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Unai fue a Colombia, y por poco no se recupera de lo que vio y filmó. Recuerdo cuando me contó que ya tenía ese testimonio listo para ser mostrado, pero, ¿dónde? ¿En qué sala? ¿A quién le podría importar el tema? Quería hacer copias y regalarlas. Pero el contenido de su obra es tan humanamente terrible y, en especial, honesto, que ha ganado ya varios premios internacionales.

Un documental de Unai Aranzadi

2014/ Julio 22/ Derechos Humanos/ Por: Hernando Calvo Ospina

Más me informo, y las cifras y el horror me lo confirman: quizás no ha existido en la historia humana un Estado tan violento como el colombiano. Tan solo desde la década de 1980, se contabilizan 5 millones de desplazados, más de 100.000 desaparecidos, 3.000 sindicalistas asesinados, y un promedio de 10.000 asesinatos con tinte político al año. Cifras que superan la criminalidad que vivieron los países del cono sur latinoamericano bajo las terribles dictaduras de los años 1960 y 1980. 

Recordemos que Colombia, aparentemente, es una democracia. Lo dicen la ONU y otras organizaciones internacionales de derechos humanos: la casi totalidad de muertes son producidas por agentes del Estado y sus paramilitares. La inmensa mayoría de asesinados no son guerrilleros ni sus posibles colaboradores. Bien lo expresa Unai Aranzadi, el director del documental La Colombia invisible: “Si superponemos el mapa de la presencia de las multinacionales y de los grandes megaproyectos económicos, sobre el mapa de la presencia paramilitar, veremos que coinciden perfectamente.” Además de tener más efectivos en sus Fuerzas Armadas que cualquier otro país de América Latina, se calcula que 20.000 paramilitares están bajo su mando, sembrando el terror, haciendo el trabajo sucio y financiándose con el tráfico de cocaína. El trabajo de Unai se titula La Colombia invisible porque muestra una Colombia que no existe para los grandes medios hegemónicos de comunicación. Ellos relegan a la insignificancia el dolor y la muerte de miles y miles de humanos, quizás porque casi todos son pobres. Nada importa que se descuarticen mujeres, bebés, adolescentes y ancianos a machete o motosierra; que para desaparecer los cuerpos sean arrojados a lagunas repletas de cocodrilos, criados para tal fin, o quemados en incineradores, como lo hizo el nazismo. Hace pocos años se encontraron más de dos mil cadáveres en una fosa: el Ejército nada sabía, aunque pocos metros la separaban de una instalación militar. Esto no existe para el mundo, porque la gran prensa oculta o tergiversa. O las dos cosas. Unai fue a Colombia, y por poco no se recupera de lo que vio y filmó. Recuerdo cuando me contó que ya tenía ese testimonio listo para ser mostrado, pero, ¿dónde? ¿En qué sala? ¿A quién le podría importar el tema? Quería hacer copias y regalarlas. Pero el contenido de su obra es tan humanamente terrible y, en especial, honesto, que ha ganado ya varios premios internacionales.


Cuando vi el documental me volvió a doler mi Colombia, repleta de riquezas como pocos países en el mundo, y con millones de sus gentes que huelen a pobreza y sufrimiento. Pero que ante cualquier esperanza de una vida mejor sonríen optimistas.

Hernando Calvo Ospina, periodista colombiano. Autor de Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado, prólogo de Ignacio Ramonet, Foca, Madrid, 2008

 

Del 18 al 21 de septiembre de 2014 se realizará en Tibú, Norte de Santander, el IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina que convoca a organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, internacionales, instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones y a la academia.


2014/ Septiembre 14/ Política Agraria/ Por: ANZORC

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC, es un movimiento social campesino que congrega 54 organizaciones promotoras de ZRC en Colombia, es un espacio de articulación y coordinación de las organizaciones campesinas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y defensa de la tierra y el territorio para el campesinado, particularmente de las Zonas de Reserva Campesina. Esta figura amparada por la ley y la Constitución Política permite, mediante la presencia institucional y las políticas públicas, el ordenamiento territorial, social, ambiental, económico y productivo de territorios campesinos.

