septiembre 2014
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Hoy día el líder indígena se debería retorcer en su tumba, cuando después de un siglo, los indígenas siguen viviendo en la miseria, habitan ranchos totalmente desposeídos de servicios públicos y en sus cabecitas predominan los ectoparásitos carcomiendo las ideas reivindicatorias.
GISELA DELGADO 
giseladelgadotejada@gmail.com

Si bien es cierto que en el Cauca históricamente han habitado poblaciones indígenas de diversas etnias: paeces, guambianos, yanaconas, entre otros, que durante siglos han logrado preservar su cultura y resistido a la extinción -distinto a como sucedió con indígenas americanos o la diezmada población de los Mapuches chilenos.

La conservación de su cultura y sus derechos no ha sido un proceso fácil, ha corrido sangre por esta conquista, sin embargo en un departamento que tiene además población mestiza, campesina y negritudes, no hay que dejar de lado sus organizaciones, que sin ser tan estructuradas para defenderse de la expansión y el monopolio, pueden interlocutar de manera seria con el estado, para que le sean asignados recursos a los que como ciudadanos tienen derecho.

No obstante los altos mandos del gobierno se sienten satisfechos por interlocutar con los indígenas, creyendo que al llegar a acuerdos con estos, ya le han solucionado los problemas al Cauca.

El Dr. Quintino, como fue llamado Manuel Quintín Lame; era un autodidacta que se instruyó sobre el origen de resguardos y cabildos concebidos en la colonia por el Rey español. Para él, esto último fue inexplicable, absurdo desde su punto de vista que un fulano extranjero distribuyera la tierra de nuestra América.
Hoy día el líder indígena se debería retorcer en su tumba, cuando después de un siglo, los indígenas siguen viviendo en la miseria, habitan ranchos totalmente desposeídos de servicios públicos y en sus cabecitas predominan los ectoparásitos carcomiendo las ideas reivindicatorias.

Mueren de tuberculosis y desnutrición y sus datos se suman a las estadísticas siendo unos mas de los desprotegidos de un sistema insuficiente y corrupto.

Es aquí donde uno se pregunta ¿A dónde se va la platica que el gobierno les da a los pueblos indígenas? En los bolsillos ¿de quiénes se quedan estos recursos? ¿Será que los indígenas nos salieron más ‘vivos’ y que amparados en la ficción de la cultura y ‘conservación del medio ambiente’, justifican el atraso al cual está sometido el indígena común, que no pertenece a las elites organizativas?
Es por esto que veo con recelo ese matrimonio con una luna de miel ante el actual gobierno; pretendiéndole vender al Cauca la idea de una concertación para nuestro bien departamento. Pero nos olvidamos del campesino cuyas organizaciones como la Anuc, lucharon también por el derecho a la tierra, aunque fueron destruidas a propósito por el mismo estado, que le interesa fragmentar para dominar más fácilmente.

Nuestro campesinado está expuesto al desplazamiento y la desaparición no sólo forzada sino a su invisibilizacion como interlocutor válido.

Por eso hoy forma parte de los cordones de miseria urbana en Popayán, con el lastre y el veneno del consumo aprendido en su oficio de raspachín.

Nuestras negritudes si bien, también se esconden entre el plátano el pescado y la rumba: NO escapan tampoco a esta miseria ancestral que ha sumado a nuestro subdesarrollo como departamento… ¿Será que los indígenas se han vuelto además, el escalón para los politiqueros de oficio?

La sanción que le aplicaron a mestizos elegidos como candidatos de las negritudes, ¿Se le aplicará también a mestizos elegidos por indígenas? ¿Y a todos quienes eligen personas ajenas a su raza? 
Ah me olvide de los ‘blancos’, pero en realidad ¡estos no existen en Colombia!

La Zona de Reserva Campesina es un semillero de paz que debe aprovecharse mediante una estrategia de educación rural campesina e intercultural que resguarde, promueva y enseñe nuestro manejo de los recursos naturales, promueva el manejo sostenible del territorio, así como la autonomía y soberanía.

IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina
Tibú, 20 de septiembre de 2014

En tiempos preñados de la anhelada paz para el país, 8.000 campesinas y campesinos de todas las regiones de los campos colombianos nos hemos congregado en el heroico territorio campesino del Catatumbo. Gozamos y agradecemos un amplio acompañamiento de estudiantes, académicos, cooperantes internacionales y otros sectores de la sociedad, pese a la campaña de sabotaje emprendida por el gobierno nacional desalentando a representantes de la comunidad internacional para acompañarnos, y negándose él mismo a asistir.

En todos los anteriores encuentros contamos con la presencia de delegados del Ministerio de Agricultura y las directivas del Incoder. En esta ocasión el propio Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri se comprometió a asistir al encuentro, incumpliendo con su palabra. El Gerente General del Incoder y las directivas responsables de las zonas de reserva campesina, así como la totalidad de entidades estatales fueron invitadas sin que hicieran presencia, ratificando con ello el veto persistente sobre la figura. Por el contrario, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mostraron apertura para diseñar la seguridad del Encuentro cumpliendo con sus compromisos, lo cual valoramos.

Hemos dado continuidad a las deliberaciones que definen nuestra lucha por la reforma agraria territorial estructural, en un momento de esperanza en el logro de un acuerdo que siente las bases para la construcción de la paz con justicia social. En el que al mismo tiempo se construye la unidad de la lucha agraria del movimiento popular, pero en el que también los concentradores de la tierra, los expoliadores de nuestros territorios, embisten contra la vida con el aval de un Estado pusilánime que permanece a espaldas de su pueblo.

