La Habana, Cuba, 24 de agosto de 2016
Las delegaciones del
Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo
Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del
Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera en Colombia.
PREÁMBULO
Recordando que los diálogos de
La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el
Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner
fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro
Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de
febrero y el día 26 de agosto de 2012;
Teniendo presente que como
resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante
delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron
igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como
países garantes;
Poniendo de presente que la
República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en
todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes;
Recordando que en desarrollo de
la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de
Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del
Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de
continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;
Subrayando que el Acuerdo Final
que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad
del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la
plena intención de cumplir lo acordado;
Teniendo presente que el
Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la
paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95
afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla;
que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de
la paz;
Subrayando que la paz ha venido
siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario
para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la
ciudadanía;
Poniendo de presente que el
Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la
Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para
alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos
ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios
del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado
por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su
terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y
pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;
Recordando que el Artículo 94
manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse
como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por
el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de
excepción, prevalecen en el orden interno;
Poniendo en consideración que
la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la
satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos,
sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto
a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas
y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o
colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en
particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la
tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone
superar;
Subrayando que el Acuerdo Final
presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de
los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas,
niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos
étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y
campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de
discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos
fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI;
Considerando que a juicio del
Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del
presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a
cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en
el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben
contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión
no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración,
la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta
especialmente a las mujeres, niñas y niños.
Valorando y exaltando que el
eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en
todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy
por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los
efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la
reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar
territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora
víctima de la exclusión y la desesperanza;
Reconociendo los derechos de la
sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades
civiles;
Exaltando y consagrando la
justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para
las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada,
el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes
y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones
cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la
libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;
Recordando que el pasado 23 de
junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP
suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de
Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de
Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del
Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de
Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del
Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de
Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados
Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea;
Aceptando que las normas de
derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones
relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final,
incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por
el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los
principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”;
Reconociendo el mandato
constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como
Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y
ratificar acuerdos de paz;
El Gobierno de la República de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo,
hemos acordado:
Suscribir el presente Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado
de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.
El presente Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se
suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos
del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.
El Gobierno Nacional y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP),
firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes,
uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países
acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su
firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo
sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.
INTRODUCCIÓN
Luego de un enfrentamiento de
más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos
acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.
La terminación de la
confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme
sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y
colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos,
decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número
de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho
del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades
campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom,
partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos,
entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.
En segundo lugar, el fin del
conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se
trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor
integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de
quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer
nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y
asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales,
con plenas garantías para quienes participen en política.
Se trata de construir una paz
estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y
colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los
ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los
puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el
presente Acuerdo.
El Acuerdo está compuesto de
una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque
están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí
acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de
los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar
que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género,
étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los
colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las
niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y
en especial por un mismo enfoque territorial.
El enfoque territorial del
Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y
particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las
comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar
implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la
participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las
regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales
y los diferentes sectores de la sociedad.
La participación ciudadana es
el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final.
Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y
participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a
los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de
transparencia.
Además, la participación y el
diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la
construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia,
respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos.
Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la
sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para
romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana
más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el
reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el
reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad
de aprovechar la oportunidad de la paz.
Por lo anterior, el Gobierno de
Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las
que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el
plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales,
y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO
NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios
para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de
convivencia política y social.
*
El Acuerdo Final contiene los
siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir
a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y
duradera.
El Punto 1 contiene el acuerdo
“Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del
campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de
bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral”
debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la
igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.
El Punto 2 contiene el acuerdo
“Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La
construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto,
requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en
el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de
los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y
por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la
sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión
política.
En especial, la implementación
del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia
en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia
como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de
transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas
para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios
para la participación.
El Punto 3 contiene el acuerdo
“Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las
Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones
ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las
hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese,
incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones
para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las
armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las
FARC-EP a la vida civil.
Contiene también el acuerdo “Reincorporación
de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de
acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz
estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la
vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el
compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno,
convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente
a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a
transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia
en el territorio.
ElPunto 3 también incluye el
acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones
criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra
defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos
políticos, incluyendolas organizaciones criminales que hayan sido denominadas
como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de
las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas
como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad;
la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa
Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los
Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
El Punto 4 contiene el acuerdo
“Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es
necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas,
incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de
drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un
tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los
cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al
narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud
pública, diferenciado y de género.
El Punto 5 contiene el acuerdo
“Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el
resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo.
El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos
judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a
los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al
esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos
desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a
territorios enteros.
El Sistema Integral está
compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción
Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción
de la paz; y las Garantías de No Repetición.
El Punto 6 contiene el acuerdo “
Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de
implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de
resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno
Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los
componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para
la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación
legislativa.
Adicionalmente crea un
mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de
distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en
materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente
internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el
papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello
soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios
Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.
*
Las delegaciones del Gobierno
Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas
las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las
comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los
campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la
Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que
participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron
al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una
paz estable y duradera.
