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11:06:00 , ,

Las comunidades indígenas no pueden seguir siendo oprimidas por la mano negra del Estado colombiano, y menos cuando lo que hacen es organizarse para reclamar sus derechos; los cuales el gobierno a pisoteado con el incumplimiento de acuerdos enmarcados en la justa tenencia y producción de tierras para el buen vivir de los pueblos nativos.

Imagen de Google


20/ MAYO/ 2015/ POR: COMISIÓN DE COMUNICACIONES CONPI.

Tengan en cuenta que aunque amenacen, la lucha continuara por que es justa y necesaria. 

RESGUARDO INDIGENA KWET WALA
CABILDO MAYOR 
MUNICIPIO DE PRADERA VALLE


DENUNCIA A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Las comunidades indigenas del resguardo KWET WALA, del municipio de pradera valle, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, las amenazas que proviene desde hace varios  meses por actores que se denominan AGUILAS NEGRAS BLOQUE MILITAR VALLE DEL CAUCA.

Hechos.

El día domingo 08 de marzo del presente año llego a la casa indígena de este municipio, un panfleto  que venía de las AGUILAS NEGRAS BLOQUE CAPITAL, donde se amenazaba a tres comuneros pertenecientes a nuestro resguardo por apoyar la liberación de la madre tierra en el municipio de corinto departamento del cauca, los cuales le daban 24 horas a nuestros comuneros para que abandonaran este pueblo y la región.

Día sábado 16 de mayo del presente año a las 4:30 de la tarde llego nuevamente a nuestra sede indígena otro panfleto de parte de LAS AGUILAS NEGRAS BLOQUE MILITAR VALLE DEL  CAUCA donde declaran objetivo militar a los 3 comuneros de nuestro resguardo como continuando las mismas amenazas del panfleto anterior a los cuales les aclaran que se les acabo el tiempo de la amenaza anterior dándole 12 horas para que abandonen la región.

El mismo día sábado 16 de mayo del año en curso, en el lugar denominado el pedregal por la carretera que conduce a la vereda el nogal de este municipio, unas personas vistiendo unos chalecos de color negro abordaron a un campesino  de esta vereda donde le preguntaron, que donde quedaba el cabildo y preguntando por unos jóvenes que hacían parte al cabildo pero no dieron nombres. De igual manera el día domingo nuevamente estos hombres abordaron en el mismo lugar a otro campesino preguntándole que donde quedaba el cabildo, al cual respondió que quedaba más arriba. Este día por ser uno de los días de mercado donde la gente de esta región sube y baja al pueblo y muchos de estas personas vieron que quienes estaban en este lugar era el ejército nacional, por lo cual no entendemos estas preguntas cuando el ejército nacional conoce muy bien nuestro resguardo y nuestros órganos de gobierno propio.

Por todo lo anterior rechazamos estas amenazas que surgen de estos grupos armados, llámense legales o ilegales, que de una u otra manera amedrantan a toda las luchas de defensa y resistencia territorial ambiental social y cultural que adelantan todos los procesos, que solo reclamamos del estado un firme cumplimiento a las solicitudes y peticiones los cuales a estas exigencias solo recibimos este tipo de tratos por agentes que integran todo este aparato de guerra sucia, que a través de estos hechos amenazantes quieren apagar la esperanza del clamor a la solución a nuestros problemas y necesidades.

Finalmente, responsabilizamos al gobierno colombiano por las consecuencias que les pueda ocurrir a nuestros comuneros amenazados, como también alertamos a todos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por las constantes amenazas que en los últimos meses han venido apareciendo para nuestros integrantes del resguardo, lo cual esperamos del estado una pronta solución a este problema.

Pradera, mayo de 2015.
COMUNIDADES INDIGENAS RESGUARDO KWET WALA MUNIICIPIO DE PRADERA VALLE

Comunicado oficial del resguardo. 

Se exige al estado Colombiano en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, que garantice la pervivencia de las comunidades indígenas de Colombia. 


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14:20:00 ,
En una guerra donde los falsos positivos son premiados, !creer que pasan por equivocaciones de un policía ya es estupidez! Las comunidades indígenas de Colombia, rechazamos toda justificación sobre este hecho. Exigimos se castigue rigurosamente a quien lo cometió.   