Pese a las restricciones de política impuestas a las Zonas de Reserva Campesina, esta figura ha demostrado ser una alternativa viable y eficaz en la estabilización de comunidades, el fortalecimiento de la economía campesina, la planificación concertada del desarrollo rural, el acceso a la tierra y la protección ambiental.

Desde la reactivación de las ZRC en el país (2010) con el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos y en el marco de concertación con el INCODER, la ANZORC ha realizado tres encuentros nacionales de Zonas de Reserva Campesina, que han fortalecido la propuestas de las organizaciones agrarias, la interlocución con la institucionalidad, la cooperación internacional y la academia, asimismo se ha exigido el cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y la visibilidad a la sociedad en general de la importancia del sector rural para la vida del país.

Diversos sucesos ocurridos el 2013 marcaron un hito para la lucha social y popular en Colombia; el paro agrario protagonizado en la región del Catatumbo con una duración de 53 días, marcó un precedente histórico en la movilización social, popular y campesina, contando con un importante apoyo de población urbana en distintas ciudades del país. El Paro Nacional Agrario determinó la necesidad de unificar esfuerzos de los distintos sectores de la ruralidad colombiana, concretándose en la conformación del espacio de la Cumbre Agraria, étnica y popular. Este escenario de unidad, ha sido definitivo para las jornadas de movilización que se desarrollaron durante el presente año; y para la interlocución con el gobierno nacional.

En esta perspectiva, los movimientos sociales agrarios y populares, tenemos como perspectiva seguir los procesos de interlocución con el gobierno nacional, pero sin dejar de lado la movilización permanente que conlleve satisfactoriamente a dar solución a las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado, y a brindar las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la democracia y la paz con justicia social.

Por tanto, este 2014 es un año decisivo y de importantes avances en unidad por la lucha agraria y popular por la democracia, el derecho al acceso a la tierra, la protección del territorio, el medio ambiente, la economía campesina, los derechos del campesinado y el avance hacia la paz con justicia social. Del mismo modo, decisiones jurisprudenciales como la de la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del capítulo XIII de la Ley 160 o; como el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta que ratificó la constitucionalidad del proceso de declaración de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo; nos brindan elementos que fortalecen las exigencias de reconocimiento de las comunidades campesinas, al tiempo que imponen la necesidad de fundamentar, aún más, las apuestas programáticas de la ANZORC en materia de relacionamiento intercultural.

En este sentido como todos los años desde el 2010, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, tiene el gusto de convocar a las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, academia, organizaciones internacionales, instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones a participar del 18 al 21 de Septiembre de 2014, en Tibú, Norte de Santander del IV Encuentro Nacional de ZRC como escenario de reivindicación de los Derechos Campesinos y hacia la construcción de propuestas territoriales de relacionamiento intercultural e interétnico para nuestro país rural; en este encuentro esperamos abrir espacios para discutir la pertinencia de la lógica de la inter y trans culturalidad a la hora de cualificar las reivindicaciones específicas de cada comunidad y organización campesina asistente, esto parte del proceso de construcción de un enfoque de Derechos Campesinos.

Mayor información: cuarto.encuentrozrc@gmail.com
Tel. 310 3435667

“Zonas de Reserva Campesina: Una iniciativa Agraria de Paz”

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, REDDHFIC, denunció el ametrallamiento indiscriminado ejecutado por ejército contra los ocupantes de la lancha que se desplazaba en el sector de la bocana entre los ríos Gulpe y Guiza, en el municipio de Tumaco del departamento de Nariño.


2014/ Septiembre 10/ Derechos Humanos/ REMAP/

Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre, cuando el vehículo con pasajeros era conducido por el señor Anoraldo Cortés. Relata la REDDHFIC:

Siendo la 1:00 de la tarde, en el sector de la bocana entre los ríos Nulpe y Guiza, cuando el señor ANORALDO CORTES iba conduciendo una lancha con pasajeros, miembros del Batallón de Alta Montaña No. 54 del Ejército Nacional realizaron ametrallamientos indiscriminados en contra de los ocupantes del vehículo.