Una expresión de esto es el sistemático ataque oficial a las Zonas de Reserva Campesina, que confirma lo acertado de nuestra propuesta y nuestra lucha en su defensa. Este encuentro entonces, representa un momento de mayor desafío y el inicio de una fase más intensa de nuestra lucha. Repudiamos que el gobierno siga condicionado el cumplimiento de su obligación con las Zonas de Reserva Campesina, a los desarrollos de las negociaciones con las FARC, pues al margen de estas, el estado tiene una deuda histórica con el campesinado en general, y con el que defiende las zonas de reserva campesina.

Como resultado de dos días de profundas discusiones declaramos:

- Frente al deliberado freno que el gobierno nacional impone al cumplimiento de su obligación legal de promover las Zonas de Reserva Campesina, y a aquellos que desde una oscura caverna las ven como monstruosas apariciones, les anunciamos que mantenemos toda nuestra determinación en sostener nuestra lucha por el territorio campesino, no nos detendrán intimidaciones expresas o veladas, no nos detendrán mediocres argucias disfrazadas de vacías evaluaciones, emplearemos con firmeza nuestras tradicionales formas de lucha: la organización, la movilización, las acciones legales y todo aquello que la legitimidad de nuestras demandas señale.

- Reafirmamos la decisión de tramitar por la vía del diálogo los conflictos territoriales entre afrocolombianos, indígenas y campesinado, y continuar con la construcción de la propuesta de territorios interculturales. Hacemos un llamado de urgencia para avanzar en esta vía de lucha unitaria por el territorio, la soberanía y la justicia, enfrentando con urgencia el abordaje de los conflictos territoriales interculturales más complejos.

- Defendemos y continuaremos luchando por reconocimiento de nuestros derechos como campesinas y campesinos en los términos de la Declaración de Derechos de las campesinas y los campesinos, exigiendo nuestra autonomía territorial, el respeto por nuestra cultura, la recuperación de la memoria, nuestras formas organizativas, avanzando en la articulación con el mundo urbano, la academia y otros sectores de la sociedad que llamamos a acompañarnos en nuestras luchas.

- Continuamos repudiando el trato criminal que se nos da a los campesinos que nos vemos forzados al cultivo de coca, marihuana y amapola cuyo uso es asociado al narcotráfico. A este trato oponemos la exigencia porque se comprenda y se atiendan estos cultivos y usos como un asunto social y no criminal, que se sustituyan, o se retorne al uso diversificado recuperando y potenciando prácticas tradicionales, que se utilice como una herramienta de reconversión productiva.

- Avanzaremos con un mayor impulso en el protagonismo de las mujeres en nuestra lucha a partir de este encuentro, cuando se lanza la plataforma política de las mujeres campesinas en zonas de reserva campesina y se decide conformar el comité de mujeres para impulsar la acción que garantice sus derechos y el justo trato en la vida política y la privada, retomando las conquistas populares de las mujeres.

- La Zona de Reserva Campesina es un semillero de paz que debe aprovecharse mediante una estrategia de educación rural campesina e intercultural que resguarde, promueva y enseñe nuestro manejo de los recursos naturales, promueva el manejo sostenible del territorio, así como la autonomía y soberanía sobre el uso y conservación de los recursos naturales, como patrimonio de los pueblos. Exigimos los cambios normativos necesarios para el reconocimiento de la territorialidad y propiedad de la tierra en zonas de reserva forestal y áreas protegidas, incentivando la producción forestal y agroalimentaria agroecológica reconociendo al campesinado como sujetos y agentes de la conservación del medio natural.
 
- La paz que queremos es la que reconoce nuestros derechos, nuestra autonomía territorial y la convivencia armónica entre los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos. La consolidación de la zona de reserva campesina es un instrumento para alcanzarla y una Asamblea Nacional Constituyente la vía para sentar sus bases democráticamente.
 
- Reconocemos el valor del acompañamiento de la solidaridad internacional y animamos a continuarlo contribuyendo a combatir la estigmatización de la figura, apoyando las iniciativas desde las bases, y general ayudando a su fortalecimiento desde la visión de las comunidades campesinas.
 
- El aprovechamiento de la riqueza minero-energética debe revertirse al país, a partir de la generación de conocimiento y tecnología propias, que permita definir la conveniencia o no de cada proyecto impidiendo su implementación cuando no lo sea, creando fronteras ecológicas a la explotación, reconociendo los saberes tradicionales y condicionándola al consentimiento previo, libre e informado. Por ahora apostamos por las consultas previas populares para impedir el saqueo de nuestros territorios.
 
- El reconocimiento y la articulación de la economía campesina de las zonas de reserva campesina en las regiones de las que hacen parte, no solo es viable sino que es una necesidad para la generación y redistribución justa de la riqueza y el bienestar del país desde lo local, especialmente para la soberanía alimentaria. Para ello se hace indispensable el levantamiento de diagnósticos territoriales y una política pública concertada con el campesinado.

- Apoyamos el justo pliego de exigencias de la población urbana de Tibú que exige el pago de una gran deuda social existente pese a la explotación de recursos naturales.
 
- Saludamos y acompañamos la declaratoria de Zona de Reserva Campesina del Catatumbo que representa una iniciativa de paz desde el territorio y desde el reconocimiento del campesinado.

