El Gobierno ha decidido suspender las fumigaciones con glifosato sobre los cultivos de la planta de coca. Las denuncias de organizaciones sociales en Colombia y la comunidad internacional finalmente lograron parar este crimen contra el ambiente y la humanidad. Incluso el Ministerio de Salud alertó sobre los graves efectos cancerígenos que este producto, fabricado por la multinacional Monsanto, provoca.
2015/
Mayo 13/ Por: Tomàs Gisbert & María Jesús Pinto
Centre Delàs d'Estudis per la Pau
Centre Delàs d'Estudis per la Pau
Esta
alerta ha surgido a raíz del informe de la Agencia Internacional de
Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que ha
determinado el químico glifosato como posible causante de cáncer en personas y
plenamente demostrado en animales de laboratorio. Cuestión ésta que durante
largos años ha sido negada por la transnacional Monsanto y por el gobierno de
EEUU (promotor en Colombia de las fumigaciones a raíz del Plan Colombia).
Igualmente
la Defensoría del pueblo colombiana ha dado a conocer un informe sobre los
efectos nocivos de estas fumigaciones en el departamento del Putumayo, en la
cuenca amazónica, en el que certifica los graves daños a la salud, a los
recursos naturales, los cultivos alimentarios y de subsistencia de las
comunidades, al deterioro de suelos y ecosistemas, y la desaparición de
especies animales que no se recuperarán.
Las
comunidades campesinas e indígenas ya hace años que vienen protestando
enérgicamente contra las fumigaciones. A mediados de 2014 tuvieron cortada
durante 17 días la vía que conecta los pozos petroleros del Corredor Puerto
Vega-Teteyé, al sur del caudaloso río Putumayo, resistiendo los intentos para
desalojarlos del brutal ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía).
Líderes de los resguardos de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón interpusieron
una acción de tutela a la Corte constitucional, que ha tenido como primer
resultado este informe de la Defensoría del Pueblo.
¿Pero
cuál es el trasfondo de las fumigaciones?
Es
cierto que en muchas zonas del campo colombiano se cultiva la coca, y que en el
Putumayo también se cultiva. Pero hay que entender que la política de
fumigación del gobierno colombiano, financiada en una tercera parte por el
gobierno estadounidense, no es una solución al problema de las drogas y los
cultivos de uso ilícito. Si los campesinos y campesinas en muchas ocasiones
siembran la planta de la coca, es porque la economía campesina está abandonada
por las políticas gubernamentales, abocadas en promover la agroindustria
depredadora y a construir carreteras para sacar del territorio el expolio que
grandes empresas nacionales y transnacionales hacen de los recursos naturales,
minerales e hidrocarburos; si cultivan la hoja de coca es porque las
comunidades sólo pueden comercializar sus productos sacándolos a peso o en mula
por trochas intransitables, y en estas condiciones sigue siendo más fácil y más
rentable económicamente comercializar unos kilos de hoja de coca que no unos
kilos de banano o de café.
La
política antidroga de los gobiernos colombianos han focalizado su atención, no
en las sustancias precursoras o el procesamiento de la hoja de coca, ni en la
distribución de la droga o el blanqueo del dinero que genera, ni en las grandes
organizaciones criminales que la mueven, que penetran el estado y la economía,
sino en los pequeños cultivadores de la hoja de coca, que con ella malviven
como pueden. Y consecuentes con esta política han hecho de las fumigaciones
aéreas la principal herramienta de erradicación de los cultivos de uso ilícito,
sin atender ni poner medios para hacer políticas eficaces de sustitución
voluntaria de cultivos de coca por otros cultivos que den para vivir a las
comunidades que trabajan la tierra, políticas que vayan acompañadas del tiempo
necesario para implementar otros cultivos y de la construcción en los
territorios de infraestructuras y redes de comercialización.
