"La vida no tiene precio, los muertos no quedan
atrás, sino que van adelante mostrando el camino"
Foto: Internet
2016/ Abril 06/ Por: Comité de Comunicaciones -Alejandra Montoya Bulla-
La Masacre del
Nilo es el imborrable recuerdo en la memoria de los indígenas de la aterradora
noche del 16 de diciembre de 91 y de la impunidad institucional que aún impera
en nuestro país.
En el
departamento del Cauca, exactamente en el municipio de caloto se presentó el
ataque contra comuneros indígenas (Nasa) de esta localidad,
por parte de un número no determinado de hombres
que portaban armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas quienes arribaron
intempestivamente al lugar y realizaron el atroz acto.
Previo a la
masacre, la comunidad realizó denuncias de manera pública asegurando el grave
peligro que enfrentaba el proceso de las Mingas de Liberación sin embargo el estado
hizo caso omiso y no optó por medidas preventivas para la seguridad de los
indígenas, aquella trágica noche, veinte indígenas entre hombres y mujeres
fueron masacrados en la hacienda el Nilo.
En 1995, el
Estado Colombiano acepto su responsabilidad en el hecho perpetrado contra
nuestra comunidad nasa; el entonces presidente Ernesto Samper estableció unos
acuerdos en dónde el estado se comprometía con el pueblo indígena a entregar a
las víctimas de la masacre 15663 hectáreas de tierra, adoptar medidas de
reparación social a los familiares de las víctimas, juzgar y sancionar a los
responsables del hecho e investigar de manera completa, ecuánime e
incorruptible.
A partir de
aquella masacre del 1991 se dio el auge al asesinato de otros indígenas, veinte
cinco años después de aquel terrible suceso, tristemente se observa el aumento
de muertes de compañeros que continúan en el ejercicio de Liberación de Nuestra
Madre Tierra, el incumplimiento notorio de los compromisos del Estado
Colombiano y la impunidad institucionalizada. Infortunadamente lo que realmente
se conserva es la historia de horror de aquella imborrable fecha en la memoria
de los indígenas.
De acuerdo con El artículo 7 de la CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 se informa y documenta que el Estado reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; pero trayendo
este derecho a la realidad, se observa que no se brinda una estabilidad social para
con el pueblo indígena. El Estado no reconoce, ni mucho menos protege la
diversidad étnica y cultural.
El artículo 7 de la constitución política de
Colombia es simplemente una
palabra sin acción, una palabra vacía. Pero este artículo no debe ser letra muerta, es deber del Estado Colombiano ejecutar actos que puedan denotarse y que en realidad construyan una Colombia que rescate el valor de la diversidad étnica y cultural; La
vida no tiene precio, los muertos no quedan atrás, sino que van adelante mostrando
el camino; el proceso del Nilo es un procedimiento que no se ha finalizado se
sigue en la lucha por los hechos sucedidos, “Juntos podemos hacer el País que
queremos”.