2015/ MAYO 14/ Por:  Asociación de Autoridades tradicionales CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETA - CRIOMC

CAQUETÁ: MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL ASESINAN A JOVEN INDÍGENA COREGUAJE

Denuncia Pública. La Asociación de Autoridades Tradicionales del CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETA – CRIOMC y la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA - ONIC, en ejercicio de la Ley de Origen y Derecho Mayor, así como de las facultades legales y constitucionales que nos corresponden como autoridades, DENUNCIAMOS ante la opinión pública departamental, nacional e internacional lo siguiente:

1.         En el ejercicio legal de los derechos, las comunidades del pueblo indígena Coreguaje que integran la  Asociación de Autoridades Tradicionales del CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETA-CRIOMC, reunidos en la sede del Resguardo Agua Negra, Municipio de Milán Caquetà, hoy 11 de mayo de 2015,  para analizar  y exigir a las autoridades de las entidades territoriales del Municipio de Milán y el departamento del Caquetá, sobre el asesinato por parte de la Policía Nacional del joven ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA; quien fuera miembro del Resguardo Indígena de Maticurù, Municipio de Milán Caquetá.

2.         El día 10 de Mayo de 2015 a las 11:30 p.m. fue vilmente  asesinado el joven Indígena  ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA cuando caminaba por la calle de la Inspección de Policía de la Localidad de San Antonio de Jetuchà, Municipio de Milán Caquetá, hecho que compromete a la Acción de la Policía Nacional.

3.         El Joven  ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA, miembro del Resguardo Indígena de Maticurù, de 14 Años,  cursaba séptimo grado de bachillerato en la Concentración Escolar la Rastra, hijo de HAROL HUMBERTO MARIN GARCIA y de ELSY GARCIA.

4.         La versión  del Inspector de Policía de la Localidad de San Antonio de Jetuchà, SILVIO TAMAYO, se basa en lo comunicado por  el Comandante de la Estación de Policía San Antonio de Jetuchà que se había presentado un hostigamiento por parte de insurgentes, lo cual dejó un auxiliar herido y muerto un joven civil a 11 metros, quien se encontraba con una camisa envuelta en la mano; el argumento inicial de la policía fue que un miembro de la policía hizo un llamado de pare y el joven  salió corriendo, por tanto  el policía le disparó en varias oportunidades quitándole la vida de manera instantánea”.

De conformidad con lo anterior, las autoridades indígenas asociadas en el CRIOMC:

1.         RECHAZAMOS enfáticamente la violación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en especial del Pueblo Coreguajes uno de los 36 Pueblos Indígena en vía de Extinción física y Cultural declarado por la Corte Constitucional. Esta violenta acción ejercida por miembros de la Policía Nacional atenta contra las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos, establecidas en distintos instrumentos nacionales e internacionales, que todas las autoridades públicas están obligadas a cumplir a cabalidad.

2.         DENUNCIAMOS públicamente a nivel local, regional y nacional a la Policía Nacional por estos hechos y al Comandante de la Estación de Policía y  comandante del Departamento de Policía Caquetá, coronel William Alberto Boyacá Zambrano,  como responsable del asesinato del Joven indígena estudiante de séptimo grado de bachillerato ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA en San Antonio de Jetuchà.

3.         SOLICITAMOS a la Fiscalía General de la Nación y todos los entes de control, que inicie formalmente una investigación por estos hechos y se determinen los responsables de este asesinato al joven indígena y la flagrante  violación a los derechos humanos, previo el procedimiento judicial respectivo.  Para que no nos lo incluyan en la larga lista de falsos positivos.

4.         SOLICITAMOS a la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo que en el marco de sus competencias ejerzan las acciones a que haya lugar.

5.         RECHAZAMOS este Asesinato Contra los miembros el pueblo Indígena Coreguaje y EXIGIMOS la reparación integral de los derechos fundamentales del Joven indígena ELKIN HUMBERTO MARIN GARCIA, incluida la garantía de protección Individual a la familia y al Pueblo Coreguaje.