Matar
de hambre comunidades campesinas e indígenas para entrar las petroleras
Pero,
además, en el Putumayo, como en otras zonas del país, hay intereses no
explicitados ni admitidos. Hay una decidida apuesta gubernamental para
convertirlo en uno de los principales departamentos productores de petróleo del
país. Los pozos se extienden por todo el departamento, y el extractivismo ha
entrado acompañado de una profunda militarización. La Brigada 27 del ejército
colombiano, en la que están integrados también los Batallones Especiales
Energético Viales 9, 11 y 21, protege toda la infraestructura petrolera, tiene
bases dentro mismo de los pozos petroleros, de las baterías de distribución,
del oleoducto trasandino y sus ramales, controlan todas las vías de
comunicación y tienen estrechamente vigiladas a las comunidades indígenas y
campesinas que allí viven. Esta militarización ha dado seguridad a la
extracción de petróleo, pero no ha frenado las violaciones de los derechos
humanos en las poblaciones campesinas e indígenas, ni ha impedido la actuación
del paramilitarismo, hechos todos estos que no forman parte de sus objetivos.
Por
el contrario, las comunidades están viviendo una política de acoso y violación
de derechos humanos constante, también por las propias fuerzas armadas, para
que desalojen el territorio, para que dejen de ser un estorbo a la expansión
del extractivismo petrolero.
Un
caso paradigmático de ello es la comunidad de la vereda del Piñuna Blanco, que
tuvimos la oportunidad de visitar el pasado noviembre. Todos los habitantes de
la vereda se vieron obligados a confinarse en un pequeño espacio de su
territorio, amenazados por el hambre, porque la fumigación indiscriminada,
intencionadamente, había estropeado todos sus campos para abastecerse de
alimentos, del pancoger, y había destrozado todos sus cultivos productivos.
Plantaciones de cacao levantadas con muchos años de esfuerzo quedaban
destrozadas al pasar la avioneta fumigadora. Incluso los habían fumigado a
ellos mismos, a sus propias casas. Y todo en un contexto en que la petrolera
Gran Tierra quiere atravesar el río Piñuna Blanco para instalar nuevos pozos de
petróleo en la otra ribera.
Como
es también el caso de la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, en la
frontera con Ecuador, un proyecto de vida campesina donde 700 familias conviven
con los pozos petroleros de Amerisur Resources y de Colombia Energy, que ha
visto como era sistemáticamente fumigada, sin que se pusieran en funcionamiento
planes, líneas de comercialización y de transporte para poder subsistir sin la
hoja de coca.
Mientras
miles de camiones tanques llenos de petróleo atraviesan el territorio, las
poblaciones campesinas e indígenas ven la contaminación que deja la extracción
petrolera, las carencias en infraestructura, salud, educación y servicios
públicos que tienen que seguir sufriendo y como las fumigaciones arruinan sus
medios de vida, sus cultivos, las fuentes de agua. El glifosato cae a chorro en
tierras con cultivos ya sean de uso ilícito, pancoger o proyectos productivos
de palmito, pimienta, cacao, plátano o yuca, que, incluso, en algunos casos han
sido financiados por el propio gobierno o la propia USAID, la agencia de
cooperación norteamericana.
Hay
que entender así las fumigaciones, no como una política para disminuir los
cultivos de uso ilícito, sino en muchos casos, más allá también del Putumayo,
como una estrategia para eliminar los medios de vida y de alimento para obligar
por el hambre a desalojar territorios codiciados por el extractivismo. Esta
estrategia perversa combinada de militarismo y matar de hambre y de
enfermedades a las comunidades es una forma criminal de obligar al
desplazamiento forzado en Colombia. Es por ello, que ante la evidencia del
carácter totalmente nocivo del glifosato la respuesta que el gobierno
colombiano se está planteando, no es una política para favorecer la economía
campesina y para posibilitar realmente la sustitución de los cultivos ilícitos,
sino para poder continuar la política de fumigaciones pero eso sí, sustituyendo
el glifosato por otros agro-tóxicos que aún no tengan la mala fama de éste.
Pero como dicen las poblaciones del campo, ¡paren ya de fumigarnos!
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