seis toda vez que en 1998 se fugó de la Carcel Villa
hermosa de Cali para integrarse a las Autodefensas Unidas de Colombia de las
cuales se desmovilizó el 23 de diciembre de 2005.
Muchos años después un jefe paramilitar del Bloque Calima de las
Autodefensas Unidas de Colombia terminó de desenredar la piola del complot para
esta masacre indicando que en la finca la Emperatriz del municipio de Caloto se
fraguó todo el plan para el asesinato colectivo en una reunión en la que
participaron terratenientes, políticos, el naciente grupo paramilitar y
oficiales de la Policía nacional, hecho que motivó la reapertura de la
investigación para incluir de nuevo a los uniformados mencionados
anteriormente. Este hecho originó que el Consejo de Estado sentenciara a
Castañeda Mateus y a Duran Argüelles a pagar al Estado el 80 por ciento de una
millonaria multa por esta masacre indicando que los señalados son “responsables
de perjuicios ocasionados a los demandantes a consecuencia de los hechos
ocurridos el 16 de diciembre de 1991 en la hacienda El Nilo del municipio
de Caloto (Cauca).
¿Pero cuales eran las razones para ejecutar esta masacre? Es una de las
preguntas que siempre se formularon las comunidades teniendo en cuenta que la
negociación del predio el Nilo ya se encontraba avanzada al punto que tenían
permiso para la plantación de cultivos. La respuesta se conoció algunos meses
después y tenía que ver con un intento del narcotráfico por apoderarse de ese
importante corredor para sus actividades ilícitas, razón por la cual compraron
el predio a su propietaria con dinero a la mano pese a que se tenían acuerdos
iniciales con el Incora. Otro aspecto, en el que jugaron papel especial los
terratenientes era evitar que los indígenas accedieran a las tierras planas
porque se convertían en potenciales enemigos en sus planes de expansión de
monocultivos como la caña de azúcar mientras que los políticos miraban con
preocupación el crecimiento del Movimiento Indígena y el apoyo que empezaban a
recibir de otros sectores sociales como campesinos y afrocolombianos
y en consecuencia eran una amenaza en sus intereses electorales.
Hoy 25 años después recordamos este trágico hecho que conmovió al mundo
entero y que hasta el momento no está totalmente esclarecido porque hace falta
atar muchos cabos que se encuentran sueltos. Respecto a los compromisos del
gobierno nacional, éstos aún no se han cumplido en su totalidad y también años
después, personajes que dicen ser amigos de los indígenas buscan sacar su
tajada financiera, apoyar otros oscuros intereses y desprestigiar al movimiento
indígena.
Paz en la tumba a esos 20 héroes del movimiento indígena colombiano y el
acompañamiento solidario para familiares de las víctimas que seguramente hoy
recordarán esta dolorosa tragedia y elevaran una plegaria a sus dioses para que
este hecho no continúe en la impunidad.
Por: Antonio Palechor Arévalo