Igualmente, y en atención a la compleja situación de los miembros de las comunidades indígenas del Pueblo Coreguaje, EXIGIMOS a las autoridades municipales y departamentales de la región, y a los entes nacionales, el cumplimiento de los establecido para garantizar los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en nuestros territorios ancestrales;  SOLICITAMOS, a los organismos de Investigación de protección de los Derechos Humanos, a nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC,  y el acompañamiento de organismos garantes se aborden, investiguen y acompañen para esclarecer los hechos y hacer cumplir los derechos aquí señalados con enfoque diferencial orientados a disminuir la violación a los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos a su libre movilidad  y pervivencia en sus territorios ancestrales. EXIGIMOS el acompañamiento de las diferentes entidades gubernamentales y del nivel nacional e internacional competente para trabajar de manera decidida por erradicar todas las formas de violencia contra los miembros de los Pueblos Indígenas y la implementación  del Plan de Vida y el Plan de Salvaguarda, según Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, de manera articulada y concertada con las Organizaciones CRIOMC y la ONIC.


Resguardo Agua Negra, Municipio de Milán (Caquetá), 11 de Mayo de 2015.


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17:46:00 , ,
El Gobierno ha decidido suspender las fumigaciones con glifosato sobre los cultivos de la planta de coca. Las denuncias de organizaciones sociales en Colombia y la comunidad internacional finalmente lograron parar este crimen contra el ambiente y la humanidad. Incluso el Ministerio de Salud alertó sobre los graves efectos cancerígenos que este producto, fabricado por la multinacional Monsanto, provoca.

2015/ Mayo 13/ Por: Tomàs Gisbert & María Jesús Pinto
Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Esta alerta ha surgido a raíz del informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que ha determinado el químico glifosato como posible causante de cáncer en personas y plenamente demostrado en animales de laboratorio. Cuestión ésta que durante largos años ha sido negada por la transnacional Monsanto y por el gobierno de EEUU (promotor en Colombia de las fumigaciones a raíz del Plan Colombia).

Igualmente la Defensoría del pueblo colombiana ha dado a conocer un informe sobre los efectos nocivos de estas fumigaciones en el departamento del Putumayo, en la cuenca amazónica, en el que certifica los graves daños a la salud, a los recursos naturales, los cultivos alimentarios y de subsistencia de las comunidades, al deterioro de suelos y ecosistemas, y la desaparición de especies animales que no se recuperarán.

Las comunidades campesinas e indígenas ya hace años que vienen protestando enérgicamente contra las fumigaciones. A mediados de 2014 tuvieron cortada durante 17 días la vía que conecta los pozos petroleros del Corredor Puerto Vega-Teteyé, al sur del caudaloso río Putumayo, resistiendo los intentos para desalojarlos del brutal ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía). Líderes de los resguardos de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón interpusieron una acción de tutela a la Corte constitucional, que ha tenido como primer resultado este informe de la Defensoría del Pueblo.

¿Pero cuál es el trasfondo de las fumigaciones?

Es cierto que en muchas zonas del campo colombiano se cultiva la coca, y que en el Putumayo también se cultiva. Pero hay que entender que la política de fumigación del gobierno colombiano, financiada en una tercera parte por el gobierno estadounidense, no es una solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito. Si los campesinos y campesinas en muchas ocasiones siembran la planta de la coca, es porque la economía campesina está abandonada por las políticas gubernamentales, abocadas en promover la agroindustria depredadora y a construir carreteras para sacar del territorio el expolio que grandes empresas nacionales y transnacionales hacen de los recursos naturales, minerales e hidrocarburos; si cultivan la hoja de coca es porque las comunidades sólo pueden comercializar sus productos sacándolos a peso o en mula por trochas intransitables, y en estas condiciones sigue siendo más fácil y más rentable económicamente comercializar unos kilos de hoja de coca que no unos kilos de banano o de café.

La política antidroga de los gobiernos colombianos han focalizado su atención, no en las sustancias precursoras o el procesamiento de la hoja de coca, ni en la distribución de la droga o el blanqueo del dinero que genera, ni en las grandes organizaciones criminales que la mueven, que penetran el estado y la economía, sino en los pequeños cultivadores de la hoja de coca, que con ella malviven como pueden. Y consecuentes con esta política han hecho de las fumigaciones aéreas la principal herramienta de erradicación de los cultivos de uso ilícito, sin atender ni poner medios para hacer políticas eficaces de sustitución voluntaria de cultivos de coca por otros cultivos que den para vivir a las comunidades que trabajan la tierra, políticas que vayan acompañadas del tiempo necesario para implementar otros cultivos y de la construcción en los territorios de infraestructuras y redes de comercialización.