Por fortuna los pasajeros de la lancha salieron ilesos. Sin embargo igual suerte no acompañó a su conductor, Anoraldo Cortés, quien luego de caer del vehículo no pudo ser hallado, mientras la Fuerza Pública, con presencia en la zona, jamás dio razón de su paradero.

Cinco días después, el 7 de septiembre, seria encontrado por la comunidad el cuerpo sin vida del señor Anoraldo Cortés, con varios impactos de proyectil de arma de fuego.

La REDDHFIC ha denunciado este hecho que cobró la vida de un campesino integrante de la Asociación de Juntas Comunales de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), y que a su vez hacía parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, y responsabiliza al Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, así como al Brigadier General Mario Augusto Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, y Coronel Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la Vigésima Tercera Brigada, por las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas contra la población civil.

-Ver denuncia de la REDDHFIC

Si en otras protestas el Gobierno actuó promoviendo la estigmatización, el odio y la desinformación a través de los medios privados de comunicación, en el Paro Regional del Pacífico su fin estuvo enfocado en silenciar cualquier resonancia posible.

Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. Marcha contra los corruptos

2014/ Septiembre 2/ Por: Alexander Escobar

Desconocer alcaldes, bloquear el comercio y el transporte, son acciones que contienen elementos de un levantamiento popular y que traspasan las fronteras de un paro cívico. Esto fue lo que atemorizó al Gobierno del Paro Regional del Pacífico contra la corrupción, una protesta masiva que durante once días se desarrolló en once municipios de la Costa Pacífica nariñense y caucana desconociendo a quienes ostentan el poder. No importa que los fines del paro no hayan sido insurreccionales, o que buscasen derrocar o sustituir a mandatario alguno por una junta de gobierno popular, proponemos hablar en términos de levantamiento porque lo importante son los efectos en el imaginario de los pobladores de la Costa Pacífica que perdieron el miedo al poder institucional, lo cuestionaron y enfrentaron, efectos que el Gobierno hoy quiere borrar y silenciar.

Inicio del levantamiento

El 10 de agosto el miedo se apoderó del Gobierno colombiano. Sus esfuerzos por detener el Paro Regional del Pacífico contra la corrupción habían fracasado, y once municipios atendían el llamado a levantarse en los departamentos de Cauca y Nariño. No sirvieron los intentos de estigmatizarlo con las voces de alcaldes y la Fuerza Pública de municipios como Guapi, donde el 6 de agosto señalaron de terroristas a los organizadores del paro en una reunión convocada para los comerciantes; o como sucedería el 9 de agosto en el municipio de Mosquera, donde la Fuerza Pública acusó al líder Heriberto Campaz de promover un “paro armado” de la guerrilla en la región.

Mucho terror promueve quien teme por sus actos criminales. Derechos fundamentales masacrados, saqueo del territorio a través de concesiones otorgadas a multinacionales, paramilitarismo, clientelismo y corrupción sistemática, definen la política de Estado que teme al pueblo cuando éste se levanta, y que utilizando la Fuerza Pública y los medios de comunicación privados trata de atemorizarlo para que desista de su osadía.

Pero el pueblo se levantó, no se dejó amedrentar. El Charco, La Tola, Mosquera, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, Magüi Payán, Roberto Payán y Barbacoas fueron los ocho municipios que se levantaron en Nariño; y Guapi, Timbiquí y Lopez de Micay, los tres del Cauca que desde el 10 de agosto hicieron parte del paro.

El ocultamiento

Si en otras protestas el Gobierno actuó promoviendo la estigmatización, el odio y la desinformación a través de los medios privados de comunicación, en el Paro Regional del Pacífico su fin estuvo enfocado en silenciar cualquier resonancia posible. No se conoce comunicado público del Gobierno para un paro que durante once días mantuvo a once municipios de la Costa Pacífica en un levantamiento que desconoció la representatividad institucional cerrando alcaldías y paralizando el comercio y el transporte.