- Respaldamos la apertura del campesinado catatumbero para conformar el primer territorio intercultural y animamos al pueblo Barí a unirse a esta iniciativa.

Pese al desprecio, la exclusión, y la violencia en contra nuestra, le estamos entregando al país nuestra propuesta y nuestro trabajo cotidiano por la justicia y la paz. Entregamos al país territorios campesinos gestados autónomamente, pero no los entregamos a la voracidad de los acaparadores, los entregamos para la vida digna para todos, los entregamos para la paz, y con nosotros allí defendiéndola.

Por una reforma agraria territorial estructural y la paz,
viva la lucha unitaria permanente!!

Por los territorios campesinos, ni un minuto de quietud,
toda una vida de organización y movilización!!

Afrocolombianos, indígenas y campesinos, hijos de una misma tierra,
hermanos de una sola lucha por el territorio!!

"¡Mujeres luchadoras, mujeres constructoras de paz, mujeres de la tierra,
mujeres de las Zonas de Reserva Campesina!"

"No a la criminalización de los cultivadores de coca,
marihuana y amapola ¡Sí a la sustitución gradual y concertada!"

Vivan la Zonas de Reserva Campesina!!
Viva el campesinado que las defiende!

“Retomamos nuestras acciones de movilización haciendo responsable al gobierno nacional de estas acciones y convocamos por tanto a todos los campesinos, indígenas y afrodescendientes que sobreviven en nuestros territorios a participar activamente en la nueva jornada de paro, recurriendo a la unidad, la lucha y la movilización para garantizar la vida y la dignidad de nuestras comunidades”.
Paro Regional del Pacífico contra la corupción. Foto: Décima Comuna/Celuloide

2014/ Septiembre 19/ Paro Regional del Pacífico/ Por: REMAP

La no asistencia del Gobierno a la reunión con los voceros de los once municipios de Cauca y Nariño del Paro Regional del Pacífico, fue catalogada como una burla por el Movimiento Étnico y Popular que también manifestó que ello refleja la exclusión económica, social y política a que es sometida la comunidad.

“La respuesta a nuestro voto de confianza fue la burla, el incumplimiento y el irrespeto por parte del gobierno nacional a nuestras comunidades, anunciando por parte de los representantes del establecimiento la decisión de no asistir bajo forzados pretextos y mentirosas excusas, reafirmando la conducta histórica de las elites de propiciar la violencia política en todas sus formas, anulando las aspiraciones de nuestra gente de un país en paz con justicia social”. (Ver comunicado)

El Paro Regional del Pacífico contra la corrupción comenzó el 11 de agosto y fue levantado el día 21, luego de firmados los acuerdos con el Gobierno Nacional que se comprometió a discutir los once puntos del Mandato por la vida diga y contra la corrupción, presentado por los delegados Mesa Subregional del Pacífico nariñense y caucano que recoge a los once municipios que durante diez días estuvieron en paro. La primera reunión para la discusión del mandato estaba prevista para el pasado 18 de septiembre en municipio de Guapi, pero a la cita solo acudieron los gobernadores de Cauca y Nariño.

“Los delegados de las comunidades hemos cumplido con la representación que nos han confiado, arribamos anticipadamente para preparar la reunión con el gobierno nacional, superando todas las dificultades de distancia geográfica y de ausencia total de garantías para encontrarnos con la ausencia de voluntad política del Gobierno para resolver nuestras demandas en el escenario pactado” (Ver comunicado).

Frente al incumplimiento del Gobierno, el Movimiento Étnico y Popular que alberga a más de cincuenta organizaciones sociales, ha llamado nuevamente a movilizarse en los once municipios, responsabilizando al Estado colombiano por los sucesos que puedan ocurrir.

“Recurriendo a nuestra dignidad, a nuestra capacidad creadora  y a nuestra tradición de lucha y resistencia, ante la burla del gobierno, anunciamos a la sociedad colombiana, especialmente a los departamentos del Cauca y Nariño, a la comunidad internacional específicamente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos quien actúa como garante, que retomamos nuestras acciones de movilización haciendo responsable al gobierno nacional de estas acciones y convocamos por tanto a todos los campesinos, indígenas y afrodescendientes que sobreviven en nuestros territorios a participar activamente en la nueva jornada de paro, recurriendo a la unidad, la lucha y la movilización para garantizar la vida y la dignidad de nuestras comunidades”. (Ver comunicado).


Convencido de que en Colombia la libertad de expresión no existe y sabiendo que para publicar un artículo debe pasar por varias manos, incluido el director para no afectar el bolsillo del medio por cuenta de la publicidad, prefiere tener su medio de comunicación.


2014/ Septiembre 17/ CONPI.ORG/ Por: Fernanda Sánchez Jaramillo

Leiderman Ortiz Berrío, es periodista empírico, fundador del periódico La Verdad del Pueblo de Caucasia (Antioquia). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, el 20 de agosto de 2010, debido a los atentados en su contra por sus denuncias contra bandas criminales.

De niño jamás imaginó que trabajaría como periodista. Fue monaguillo de la parroquia de su sector y quería ser sacerdote. En esa época jugaba a ser sacerdote y celebraba misas en las que las galletas le servían como hostias para sus feligreses. Años más tarde ingresó al seminario, pero se arrepintió y cambió de rumbo.