Matar de hambre comunidades campesinas e indígenas para entrar las petroleras

Pero, además, en el Putumayo, como en otras zonas del país, hay intereses no explicitados ni admitidos. Hay una decidida apuesta gubernamental para convertirlo en uno de los principales departamentos productores de petróleo del país. Los pozos se extienden por todo el departamento, y el extractivismo ha entrado acompañado de una profunda militarización. La Brigada 27 del ejército colombiano, en la que están integrados también los Batallones Especiales Energético Viales 9, 11 y 21, protege toda la infraestructura petrolera, tiene bases dentro mismo de los pozos petroleros, de las baterías de distribución, del oleoducto trasandino y sus ramales, controlan todas las vías de comunicación y tienen estrechamente vigiladas a las comunidades indígenas y campesinas que allí viven. Esta militarización ha dado seguridad a la extracción de petróleo, pero no ha frenado las violaciones de los derechos humanos en las poblaciones campesinas e indígenas, ni ha impedido la actuación del paramilitarismo, hechos todos estos que no forman parte de sus objetivos.

Por el contrario, las comunidades están viviendo una política de acoso y violación de derechos humanos constante, también por las propias fuerzas armadas, para que desalojen el territorio, para que dejen de ser un estorbo a la expansión del extractivismo petrolero.

Un caso paradigmático de ello es la comunidad de la vereda del Piñuna Blanco, que tuvimos la oportunidad de visitar el pasado noviembre. Todos los habitantes de la vereda se vieron obligados a confinarse en un pequeño espacio de su territorio, amenazados por el hambre, porque la fumigación indiscriminada, intencionadamente, había estropeado todos sus campos para abastecerse de alimentos, del pancoger, y había destrozado todos sus cultivos productivos. Plantaciones de cacao levantadas con muchos años de esfuerzo quedaban destrozadas al pasar la avioneta fumigadora. Incluso los habían fumigado a ellos mismos, a sus propias casas. Y todo en un contexto en que la petrolera Gran Tierra quiere atravesar el río Piñuna Blanco para instalar nuevos pozos de petróleo en la otra ribera.

Como es también el caso de la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, en la frontera con Ecuador, un proyecto de vida campesina donde 700 familias conviven con los pozos petroleros de Amerisur Resources y de Colombia Energy, que ha visto como era sistemáticamente fumigada, sin que se pusieran en funcionamiento planes, líneas de comercialización y de transporte para poder subsistir sin la hoja de coca.

Mientras miles de camiones tanques llenos de petróleo atraviesan el territorio, las poblaciones campesinas e indígenas ven la contaminación que deja la extracción petrolera, las carencias en infraestructura, salud, educación y servicios públicos que tienen que seguir sufriendo y como las fumigaciones arruinan sus medios de vida, sus cultivos, las fuentes de agua. El glifosato cae a chorro en tierras con cultivos ya sean de uso ilícito, pancoger o proyectos productivos de palmito, pimienta, cacao, plátano o yuca, que, incluso, en algunos casos han sido financiados por el propio gobierno o la propia USAID, la agencia de cooperación norteamericana.

Hay que entender así las fumigaciones, no como una política para disminuir los cultivos de uso ilícito, sino en muchos casos, más allá también del Putumayo, como una estrategia para eliminar los medios de vida y de alimento para obligar por el hambre a desalojar territorios codiciados por el extractivismo. Esta estrategia perversa combinada de militarismo y matar de hambre y de enfermedades a las comunidades es una forma criminal de obligar al desplazamiento forzado en Colombia. Es por ello, que ante la evidencia del carácter totalmente nocivo del glifosato la respuesta que el gobierno colombiano se está planteando, no es una política para favorecer la economía campesina y para posibilitar realmente la sustitución de los cultivos ilícitos, sino para poder continuar la política de fumigaciones pero eso sí, sustituyendo el glifosato por otros agro-tóxicos que aún no tengan la mala fama de éste. Pero como dicen las poblaciones del campo, ¡paren ya de fumigarnos!

Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/adios_a_las_armas/estrategia-glifosato_6_385371460.html



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17:18:00 , ,
El hecho ocurrió 5 días después de una jornada de verificación y documentación sobre posibles impactos por actividades de exploración sísmica adelantadas por la empresa EGS operadora de la petrolera Gran Tierra Energy Colombia LTDA, sobre un área de reserva de la comunidad indígena Nasa Cxha Cxha.
Dispararon indiscriminadamente contra la comunidad

2015/ Mayo 9/ Por: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Armados incineran vivienda comunitaria de Pueblo Nasa, violencia podría relacionarse con operación petrolera

A eso las 8:55 p.m. del día de ayer, un grupo aproximado de 15 sujetos portando armas largas vestidos con uniformes camuflados y encapuchados ingresaron al asentamiento indígena del pueblo Nasa ubicado en el caserío Bellavista, municipio de Orito, prendiendo fuego a una vivienda comunitaria.

El hecho se produjo luego que el profesor que se encontraba en la vivienda comunitaria huyera del lugar desacatando la orden de pare de los armados. El grupo disparó y lanzó granadas sobre el docente que logró evadir el ataque y las que impactaron contra un garaje en donde se encontraban dos vehículos y tres motocicletas.

Otras cinco familias indígenas que habitan el lugar huyeron hacia la zona boscosa salvaguardando sus vidas.

Hoy hacia las 9:00 a.m. las familias empezaron a regresar al caserío, algunas de ellas hacen parte del grupo de víctimas que están siendo reparadas por la masacre del Nilo, Cauca.

Ayer en horas de la tarde los indígenas observaron un taxi y tres motocicletas a un kilómetro del caserío donde presumiblemente se movilizaron los armados desde el casco urbano de Orito, movilidad preocupante porque se produce en medio del control militar que hay sobre la vía en custodia de infraestructura petrolera.

Al medio día de hoy una comisión de observación de la Oficina de Derechos Humanos UN y Defensoría del Pueblo hizo presencia en el lugar.

Hacia las 2:30 p.m. dos hombres en una motocicleta arribaron al lugar tomando registros fotográficos de las familias y líderes Nasa y defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz intimidándolos y hostigándolos. Cuando estos iban a ser abordados huyeron del lugar.

El pasado 6 de abril en la región un grupo autodenominado “La Mano Invisible Comandos Urbanos” lanzó amenazas contra indígenas, organizaciones indígenas y sociales que se opongan a las políticas del presidente.
Así quemaron la casa comunitaria del Pueblo Nasa

El caserío indígena fue el escenario de concentración de las comunidades indígenas y campesinas que a finales del año pasado se opusieron a actividades sísmicas en este territorio debido a la gran riqueza hídrica y biológica. Corpoamazonía en enero de este año mediante resolución declaró uso prohibido actividades sísmicas y petroleras en ella.

El hecho ocurrió 5 días después de una jornada de verificación y documentación sobre posibles impactos por actividades de exploración sísmica del programa PUT 10 2D, adelantadas por la empresa EGS operadora de la petrolera Gran Tierra Energy Colombia LTDA, sobre un área de reserva de la comunidad indígena Nasa Cxha Cxha.

Desde el pasado 18 de noviembre hasta el 12 de enero de este año, la empresa EGS adelantó el trazado de 6 líneas sísmicas de aproximadamente 74,05 km y la construcción de 2 grandes campamentos en los puntos conocidos como La Garza y Bella Vista.

La verificación realizada hace parte de la documentación del caso que se presentaría en la Audiencia Pública sobre el tema petrolero y ambiente que se realizará en Puerto Asís en junio próximo.

A la comisión verificadora la comunidad manifestó su preocupación por el posible ingreso con la petrolera de grupos violentos contra los opositores a la explotación petrolera.

Bogotá,D.C. abril 8 de 2015
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Fuente: http://justiciaypazcolombia.com/Armados-incineran-vivienda

A continuación publicamos la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de la Baja Bota Caucana, Cofania Jardines del Sucumbíos-Nariño y Putumayo.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Comisión De Derechos Humanos De La Mesa Regional de Organizaciones Sociales de la Baja Bota Caucana, Cofania Jardines del Sucumbíos-Nariño y Putumayo hacemos denuncia pública y comunicamos sobre las graves violaciones al Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del pueblo que sufren en estos momentos el Resguardo Indígena del Pueblo Nassa -KWE’SX KSXA’W en la Vereda Bellavista del Municipio de Orito, Putumayo,

Hechos:

1-      El 07 de mayo en la vereda Bellavista, del municipio de Orito, Putumayo siendo las 9:00pm un grupo de quince (15) personas, armadas y no identificadas, incursionó en el Resguardo Indígena del Pueblo Nassa; dispararon indiscriminadamente contra la comunidad, lanzaron  granadas contra el garaje comunal y prendieron fuego en la casa comunitaria. Esta incursión duro aproximadamente cuatro (4) horas.