El hecho sienta un nuevo precedente dentro de las confrontaciones entre los poderes del Estado y el pueblo movilizado, en tanto que ejemplifica que la represión no solo está basada en la imposición de la fuerza por medio de las armas y los aparatos de seguridad estatales, sino que también se da en términos del ocultamiento de su realidad cuando un levantamiento masivo representa un “mal ejemplo” a seguir por los demás sectores de la sociedad.

Municipio de Magüi Payán, Nariño. Desarrollo del Paro Regional del Pacífico

Once municipios en paro fue noticia que no tuvo relevancia en los medios de comunicación que ostentan el monopolio de la audiencia en el país. Solo alguna información por radio y prensa escrita llegó a circular, y en televisión quizá tres o cuatro noticias fueron presentadas por las grandes cadenas televisivas[1]. Ni siquiera los acuerdos firmados entre el Gobierno y los voceros de los manifestantes tuvieron el despliegue noticioso que significaba poner fin a las actividades del paro.

El mensaje del Gobierno a los medios fue claro: el Paro Regional del Pacífico contra la corrupción no tuvo inició ni final, simplemente no existió, y su “mal ejemplo” debe ser olvidado. Y claro también fue el mensaje de los medios: somos una vergüenza nacional que atiende las agendas del Gobierno y no las necesidades de la comunidad.

“Pacífico” no implica que no existan acciones de hecho

El fracaso de no lograr contener el levantamiento en once municipios del país, es una derrota que la propaganda del Gobierno trata de convertir en un juego de palabras para desconocer la contundencia de las acciones de hecho que le obligaron a sentarse a discutir con los manifestantes. Analicémoslo mejor. ¿Por qué este paro es considerado como “pacífico”, y otros no? ¿Si las alcaldías de ciudades como Cali y Bogotá fuesen cerradas y tomadas por manifestantes, cuál sería el desenlace? La orden de desalojo sería inminente, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) llegaría para acabar con la protesta. Igual sucedería si en vez de bloquear el tránsito de lanchas, se bloquearan las carreteras del país.

Los desenlaces violentos en las manifestaciones pacíficas son consecuencia de la represión contra la protesta social. Si las alcaldías de Cali y Bogotá hubiesen sido bloqueadas, la Fuerza Pública actuaría causando heridos y detenidos, y el Gobierno emitiría un comunicado rechazando “las vías de hecho y las acciones violentas” de los manifestantes. Extraño resulta entonces que el cierre de alcaldías de municipios como Santa Bárbara de Iscuandé y Magüi Payán no fuera considerado como actos violentos y acciones de hecho a rechazar. La no llegada del ESMAD para contener las protestas en los once municipios de la Costa Pacífica obedece a una decisión del Gobierno de no llamar la atención sobre el paro y evitar la radicalización del mismo, y también se debe a las dificultades demográficas de la zona que obligarían a diseñar un operativo sin precedentes en la historia de Colombia.

Se equivocan por tanto quienes hablan del Paro Regional del Pacífico como una protesta pacífica, y se equivocan no porque no lo sea, se equivocan porque lo hacen para estigmatizar las acciones de hecho que utiliza el pueblo colombiano como única vía para ser escuchados y exigir sus derechos, acciones de hecho que las comunidades de la Costa Pacífica nariñense y caucana utilizaron al igual que las han empleado otras protestas pacíficas y paros desarrollados en el país.