El padre de Leiderman era tinterillo. La gente del pueblo lo buscaba como si fuera el notario y su madre ha sido ama de casa toda la vida. Su padre, quien murió hace 15 años era de Bello Antioquia y su madre, es de Caucasia.

Leiderman nació en Caucasia y tiene tres hermanos que viven en diferentes partes del país, debido a su situación de riesgo. Él es responsable de su madre y un sobrino. Terminó su primaria en Caucasia, cursó parte de su bachillerato en Cáceres (Antioquia), en un internado y en el seminario de misiones de Yarumal. Finalmente, se graduó de bachiller en Medellín.

Cuando surgió la nueva Universidad Virtual, en la Universidad Católica del Norte, empezó a estudiar comunicación social y periodismo, pero interrumpió sus estudios porque su padre murió y asumió la responsabilidad en su hogar.

Luego ingresó a estudiar en Medellín, a donde viajaba cada ocho días, pero no siguió estudiando porque era el único en esa carrera y cerraron el programa. Después intentó entrar a la Universidad de Antioquia, que ofreció, programas en Caucasia pero no pasó la prueba de admisión.

Pero el amor por esta profesión probablemente lo heredó de su familia. Su tío era Mario Ortiz de la Roche, columnista de El colombiano y unos primos terceros, Tobón de la Roche, han sido dueños de Todelar. Sin embargo, él nunca tuvo contacto con ellos.

Jefe de prensa, candidato politico y dueño de periódico

De pequeño le gustaba averiguar todo lo que ocurría en su pueblo. Recogía historias y se encerraba a escribir en su cuarto aunque no las publicaba. Siendo mayor de edad presenció una escena en una discoteca que lo motivó a tener su primera publicación.

El “show” que ofreció el gerente de una prestigiosa empresa de Caucasia, inspiró el nacimiento de un “periódico” – en formato de folleto- llamado El Criticón, nombre sugerido por su padre , y así empezó esta aventura que hoy lo tiene en una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo, El Bajo cauca, y donde Luis Cervantes [1] fue asesinado hace menos de un mes.

En 1996 fue jefe de prensa de la alcaldía hasta 1997. En 1998 creó su actual periódico La Verdad del Pueblo y en su primera edición destapó “una olla podrida”. Después dirigió una emisora en Tarazá (Antioquia).

En 2001 fue nombrado jefe de prensa de la alcaldía de Caucasia hasta el año 2009. Ese año renunció, aspiró a la Alcaldía, pero no ganó aunque obtuvo una buena votación y continuó con su periódico.

Convencido de que en Colombia la libertad de expresión no existe y sabiendo que para publicar un artículo debe pasar por varias manos, incluido el director para no afectar el bolsillo del medio por cuenta de la publicidad, prefiere tener su medio de comunicación.

“Nadie me regula mis notas periodísticas y nadie me censura”, dice orgulloso Leiderman. Se dedicó al periodismo comuntario porque como él dice: “en los municipios hay muchas historias qué contar, pero a los grandes monopolios solo les interesa lo que de raiting y maquillar cada día la noticia”, agrega.

Dirige su periódico La Verdad del Pueblo , vende la publicidad, busca las noticias, hace el machote para pasarlo a la litografía, consiguió dos vendedores para el periódico, no hay más porque les da miedo, y contrató una periodista, egresada recientemente de la Universidad de Antioquia, quien corrige los textos.

Con esquema de seguridad permanente

Leiderman vive como muchos de sus colegas en el Bajo Cauca amenazado. Recientemente, enterró a su amigo y colega Luis Cervantes quien fue asesinado en Tarazá (Antioquia) de varios disparos mientras esperaba a su hijo a la salida del colegio.

A Leiderman le cambió la vida en el año 2009. Ese año empezaron los intentos de homicido, dos atentados con granada en su casa, acciones que él atribuye a los Rastrojos y los Urabeños, nuevos paramilitares, llamadas bandas criminales.
Algunos de los cambios que ha vivido desde entonces son: vivir rodeado de tres escoltas y transportarse en un carro blindado. Por esta razón, algunas personas lo llaman “El Patrón”, “El duro” e incluso le han ofrecido “niñas” cuando llega a la discoteca.

Otra situación que lo ha afectado seriamente es la pérdida de su privacidad, los comentarios acerca de su vida por lo cual algunos escoltas fueron cambiados. También siente Leiderman un poco de desespero cuando termina labores temprano, tipo seis de la tarde, y una hora después de estar en casa desea salir pero le da pena llamar a los escoltas para sacar el carro y dar un paseo.

“Esta situación no ha sido fácil para mí, cuando mis amigos, compañeros y algunos colegas se alejaron de mí, por mis amenazas, me sentí muy solo. Sin embargo, esto me daba más fuerza para continuar: yo era la vox pópuli de mi pueblo, otros rezaban por mí, me apoyaban con mi trabajo pero no dejaba de sentirme solo encerrado por un tiempo”, asegura Leiderman.

Todavía se presenta esta situación pero con menor frecuencia aunque fue amenazado, nuevamente, en el mes de abril y presuntamente habían ofrecido 5 millones de pesos por su cabeza.

Por eso mantiene, los tres escoltas, un chaleco antibalas, y la casa blindada. “La Región del Bajo Cauca, es una zona bastante delicada en cuanto a grupos armados ilegales, presencia de las FARC, ELN, anteriormente AUC, narcotráfico y ahora bandas criminales”, explica Leiderman.