2-      La comunidad del resguardo huyó con sus familias temerosas por sus vidas y hasta la tarde del día 8 de mayo lograron reencontrase nuevamente y verificar que ningún miembro estuviese desaparecido o hubiese sufrido alguna lesión.

3-      Un profesor del Resguardo del Pueblo Indígena Nassa, “quien al escuchar la presencia de extraños se asomó; los sujetos le dieron la orden de alto, apuntándole con las armas, ante esto, el profesor salió corriendo”.

4-      El 08 de mayo luego que miembros del Pueblo Indígena Nassa y sus respectivas autoridades, informarán sobre lo sucedido a la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del departamento, realizó visita de verificación al lugar de los hechos, comprobando en terreno la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario del pueblo indígena y la comunidad campesina de la Vereda Bellavista, en Orito. (Ver Fotografías adjuntas)

5-      Actualmente, la comunidad temerosa por sus vidas y su tranquilidad tuvieron que alterar la cotidianidad suspendiendo sus actividades de trabajo y suspender las clases de los menores, pues la escuela se encuentra a pocos metros del lugar del incendio.

6-      La comunidad del pueblo Nasa quedó desprotegida y aislada del casco urbano, pues en la casa comunitaria se encontraban todos los utensilios para la cocina, víveres y enceres, herramientas de comunicación, y los vehículos de transporte.

7-      Llama la atención que en la verificación en la vereda por parte de la Comisión de Derechos Humanos, hasta el día de hoy no ha llegado la presencia de la fuerza pública, ejército y/o policía judicial, y ninguna autoridad civil del orden municipal y departamental, para adelantar procedimientos correspondientes a la cadena de custodia; pues se observa que  hay esquirlas y casquillos de fusil alrededor del lugar.

Hacemos un llamado ante las autoridades departamentales, nacionales e internacionales, para que se proteja y respete la vida de los integrantes de la Vereda Bella Vista, en el municipio de Orito y en especial al Resguardo Indígena del Pueblo Nassa, quienes han realizado anteriormente, labores de protección, cuidado y denuncia pacificas por la vida y el territorio; la fauna silvestre en vía de extinción y las reservas forestales protegidas por Corpo-Amazonia.


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12:06:00
De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.


2015/ Abril 28/ Por: Biodiversidad en America Latina y el Caribe. 

Exterminio en Colombia: privatizan un río y matan de hambre a 14 mil indígenas

En La Guajira colombiana, una región situada al norte del país y hogar de uno de los mayores pueblos indígenas de Colombia, los wayúu, se está produciendo un exterminio silencioso, del que muy pocos medios informan. Los wayúu están muriendo de sed y hambre porque una empresa minera y grandes propietarios agrícolas han privatizado el principal río de la región, el Ranchería, y los han dejado sin agua.

Denuncian que ya han muerto de inanición y sed 14.000 (14 mil) indígenas, especialmente niños y personas mayores. Incluimos al final de la nota, parte del documental “El río que nos robaron” del periodista colombiano Gonzalo Guillén. El documental será utilizado como prueba documental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. MM

Exterminan en silencio a la mayor nación indígena de Colombia.

El río madre fue privatizado para el servicio de la industria agrícola y la explotación del carbón.

Como los medios de comunicación corporativos tienen sus prioridades informativas bien definidas y orientadas, especialmente contra Cuba, Venezuela u otros países que no se subordinan a Occidente; usted no sabrá que la nación indígena Wayúu [1], la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed porque el río madre de la región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón -a cielo abierto- más grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará, seguramente, la denuncia que esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, de la OEA, con sede en Washington, por la violación de sus derechos vitales fundamentales.
Los datos que existen del crimen que se comete contra la etnia Wayúu no son precisos, informa la web las2orillas.com. Según esta fuente, en el extenso territorio que ocupan en el extremo Norte del país sudamericano, la nación de origen prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En cualquier caso, según Armando Valbuena, autoridad tradicional Wayúu, unos 14 mil niños de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene.