Lo que preocupó y preocupa al Gobierno

Las exigencias del paro están contenidas en el Mandato por la vida digna y contra la corrupción que comprende once puntos que serán discutidos en la Mesa Subregional del Pacífico nariñense y caucano. La conformación de la Mesa es producto de las exigencias de los manifestantes donde convergen los once municipios que se levantaron contra la corrupción. Esto último, el robo y saqueo sistemático del presupuesto público, es lo que preocupa al Gobierno desde el inicio: miles y miles de personas levantadas contra los poderes institucionales debido a la corrupción y el clientelismo que caracteriza a los mandatarios de estos municipios. Porque corrupción, robo y saqueo es la constante en el país, y esa constante puede replicar en otros levantamientos que pondrían al Gobierno en una situación complicada donde tendría que entrar a reprimir las protestas contra el robo y saqueo que sostiene a los poderes que gobiernan. La indignación sería enorme y la represión del Estado radicalizaría la situación desprestigiando a los poderes institucionales por completo y, por tanto, provocarían la pérdida definitiva del respeto hacia ellos. Un Gobierno que reprime para proteger a los corruptos quedaría en evidencia, y la indignación daría paso al surgimiento de movimientos cívicos que se articularían con procesos organizativos ya existentes que trabajan para alcanzar la paz con justicia social y la construcción de una nueva sociedad...

La preocupación del Gobierno se mantiene. La conformación de la Mesa Subregional del Pacífico nariñense y caucano es solo el primer paso de un triunfo histórico de las comunidades que derrotaron las situaciones adversas de protestar en medio del aislamiento, la propaganda negra del Gobierno y el silencio infame de los medios de comunicación.

El Paro Regional del Pacífico fue un hecho sin precedentes en Colombia debido a sus protagonistas y la forma como el Gobierno actuó para silenciarlo. Nuevos rostros y líderes conocimos durante un levantamiento descentralizado y diferente a los movimientos sociales que tienen presencia en la capital del país, y con una duración de once días donde habitantes de once municipios desconocieron a los poderes institucionales locales. Es casi inimaginable el escenario de resistencia que se produjo y que por todos los medios quiere ocultarse, pues estamos hablando de una población cercana a las 240 mil personas que de una u otra forma apoyaron el levantamiento y que ahora dejan al Gobierno temeroso de lo que pueda suceder.


La dignidad de las comunidades de la Costa Pacífica estalló en un acto de rebeldía que a pesar de tener todo en contra hizo de la resistencia un acontecimiento novedoso muy al estilo de la región: un levantamiento con toda la alegría, los anhelos, la marimba, la voz y el sacrificio de quienes con consignas y cantos empezaron a dibujar su rostro en los ríos olvidados del país. Es toda esa gente protestando lo que el sol refleja hoy, y que empezaron a salir de los ríos, de los esteros y playas, para confrontar la injusticia con su imagen plasmada en la memoria de cada atardecer.



[1] Tres medios de comunicación alternativa cubrieron permanentemente las protestas: Celuloide, Décima Comuna y REMAP (Red de Medios Alternativos y Populares). También se destaca los informes realizados por el medio local de la ciudad de Cali PaZífico Noticias, el seguimiento de los medios alternativos, y la nota especial realizada por la Revista Semana, El paro invisible contra la corrupción.

Esta negativa es entendida por las organizaciones de la Cumbre como la continuidad de la falta (fallo) de reconocimiento político que padece históricamente el campesinado en el ordenamiento administrativo y político del país.



2014/ Agosto 24/ Cumbre Agraria/


Durante los últimos meses organizaciones campesinas colombianas han solicitado al gobierno nacional incluir la categoría de campesino en el censo nacional agropecuario que se realizará este año por iniciativa gubernamental.

Esta solicitud fue reiterada como reivindicación al gobierno durante las conversaciones que se adelantaron en el marco de la Mesa Única establecida entre la Cumbre Agraria y el gobierno nacional, cuyos acuerdos permitieron poner fin a las movilizaciones campesinas, indígenas y afro de las organizaciones de la Cumbre. Desafortunadamente no fue posible llegar a un acuerdo sobre la inclusión de la categoría y el concepto de campesino en el censo. El gobierno nacional adujo diferentes razones de carácter técnico que no constituyen argumentos satisfactorios que expliquen la negativa gubernamental de incluir al sujeto campesino en la encuesta agropecuaria.