No falta quien se ofenda cuando él expone a la luz pública “la verdad”. “En mi caso, yo considero que soy único en la región, y en mi pueblo, que ha sacado muchas verdades sin maquillar a en mi medio de comunicación”, añade.

Y para dejar clara su posición respecto a la situación de hostilidad que enfrenta por atreverse a denunciar sostiene enfáticamente: “Fernanda: ¿sabe cuál es el enemigo cruel del periodista? No son las bacrines, ni la corrupción y mucho menos la guerrilla, no! El cruel enemigo del periodista es: la Verdad. Si el periodista utiliza esta palabra toda la vida tendrá enemigos”.

Hace menos de un mes que Leiderman y otros colegas enterraron a Luis Cervantes, el 12 de agosto, y aunque este hecho lo impactó pues era su amigo y colega dice que continuará en Caucasia trabajando, a pesar que la situación de seguridad es delicada.
Leiderman piensa seguir denunciado a las bandas criminales, a los corruptos y manejar sus temas favoritos: grupos al margen de la ley, corrupción y temas de violación de derechos humanos. “Lo hago por convicción y por vocación, más no por profesión”, afirma con vehemencia.

A pesar de ser una periodista empírico, con un bachillerato y algunos cursos de periodismo, Leiderman está orgulloso por hacer algo tan complicado y delicado sin que le tiemble la mano. Además se siente orgulloso por trabajar en medio de rumores en Caucasia donde piensan que tener un esquema de seguridad es un lujo.

Por eso, antes de finalizar la entrevista quiso aclarar que tener esquema de seguridad no es un lujo: “el gobierno consigna 700 mil pesos para la gasolina del carro para un mes, pero hay días que tengo que salir mucho y se me va en tres días (…) me toca colocar plata de mi bolsillo o pedirle algunos amigos que me colaboren para tanquear el carro. El gobierno manda 200 mil pesos para pagar peajes, parqueadero y lavada del carro. Entonces este esquema que me asignó para mi protección es para mí un problema económico. Hay días que tengo que hacer rifas, para ayudarme económicamente o para salir de viaje cuando me invitan a reuniones con el gobierno para los asuntos de derechos humanos. Pero eso no lo ven los contradictores, en Caucasia la gente no se muere de cáncer si no de envidia”, puntualizó Leiderman.

Notas


Fernanda Sánchez Jaramillo, periodista, maestra en relaciones internacionales y trabajadora comunitaria.




El mes de agosto del 2013, se llevó a cabo el Encuentro de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), en el Resguardo de la comunidad  Kwet Wala, de la vereda La Fría en el municipio de Pradera del Valle del Cauca. Delegaciones de diversas organizaciones  indígenas del departamento y representantes nacionales  se dieron cita para conformar la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas, Capítulo Valle del Cauca, atendiendo las diferentes problemáticas sociales, culturales y organizativas por la que atraviesan estas comunidades.

Unai fue a Colombia, y por poco no se recupera de lo que vio y filmó. Recuerdo cuando me contó que ya tenía ese testimonio listo para ser mostrado, pero, ¿dónde? ¿En qué sala? ¿A quién le podría importar el tema? Quería hacer copias y regalarlas. Pero el contenido de su obra es tan humanamente terrible y, en especial, honesto, que ha ganado ya varios premios internacionales.

Un documental de Unai Aranzadi

2014/ Julio 22/ Derechos Humanos/ Por: Hernando Calvo Ospina

Más me informo, y las cifras y el horror me lo confirman: quizás no ha existido en la historia humana un Estado tan violento como el colombiano. Tan solo desde la década de 1980, se contabilizan 5 millones de desplazados, más de 100.000 desaparecidos, 3.000 sindicalistas asesinados, y un promedio de 10.000 asesinatos con tinte político al año. Cifras que superan la criminalidad que vivieron los países del cono sur latinoamericano bajo las terribles dictaduras de los años 1960 y 1980. 

Recordemos que Colombia, aparentemente, es una democracia. Lo dicen la ONU y otras organizaciones internacionales de derechos humanos: la casi totalidad de muertes son producidas por agentes del Estado y sus paramilitares. La inmensa mayoría de asesinados no son guerrilleros ni sus posibles colaboradores. Bien lo expresa Unai Aranzadi, el director del documental La Colombia invisible: “Si superponemos el mapa de la presencia de las multinacionales y de los grandes megaproyectos económicos, sobre el mapa de la presencia paramilitar, veremos que coinciden perfectamente.” Además de tener más efectivos en sus Fuerzas Armadas que cualquier otro país de América Latina, se calcula que 20.000 paramilitares están bajo su mando, sembrando el terror, haciendo el trabajo sucio y financiándose con el tráfico de cocaína. El trabajo de Unai se titula La Colombia invisible porque muestra una Colombia que no existe para los grandes medios hegemónicos de comunicación. Ellos relegan a la insignificancia el dolor y la muerte de miles y miles de humanos, quizás porque casi todos son pobres. Nada importa que se descuarticen mujeres, bebés, adolescentes y ancianos a machete o motosierra; que para desaparecer los cuerpos sean arrojados a lagunas repletas de cocodrilos, criados para tal fin, o quemados en incineradores, como lo hizo el nazismo. Hace pocos años se encontraron más de dos mil cadáveres en una fosa: el Ejército nada sabía, aunque pocos metros la separaban de una instalación militar. Esto no existe para el mundo, porque la gran prensa oculta o tergiversa. O las dos cosas. Unai fue a Colombia, y por poco no se recupera de lo que vio y filmó. Recuerdo cuando me contó que ya tenía ese testimonio listo para ser mostrado, pero, ¿dónde? ¿En qué sala? ¿A quién le podría importar el tema? Quería hacer copias y regalarlas. Pero el contenido de su obra es tan humanamente terrible y, en especial, honesto, que ha ganado ya varios premios internacionales.


