De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.
Exterminio en
Colombia: privatizan un río y matan de hambre a 14 mil indígenas
En La Guajira colombiana,
una región situada al norte del país y hogar de uno de los mayores pueblos
indígenas de Colombia, los wayúu, se está produciendo un exterminio silencioso,
del que muy pocos medios informan. Los wayúu están muriendo de sed y hambre
porque una empresa minera y grandes propietarios agrícolas han privatizado el
principal río de la región, el Ranchería, y los han dejado sin agua.
Denuncian
que ya han muerto de inanición y sed 14.000 (14 mil) indígenas, especialmente
niños y personas mayores. Incluimos al final de la nota, parte del documental
“El río que nos robaron” del periodista colombiano Gonzalo Guillén. El
documental será utilizado como prueba documental ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. MM
Exterminan
en silencio a la mayor nación indígena de Colombia.
El río
madre fue privatizado para el servicio de la industria agrícola y la
explotación del carbón.
Como
los medios de comunicación corporativos tienen sus prioridades informativas
bien definidas y orientadas, especialmente contra Cuba, Venezuela u otros
países que no se subordinan a Occidente; usted no sabrá que la nación indígena
Wayúu [1], la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed porque el río madre
de la región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio
de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón -a cielo
abierto- más grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará, seguramente, la
denuncia que esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos -CIDH-, de la OEA, con sede en Washington, por la violación de
sus derechos vitales fundamentales.
Los
datos que existen del crimen que se comete contra la etnia Wayúu no son
precisos, informa la web las2orillas.com. Según esta fuente, en el extenso
territorio que ocupan en el extremo Norte del país sudamericano, la nación de
origen prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En
cualquier caso, según Armando Valbuena, autoridad tradicional Wayúu, unos 14
mil niños de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene.
A todo esto hay que agregar
que la escasa ayuda del gobierno colombiano a los Wayúu, no llega a los
indígenas. El caso del Programa de Alimentación y Nutrición, en el que se
invierten más 15 millones de dólares, es un ejemplo. Buena parte de ese dinero
– denuncian los voceros de los Wayúu, Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana-
se queda en redes de corrupción y termina siendo utilizado en las campañas
políticas para la compra de votos. Téngase en cuenta, además, que La Guajira
posee una población de 500 mil habitantes y ha recibido, durante los últimos 20
años, más de mil millones de dólares por la extracción de sus recursos naturales
(carbón y gas), además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto
nacional. Pero ese dinero es robado por la corrupción que domina las
administraciones públicas locales.
En
medio de ese panorama, en febrero de este año cinco autoridades tradicionales
indígenas, a través de su representante legal Javier Rojas Uriana, solicitaban
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictase medidas
cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso del único río que poseen
para detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La
acción pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de
las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es
acumulada en la represa El Cercado.
Según
la abogada Sáchica Moreno, del Consultorio Jurídico de la Universidad de
Bogotá, el agua del río, un bien público, fue privatizado y la primera
consecuencia de ello es el proceso de exterminio en que se encuentra esta etnia
colombiana, sumida en la miseria y el abandono.
La
cruda realidad para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó
completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes
haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas
de carbón de Cerrejón.
De acuerdo a la solicitud
presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios
de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de
Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres
humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción,
los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas,
industriales y otros.
Por
otra parte, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la
represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se
ordene suspender de manera inmediata las tomas de agua de La Guajira que
Cerrejón obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente
subterráneas, hasta que una evaluación técnica idónea e imparcial determine si,
después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región,
quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y a
la explotación de las minas.
Finalmente,
del conjunto de pruebas judiciales que serán presentadas a la Comisión se
destaca el documental inédito que acaba de terminar el periodista colombiano
Gonzalo Guillén, “El río que se robaron”, donde se testimonian los hechos
denunciados a través de imágenes sobrecogedoras de La Guajira y declaraciones
de los protagonistas.
[1] El
Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez tuvo linaje Wayúu por
parte de madre y la influencia de esa cultura está presente en una buena parte
de su obra.
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.