Los indígenas no consideran el encierro del cuerpo como una forma de castigo para lograr resarcir sus acciones indebidas.
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| Cárcel San Isidro de Popayán, Cauca. Foto: Proclama del Cauca |
Analizando este caso de intento de suicidio del prisionero político Civilino Ul secué, y conociendo el historial de algunos más, nos damos cuenta que hay falencias en los procesos de investigación dentro de las comunidades indígenas y que esto cada vez se vuelve más grave. Es por eso que es necesario revisar a nivel interno de las comunidades indígenas el proceder de sus actos con el fin de avanzar en construcción de la verdadera autonomía indígena.
A continuación reproducimos la denuncia de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana
2015/ Abril 26/ Denucias/ Por: Suyana
LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA
DENUNCIA
ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA HORA DE
IMPARTIR JUSTICIA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL
NORTE DEL CAUCA - ACIN- ADSCRITOS AL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –
CRIC-, QUE DESEMBOCO EL DÍA DE HOY, EN EL INTENTO DE SUICIDIO DEL INDÍGENA Y
PRISIONERO POLÍTICO CIVILINO UL SECUE.
HECHOS
El día de hoy, 25 de Abril a la 1:00 de la tarde
aproximadamente, el prisionero político CIVILINO UL SECUE intenta
quitarse la vida mediante herida en el cuello, sus compañeros del pabellón lo
encuentran y en el intento por salvarle la vida llaman a la guardia para
sacarlo del patio mientras perdía mucha sangre. La guardia del INPEC de
inmediato lo traslada al área de sanidad del mismo Centro Carcelario San Isidro
de Popayán, donde según nos informan sus familiares, le suturan la herida
y cuando ya lo estabilizan es conducido nuevamente a su celda.
Afirman sus familiares que en medio de su delicado estado
de salud, el prisionero político CIVILINO UL SECUE le manifestó a la
guardia y compañeros que “voy a esperar únicamente hasta el miércoles a que las
autoridades indígenas aparezcan, de lo contrario nadie podrá detenerme
otra vez para evitarlo“.
ANTECEDENTES
El prisionero político CIVILINO UL SECUE es
condenado injustamente a cuarenta (40) años de prisión por los Cabildos
Indígenas de San Francisco, Tacueyo, Toribio y Jámbalo pertenecientes a
la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN-, adscritos
al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC- por un homicidio que no
cometio.
El pasado 09 de Abril el Prisionero Político CIVILINO UL
SECUE les envía una misiva a los mencionados Cabildos solicitando una revisión
del proceso penal que adelantaron en su contra, manifestando las
irregularidades en su detención y la violación permanente de sus derechos o de
lo contrario se quitaría la vida.
El 20 de Abril en comunicación sostenida con los Cabildos
del Norte del Cauca se comprometen a asistir a una reunión en las instalaciones
del Centro Carcelario y Penitenciario San Isidro de Popayán para el jueves 23
de abril en horas de la mañana.
El día jueves 23 de abril en la reunión que se
adelantaría con delegado de la Defensoría del Pueblo-Regional Cauca y de la
Corporación Colectivos de Abogados SUYANA, pero la reunión mencionada jamás se
realizó, debido a la inasistencia y la falta de voluntad de las autoridades
indígenas del Norte del Cauca de revisar los casos de los prisioneros CIVILINO
UL SECUE y JOHN JAIRO MAYORGA SUAREZ.
Este lamentable acontecimiento hubiera logrado
evitarse si las autoridades indígenas en cabeza de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN y el Consejo Regional
Indígena del Cauca – CRIC- tomaran las medidas necesarias y tuvieran en
cuenta las solicitudes del prisionero, de sus familiares y con ello evitar que
el prisionero político CIVILINO UL SECUE cumpla la advertencia de
quitarse la vida.
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano en cabeza del presidente JUAN MANUEL
SANTOS CALDERÓN, y a las Autoridades Indígenas representadas en la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN- y el Consejo
Regional Indígena del Cauca – CRIC- de cualquier perjuicio en la salud e
integridad física del prisionero político CIVILINO UL SECUE y de sus
familiares.
EXIGIMOS
Al Estado colombiano que garantice el pleno cumplimiento
de los Derechos Humanos. Ninguna jurisdicción especial puede estar por encima
de los Derechos Fundamentales y es el Estado es directo responsable de
garantizar que los mismos se cumplan, mucho más en
casos de personas que se encuentran bajo su directa custodia.
A las autoridades del CRIC y la ACIN que
guardando coherencia con los principios que prodigan, velen por los derechos de la población indígena,
garantizando que haya un acceso real a la justicia y que empleen idóneamente la
Jurisdicción Indígena que imparten.
SOLICITAMOS
A las organizaciones sociales y defensoras de Derechos
Humanos nacionales e internacionales que respalden la presente denuncia
enviando sus cartas a las siguientes direcciones.
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