Cuando vi el documental me volvió a doler mi Colombia, repleta de riquezas como pocos países en el mundo, y con millones de sus gentes que huelen a pobreza y sufrimiento. Pero que ante cualquier esperanza de una vida mejor sonríen optimistas.

Hernando Calvo Ospina, periodista colombiano. Autor de Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado, prólogo de Ignacio Ramonet, Foca, Madrid, 2008

 

Del 18 al 21 de septiembre de 2014 se realizará en Tibú, Norte de Santander, el IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina que convoca a organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, internacionales, instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones y a la academia.


2014/ Septiembre 14/ Política Agraria/ Por: ANZORC

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC, es un movimiento social campesino que congrega 54 organizaciones promotoras de ZRC en Colombia, es un espacio de articulación y coordinación de las organizaciones campesinas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y defensa de la tierra y el territorio para el campesinado, particularmente de las Zonas de Reserva Campesina. Esta figura amparada por la ley y la Constitución Política permite, mediante la presencia institucional y las políticas públicas, el ordenamiento territorial, social, ambiental, económico y productivo de territorios campesinos.

Pese a las restricciones de política impuestas a las Zonas de Reserva Campesina, esta figura ha demostrado ser una alternativa viable y eficaz en la estabilización de comunidades, el fortalecimiento de la economía campesina, la planificación concertada del desarrollo rural, el acceso a la tierra y la protección ambiental.

Desde la reactivación de las ZRC en el país (2010) con el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos y en el marco de concertación con el INCODER, la ANZORC ha realizado tres encuentros nacionales de Zonas de Reserva Campesina, que han fortalecido la propuestas de las organizaciones agrarias, la interlocución con la institucionalidad, la cooperación internacional y la academia, asimismo se ha exigido el cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y la visibilidad a la sociedad en general de la importancia del sector rural para la vida del país.

Diversos sucesos ocurridos el 2013 marcaron un hito para la lucha social y popular en Colombia; el paro agrario protagonizado en la región del Catatumbo con una duración de 53 días, marcó un precedente histórico en la movilización social, popular y campesina, contando con un importante apoyo de población urbana en distintas ciudades del país. El Paro Nacional Agrario determinó la necesidad de unificar esfuerzos de los distintos sectores de la ruralidad colombiana, concretándose en la conformación del espacio de la Cumbre Agraria, étnica y popular. Este escenario de unidad, ha sido definitivo para las jornadas de movilización que se desarrollaron durante el presente año; y para la interlocución con el gobierno nacional.

En esta perspectiva, los movimientos sociales agrarios y populares, tenemos como perspectiva seguir los procesos de interlocución con el gobierno nacional, pero sin dejar de lado la movilización permanente que conlleve satisfactoriamente a dar solución a las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado, y a brindar las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la democracia y la paz con justicia social.

Por tanto, este 2014 es un año decisivo y de importantes avances en unidad por la lucha agraria y popular por la democracia, el derecho al acceso a la tierra, la protección del territorio, el medio ambiente, la economía campesina, los derechos del campesinado y el avance hacia la paz con justicia social. Del mismo modo, decisiones jurisprudenciales como la de la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del capítulo XIII de la Ley 160 o; como el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta que ratificó la constitucionalidad del proceso de declaración de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo; nos brindan elementos que fortalecen las exigencias de reconocimiento de las comunidades campesinas, al tiempo que imponen la necesidad de fundamentar, aún más, las apuestas programáticas de la ANZORC en materia de relacionamiento intercultural.

En este sentido como todos los años desde el 2010, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, tiene el gusto de convocar a las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, academia, organizaciones internacionales, instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones a participar del 18 al 21 de Septiembre de 2014, en Tibú, Norte de Santander del IV Encuentro Nacional de ZRC como escenario de reivindicación de los Derechos Campesinos y hacia la construcción de propuestas territoriales de relacionamiento intercultural e interétnico para nuestro país rural; en este encuentro esperamos abrir espacios para discutir la pertinencia de la lógica de la inter y trans culturalidad a la hora de cualificar las reivindicaciones específicas de cada comunidad y organización campesina asistente, esto parte del proceso de construcción de un enfoque de Derechos Campesinos.

Mayor información: cuarto.encuentrozrc@gmail.com
Tel. 310 3435667

“Zonas de Reserva Campesina: Una iniciativa Agraria de Paz”

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, REDDHFIC, denunció el ametrallamiento indiscriminado ejecutado por ejército contra los ocupantes de la lancha que se desplazaba en el sector de la bocana entre los ríos Gulpe y Guiza, en el municipio de Tumaco del departamento de Nariño.


