Al parecer, la lógica perversa del sistema, es llevar mucha más personas a las cárceles, violando preceptos del Derecho Internacional y sentencias de la Corte, que establecen la privación de la libertad como una acción excepcional y no la regla general.
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| Huber Ballesteros, dirigente del Paro Agrario y Popular víctima de un montaje judicial |
2013/ Octubre 4/ Desde la cárcel/ Huber Ballesteros/
La larga crisis del capitalismo como sistema,
viene imponiendo como forma de paliar su grave situación, la penetración en
cada una de las esferas de la vida de la sociedad, mediante el modelo económico
del Neoliberalismo, que los Gobiernos dóciles ante el Imperio, como el
colombiano, aplican sin rechistar.
Nada debe escaparse al modelo, en su afán por
lucrarse de toda actividad, en un esfuerzo desesperado por mantenerse vigente.
Tal es la situación, que la salud, la educación, la infraestructura vial, hasta
las limosnas que brinda el Estado, llamadas “Familias en Acción”, deben dejarle
un porcentaje al sistema financiero, mediante la denominada bancarización.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cuál se
profundizó, la ya de por sí grave situación de violación a los Derechos
Humanos, no fue otra cosa que la manera de enmascarar en un discurso de
“recuperación de la institucionalidad y la seguridad”, la aplicación de un
modelo económico para favorecer los
intereses del capital trasnacional y la inversión privada.
Es importante conocer y analizar cómo durante
sus dos períodos de gobierno, se dictaron leyes que han beneficiado de manera
exclusiva la inversión privada en detrimento de las garantías y derechos de la
mayoría de la población. Por lo tanto,
no es casualidad que durante su gobierno, se hayan dictado normas que tuvieron
como finalidad, privatizar la justicia y convertir las prisiones en
establecimientos comerciales, donde los Derechos Humanos y el respeto a la
dignidad humana desaparecen; donde las personas privadas de la libertad,
(detenidos o internos), no somos personas en proceso de resocialización, para
que devueltas a la sociedad, le sirvan a ésta. Somos simplemente números,
cifras de estadística que busca demostrar que el Estado es fuerte y eficiente.
La implementación del modelo Norte Americano de
justicia, prisiones y régimen penitenciario, buscó no la eficiencia, sino
adecuar el sistema judicial y carcelario al modelo neoliberal.
El sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2004, el
aumento de las penas, Ley 1121 de 2006, la construcción de cárceles de máxima
seguridad, por parte del buró de prisiones de los Estados Unidos, son pruebas
fehacientes de cómo las personas privadas de la libertad, perdimos la condición
de seres humanos, para convertirnos en mercancía.
Al parecer, la lógica perversa del sistema, es
llevar mucha más personas a las cárceles, violando preceptos del Derecho
Internacional y sentencias de la Corte, que establecen la privación de la
libertad como una acción excepcional y no la regla general. Opera en este mismo
sentido, la creación de nuevos delitos, con el fin de llenar hasta más allá de
su capacidad, las cárceles; generando nuevos “clientes” a la inversión privada. Por su parte, el aumento de las penas, busca
que esta “clientela” permanezca un largo tiempo para asegurar el negocio. No es
otro su propósito, ya que el cacareado argumento de aumentar las penas para
desestimular el delito, no se ha cumplido.
Una mayor inversión en el sistema judicial y la
destinación de recursos para el sistema carcelario y penitenciario, no ha
logrado disminuir el hacinamiento en las cárceles, ni mejorado las condiciones
de reclusión de los miles de presos que hay en el país. Lo que sí se ha incrementado a todos los
niveles, es la corrupción, tanto en el personal administrativo, cuerpo de
guardia y contratistas privados que proveen “dotación”, alimentos, salud,
transporte y expendios.
En esta danza de los millones, los perjudicados,
somos los internos, que padecemos la prestación de un mal servicio de salud, una alimentación que no respeta los
estándares de calidad, ni los requerimientos de dietas especiales para personas
afectadas por enfermedades de diferente tipo y una supuestas dotaciones que
nunca llegan, unos programas ineficientes de “resocialización”. En resumen, la
negación del mínimo vital a que está obligado el Estado, con las personas
privadas de la libertad.
Tampoco y a pesar de la inversión
multimillonaria, se han hecho eficientes los trámites administrativos que
tienen que ver con traslados solicitados por los internos por reunificación
familiar, ni la suma de los descuentos por redención de penas, afectando en
gran medida la libertad de las personas que llenan los requisitos para
beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria, permisos de setenta y
dos (72) horas.
Vale la pena entonces, preguntarse ¿Cuál es el
verdadero objetivo de los cambios en la administración de justicia y el régimen
penitenciario y carcelario?.
Esta cruda realidad, merece ser analizada e
investigada a profundidad por los organismos de control, como Contraloría,
Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Igual labor deben cumplir los Colectivos
de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Nos negamos a ser mercancía para los contratos
privados, nos negamos a ser estadística de la supuesta eficiencia de la
justicia.
Somos
Prisioneras y Prisioneros Políticos
Nuestra
Dignidad no está en venta
Cárcel
Nacional La Picota, ERON patio 11
HUBER
BALLESTEROS GÓMEZ
Prisionero Político de Conciencia