A todo esto hay que agregar que la escasa ayuda del gobierno colombiano a los Wayúu, no llega a los indígenas. El caso del Programa de Alimentación y Nutrición, en el que se invierten más 15 millones de dólares, es un ejemplo. Buena parte de ese dinero – denuncian los voceros de los Wayúu, Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana- se queda en redes de corrupción y termina siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos. Téngase en cuenta, además, que La Guajira posee una población de 500 mil habitantes y ha recibido, durante los últimos 20 años, más de mil millones de dólares por la extracción de sus recursos naturales (carbón y gas), además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. Pero ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales.

En medio de ese panorama, en febrero de este año cinco autoridades tradicionales indígenas, a través de su representante legal Javier Rojas Uriana, solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictase medidas cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso del único río que poseen para detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La acción pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada en la represa El Cercado.
Según la abogada Sáchica Moreno, del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá, el agua del río, un bien público, fue privatizado y la primera consecuencia de ello es el proceso de exterminio en que se encuentra esta etnia colombiana, sumida en la miseria y el abandono.
La cruda realidad para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón de Cerrejón.
De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.

Por otra parte, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera inmediata las tomas de agua de La Guajira que Cerrejón obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta que una evaluación técnica idónea e imparcial determine si, después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y a la explotación de las minas.
Finalmente, del conjunto de pruebas judiciales que serán presentadas a la Comisión se destaca el documental inédito que acaba de terminar el periodista colombiano Gonzalo Guillén, “El río que se robaron”, donde se testimonian los hechos denunciados a través de imágenes sobrecogedoras de La Guajira y declaraciones de los protagonistas.
[1] El Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez tuvo linaje Wayúu por parte de madre y la influencia de esa cultura está presente en una buena parte de su obra.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Exterminio_en_Colombia_privatizan_un_rio_y_matan_de_hambre_a_14_mil_indigenas
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5:48:00 ,
La Cumbre Agraria quedó a la espera de respuesta del gobierno ante la solicitud de una reunión con el presidente Santos y una rendición de cuentas por parte del gobierno que solucione la actual crisis, según lo estipulado en el decreto que le da marco normativo y carácter vinculante a este escenario de interlocución y acuerdos.

2015/ Abril 29/ Por: Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular

Bogotá, 28 de abril de 2015

La Cumbre Agraria alerta a todas las bases y organizaciones en las regiones sobre la actual crisis que está viviendo el escenario de concertación que se adelanta con el gobierno nacional que  inició hace un año para conjurar la crisis que en su momento representó el paro agrario de 2013 - 2014.

En carta dirigida al Ministro de Interior Juan Fernando Cristo (ver carta) y en un exhaustivo documento de evaluación entregado al Ministro de Agricultura Aurelio Irragorri, la Cumbre Agraria considera que el gobierno se encuentra en rojo en materia de cumplimiento con nuestros sectores agrarios "por la dilación que ha caracterizado en  gran parte de los temas la respuestas del gobierno" (ver evaluación del proceso).

Cumbre Agraria quedó a la espera de respuesta del gobierno ante la solicitud de una reunión con el presidente Santos y una rendición de cuentas por parte del gobierno que solucione la actual crisis, según lo estipulado en el decreto que le da marco normativo y carácter vinculante a este escenario de interlocución y acuerdos, que contempla reuniones periódicas con el presidente.


La Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular reúne a gran parte de organizaciones campesinas, indígenas y negras del país que en unidad se levantaron durante los paros campesinos y Minga Indígena del 2013 y 2014 a quienes alertamos frente a estas permanentes dilataciones por parte del gobierno. 


Atentamente,

COMISIÓN POLÍTICA
CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- Congreso de los Pueblos -Movimiento Político y Social Marcha Patriótica - Coordinador Nacional Agrario –CNA- Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo –MIA-  Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –COMOSOC- Proceso de Comunidades Negras -PCN- Autoridad Nacional Afrocolombiana- ANAFRO. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO- Mesa de Unidad Agraria –MUA- Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC- Movimiento por la Constituyente Popular –MCP- Asociación Campesina y Popular –ASOCAMPO- Asociación Nacional Agraria Campesina –ASONALCAM- 

Anexos

- Carta de la Cumbre Agraria al Ministro de Interior
- Evaluación de la Cumbre Agraria sobre el proceso de concertación con el Gobierno

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19:33:00 , ,
Los indígenas no consideran el encierro del cuerpo como una forma de castigo para lograr resarcir sus acciones indebidas. 
Cárcel San Isidro de Popayán, Cauca. Foto: Proclama del Cauca


Analizando este caso de intento de suicidio del prisionero político Civilino Ul secué, y conociendo el historial de algunos más, nos damos cuenta que hay falencias en los procesos de investigación dentro de las comunidades indígenas y que esto cada vez se vuelve más grave. Es por eso que es necesario revisar a nivel interno de las comunidades indígenas el proceder de sus actos con el fin de avanzar en construcción de la verdadera autonomía indígena.