2014/ Septiembre 10/ Derechos Humanos/ REMAP/

Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre, cuando el vehículo con pasajeros era conducido por el señor Anoraldo Cortés. Relata la REDDHFIC:

Siendo la 1:00 de la tarde, en el sector de la bocana entre los ríos Nulpe y Guiza, cuando el señor ANORALDO CORTES iba conduciendo una lancha con pasajeros, miembros del Batallón de Alta Montaña No. 54 del Ejército Nacional realizaron ametrallamientos indiscriminados en contra de los ocupantes del vehículo.

Por fortuna los pasajeros de la lancha salieron ilesos. Sin embargo igual suerte no acompañó a su conductor, Anoraldo Cortés, quien luego de caer del vehículo no pudo ser hallado, mientras la Fuerza Pública, con presencia en la zona, jamás dio razón de su paradero.

Cinco días después, el 7 de septiembre, seria encontrado por la comunidad el cuerpo sin vida del señor Anoraldo Cortés, con varios impactos de proyectil de arma de fuego.

La REDDHFIC ha denunciado este hecho que cobró la vida de un campesino integrante de la Asociación de Juntas Comunales de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), y que a su vez hacía parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, y responsabiliza al Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, así como al Brigadier General Mario Augusto Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, y Coronel Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la Vigésima Tercera Brigada, por las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas contra la población civil.

-Ver denuncia de la REDDHFIC

Si en otras protestas el Gobierno actuó promoviendo la estigmatización, el odio y la desinformación a través de los medios privados de comunicación, en el Paro Regional del Pacífico su fin estuvo enfocado en silenciar cualquier resonancia posible.

Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. Marcha contra los corruptos

2014/ Septiembre 2/ Por: Alexander Escobar

Desconocer alcaldes, bloquear el comercio y el transporte, son acciones que contienen elementos de un levantamiento popular y que traspasan las fronteras de un paro cívico. Esto fue lo que atemorizó al Gobierno del Paro Regional del Pacífico contra la corrupción, una protesta masiva que durante once días se desarrolló en once municipios de la Costa Pacífica nariñense y caucana desconociendo a quienes ostentan el poder. No importa que los fines del paro no hayan sido insurreccionales, o que buscasen derrocar o sustituir a mandatario alguno por una junta de gobierno popular, proponemos hablar en términos de levantamiento porque lo importante son los efectos en el imaginario de los pobladores de la Costa Pacífica que perdieron el miedo al poder institucional, lo cuestionaron y enfrentaron, efectos que el Gobierno hoy quiere borrar y silenciar.

Inicio del levantamiento

El 10 de agosto el miedo se apoderó del Gobierno colombiano. Sus esfuerzos por detener el Paro Regional del Pacífico contra la corrupción habían fracasado, y once municipios atendían el llamado a levantarse en los departamentos de Cauca y Nariño. No sirvieron los intentos de estigmatizarlo con las voces de alcaldes y la Fuerza Pública de municipios como Guapi, donde el 6 de agosto señalaron de terroristas a los organizadores del paro en una reunión convocada para los comerciantes; o como sucedería el 9 de agosto en el municipio de Mosquera, donde la Fuerza Pública acusó al líder Heriberto Campaz de promover un “paro armado” de la guerrilla en la región.

Mucho terror promueve quien teme por sus actos criminales. Derechos fundamentales masacrados, saqueo del territorio a través de concesiones otorgadas a multinacionales, paramilitarismo, clientelismo y corrupción sistemática, definen la política de Estado que teme al pueblo cuando éste se levanta, y que utilizando la Fuerza Pública y los medios de comunicación privados trata de atemorizarlo para que desista de su osadía.

Pero el pueblo se levantó, no se dejó amedrentar. El Charco, La Tola, Mosquera, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, Magüi Payán, Roberto Payán y Barbacoas fueron los ocho municipios que se levantaron en Nariño; y Guapi, Timbiquí y Lopez de Micay, los tres del Cauca que desde el 10 de agosto hicieron parte del paro.

El ocultamiento

Si en otras protestas el Gobierno actuó promoviendo la estigmatización, el odio y la desinformación a través de los medios privados de comunicación, en el Paro Regional del Pacífico su fin estuvo enfocado en silenciar cualquier resonancia posible. No se conoce comunicado público del Gobierno para un paro que durante once días mantuvo a once municipios de la Costa Pacífica en un levantamiento que desconoció la representatividad institucional cerrando alcaldías y paralizando el comercio y el transporte.

El hecho sienta un nuevo precedente dentro de las confrontaciones entre los poderes del Estado y el pueblo movilizado, en tanto que ejemplifica que la represión no solo está basada en la imposición de la fuerza por medio de las armas y los aparatos de seguridad estatales, sino que también se da en términos del ocultamiento de su realidad cuando un levantamiento masivo representa un “mal ejemplo” a seguir por los demás sectores de la sociedad.

Municipio de Magüi Payán, Nariño. Desarrollo del Paro Regional del Pacífico

Once municipios en paro fue noticia que no tuvo relevancia en los medios de comunicación que ostentan el monopolio de la audiencia en el país. Solo alguna información por radio y prensa escrita llegó a circular, y en televisión quizá tres o cuatro noticias fueron presentadas por las grandes cadenas televisivas[1]. Ni siquiera los acuerdos firmados entre el Gobierno y los voceros de los manifestantes tuvieron el despliegue noticioso que significaba poner fin a las actividades del paro.

El mensaje del Gobierno a los medios fue claro: el Paro Regional del Pacífico contra la corrupción no tuvo inició ni final, simplemente no existió, y su “mal ejemplo” debe ser olvidado. Y claro también fue el mensaje de los medios: somos una vergüenza nacional que atiende las agendas del Gobierno y no las necesidades de la comunidad.

“Pacífico” no implica que no existan acciones de hecho

El fracaso de no lograr contener el levantamiento en once municipios del país, es una derrota que la propaganda del Gobierno trata de convertir en un juego de palabras para desconocer la contundencia de las acciones de hecho que le obligaron a sentarse a discutir con los manifestantes. Analicémoslo mejor. ¿Por qué este paro es considerado como “pacífico”, y otros no? ¿Si las alcaldías de ciudades como Cali y Bogotá fuesen cerradas y tomadas por manifestantes, cuál sería el desenlace? La orden de desalojo sería inminente, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) llegaría para acabar con la protesta. Igual sucedería si en vez de bloquear el tránsito de lanchas, se bloquearan las carreteras del país.

Los desenlaces violentos en las manifestaciones pacíficas son consecuencia de la represión contra la protesta social. Si las alcaldías de Cali y Bogotá hubiesen sido bloqueadas, la Fuerza Pública actuaría causando heridos y detenidos, y el Gobierno emitiría un comunicado rechazando “las vías de hecho y las acciones violentas” de los manifestantes. Extraño resulta entonces que el cierre de alcaldías de municipios como Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán no fuera considerado como actos violentos y acciones de hecho a rechazar. La no llegada del ESMAD para contener las protestas en los once municipios de la Costa Pacífica obedece a una decisión del Gobierno de no llamar la atención sobre el paro y evitar la radicalización del mismo, y también se debe a las dificultades demográficas de la zona que obligarían a diseñar un operativo sin precedentes en la historia de Colombia.

Se equivocan por tanto quienes hablan del Paro Regional del Pacífico como una protesta pacífica, y se equivocan no porque no lo sea, se equivocan porque lo hacen para estigmatizar las acciones de hecho que utiliza el pueblo colombiano como única vía para ser escuchados y exigir sus derechos, acciones de hecho que las comunidades de la Costa Pacífica nariñense y caucana utilizaron al igual que las han empleado otras protestas pacíficas y paros desarrollados en el país.

Lo que preocupó y preocupa al Gobierno

Las exigencias del paro están contenidas en el Mandato por la vida digna y contra la corrupción que comprende once puntos que serán discutidos en la Mesa Subregional del Pacífico nariñense y caucano. La conformación de la Mesa es producto de las exigencias de los manifestantes donde convergen los once municipios que se levantaron contra la corrupción. Esto último, el robo y saqueo sistemático del presupuesto público, es lo que preocupa al Gobierno desde el inicio: miles y miles de personas levantadas contra los poderes institucionales debido a la corrupción y el clientelismo que caracteriza a los mandatarios de estos municipios. Porque corrupción, robo y saqueo es la constante en el país, y esa constante puede replicar en otros levantamientos que pondrían al Gobierno en una situación complicada donde tendría que entrar a reprimir las protestas contra el robo y saqueo que sostiene a los poderes que gobiernan. La indignación sería enorme y la represión del Estado radicalizaría la situación desprestigiando a los poderes institucionales por completo y, por tanto, provocarían la pérdida definitiva del respeto hacia ellos. Un Gobierno que reprime para proteger a los corruptos quedaría en evidencia, y la indignación daría paso al surgimiento de movimientos cívicos que se articularían con procesos organizativos ya existentes que trabajan para alcanzar la paz con justicia social y la construcción de una nueva sociedad...

La preocupación del Gobierno se mantiene. La conformación de la Mesa Subregional del Pacífico nariñense y caucano es solo el primer paso de un triunfo histórico de las comunidades que derrotaron las situaciones adversas de protestar en medio del aislamiento, la propaganda negra del Gobierno y el silencio infame de los medios de comunicación.

El Paro Regional del Pacífico fue un hecho sin precedentes en Colombia debido a sus protagonistas y la forma como el Gobierno actuó para silenciarlo. Nuevos rostros y líderes conocimos durante un levantamiento descentralizado y diferente a los movimientos sociales que tienen presencia en la capital del país, y con una duración de once días donde habitantes de once municipios desconocieron a los poderes institucionales locales. Es casi inimaginable el escenario de resistencia que se produjo y que por todos los medios quiere ocultarse, pues estamos hablando de una población cercana a las 240 mil personas que de una u otra forma apoyaron el levantamiento y que ahora dejan al Gobierno temeroso de lo que pueda suceder.


La dignidad de las comunidades de la Costa Pacífica estalló en un acto de rebeldía que a pesar de tener todo en contra hizo de la resistencia un acontecimiento novedoso muy al estilo de la región: un levantamiento con toda la alegría, los anhelos, la marimba, la voz y el sacrificio de quienes con consignas y cantos empezaron a dibujar su rostro en los ríos olvidados del país. Es toda esa gente protestando lo que el sol refleja hoy, y que empezaron a salir de los ríos, de los esteros y playas, para confrontar la injusticia con su imagen plasmada en la memoria de cada atardecer.



[1] Tres medios de comunicación alternativa cubrieron permanentemente las protestas: Celuloide, Décima Comuna y REMAP (Red de Medios Alternativos y Populares). También se destaca los informes realizados por el medio local de la ciudad de Cali PaZífico Noticias, el seguimiento de los medios alternativos, y la nota especial realizada por la Revista Semana, El paro invisible contra la corrupción.

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