A continuación reproducimos la denuncia de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana

2015/ Abril 26/ Denucias/ Por: Suyana


LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA

DENUNCIA
ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA HORA DE IMPARTIR JUSTICIA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA - ACIN- ADSCRITOS AL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC-, QUE DESEMBOCO EL DÍA DE HOY, EN EL INTENTO DE SUICIDIO DEL INDÍGENA Y PRISIONERO POLÍTICO CIVILINO UL SECUE.

HECHOS

El día de hoy, 25 de Abril a la 1:00 de la tarde aproximadamente, el prisionero político CIVILINO UL SECUE intenta quitarse la vida mediante herida en el cuello, sus compañeros del pabellón lo encuentran y en el intento por salvarle la vida llaman a la guardia para sacarlo del patio mientras perdía mucha sangre. La guardia del INPEC de inmediato lo traslada al área de sanidad del mismo Centro Carcelario San Isidro de Popayán, donde según nos informan sus familiares,  le suturan la herida y cuando ya lo estabilizan es conducido nuevamente a su celda.

Afirman sus familiares que en medio de su delicado estado de salud, el prisionero político CIVILINO UL SECUE le manifestó a la guardia y compañeros que “voy a esperar únicamente hasta el miércoles a que las autoridades indígenas aparezcan, de lo contrario nadie podrá  detenerme otra vez para evitarlo“.

ANTECEDENTES

El prisionero político CIVILINO UL SECUE es condenado injustamente a cuarenta (40) años de prisión por los Cabildos Indígenas de San Francisco, Tacueyo, Toribio y Jámbalo pertenecientes a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN-, adscritos al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC- por un homicidio que no cometio.

El pasado 09 de Abril el Prisionero Político CIVILINO UL SECUE les envía una misiva a los mencionados Cabildos solicitando una revisión del proceso penal que adelantaron en su contra, manifestando las irregularidades en su detención y la violación permanente de sus derechos o de lo contrario se quitaría la vida.

El 20 de Abril en comunicación sostenida con los Cabildos del Norte del Cauca se comprometen a asistir a una reunión en las instalaciones del Centro Carcelario y Penitenciario San Isidro de Popayán para el jueves 23 de abril en horas de la mañana.

El día jueves 23 de abril en la reunión que se adelantaría con delegado de la Defensoría del Pueblo-Regional Cauca y de la Corporación Colectivos de Abogados SUYANA, pero la reunión mencionada jamás se realizó, debido a la inasistencia y la falta de voluntad de las autoridades indígenas del Norte del Cauca de revisar los casos de los prisioneros CIVILINO UL SECUE y JOHN JAIRO MAYORGA SUAREZ.

Este  lamentable acontecimiento hubiera logrado evitarse si las autoridades indígenas en cabeza de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC-  tomaran las medidas necesarias y tuvieran en cuenta las solicitudes del prisionero, de sus familiares y con ello evitar que el  prisionero político CIVILINO UL SECUE cumpla la advertencia de quitarse la vida.  

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, y a las Autoridades  Indígenas representadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN- y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC- de cualquier perjuicio en la salud e integridad física del prisionero político CIVILINO UL SECUE y de sus familiares.

EXIGIMOS

Al Estado colombiano que garantice el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos. Ninguna jurisdicción especial puede estar por encima de los Derechos Fundamentales y es el Estado es directo responsable de garantizar que los mismos se cumplan, mucho más en casos de personas que se encuentran bajo su directa custodia.

A las autoridades del CRIC y la ACIN que guardando coherencia con los principios que prodigan, velen por los derechos de la población indígena, garantizando que haya un acceso real a la justicia y que empleen idóneamente la Jurisdicción Indígena que imparten. 

SOLICITAMOS

A las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales que respalden la presente denuncia enviando sus cartas a las siguientes direcciones.

MKRdezign

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