Esta negativa es entendida por las organizaciones de la Cumbre como la continuidad de la falta (fallo) de reconocimiento político que padece históricamente el campesinado en el ordenamiento administrativo y político del país.

Teniendo en cuenta:

1. Que las organizaciones campesinas no fueron tenidas en cuenta en la preparación y formulación del censo nacional agropecuario, una herramienta fundamental en el diagnóstico, la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y la planificación del desarrollo rural.

2. Que el DANE y el gobierno nacional no estuvieron dispuestos a acoger las propuestas de inclusión en el censo de las organizaciones campesinas.
3. Que un censo agropecuario debe ser incluyente de la totalidad de los sujetos políticos, sociales y productivos del campo colombiano.

4. Que la exclusión del campesinado, de las Zonas de Reserva Campesina, de las Zonas Agroalimentarias y de otras formas de territorios campesinos del Censo Agropecuario, obedece a una decisión política excluyente del gobierno nacional.

Llamamos:

A todas las organizaciones campesinas de la cumbre agraria a no participar de ninguna actividad relacionada con la realización del censo agropecuario, a rechazarlo de manera frontal como ilegítimo, a no responder a la encuesta y a denunciarlo como una actividad gubernamental arbitraria que no contó con la participación de los sujetos sociales y políticos del mundo rural: los campesinos y las campesinas de Colombia.

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular


Con acuerdos firmados entre el Gobierno y los voceros del Paro Regional del Pacífico, los once municipios de los departamentos de Nariño y Cauca que se levantaron contra la corrupción desde el 10 de agosto, hoy se anotan un triunfo histórico que será el comienzo de una lucha de grandes proporciones en favor de sus comunidades y el pueblo colombiano.


2014/ Agosto 21/ Paro Regional del Pacífico

ACTA DE ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LA COORDINACIÓN SUBREGIONAL DEL PACIFICO NARIÑENSE Y CAUCANO


Siendo las 4pm del día 21 de agosto de 2014, en el municipio de Iscuandé- Departamento de Nariño, el gobierno nacional y la coordinación subregional del Pacifico nariñense y caucano acuerdan:

I. SUBMESA MANDATO: En el día de hoy se abordan los puntos 1 y 6 del Mandato por la vida digna y contra la corrupción en su alcance regional.

En esta mesa participaron los órganos de control, la Fiscalía, el Programa Presidencial de Transparencia, el Ministerio de Agricultura y representantes de la coordinación subregional del Pacífico nariñense y caucano, los acuerdos logrados son:

1. Se crea la comisión de la verdad y la transparencia, integrada por la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Secretaria de la Transparencia de la Presidencia.
2. Se acuerda un cronograma de trabajo de esa comisión, que realizará por parte de la contraloría general un ejercicio de control  fiscal con auditorias y actuaciones especiales por los municipios de Iscuandé, Guapi y El Charco. El proceso de investigación de la comisión se iniciará en el municipio de Iscuandé del 1 al 5 de septiembre. Si es necesario se ampliará en una semana el tiempo de trabajo de la comisión.
3. Este proceso se realizara en los 11 municipios, posteriormente se programara la visita a los demás municipios.
4. La coordinación subregional del Pacífico nariñense y caucano se compromete a enviar un derecho de petición a la procuraduría nacional para solicitar la designación de una delegación especial que atienda las denuncias de los diferentes municipios, en el entendido que las procuradurías regionales también son objeto de denuncia. Se solicitara también el cambio de radicación de los procesos que en este momento cursan en las procuradurías regionales.
5. La coordinación subregional del pacifico nariñense y caucano se compromete a enviar un derecho de petición a la Contraloría Nacional para el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.
6. Como medida inmediata se inició la recepción de denuncias en el Colegio municipal de Iscuandé que recogió los municipios de Iscuandé, El Charco y Timbiquí. Aclarándole a la ciudadanía que a partir del 1 de septiembre, el equipo auditor debe recibir todas las denuncias que se pongan a consideración.

II. SUBMESA FORMALIZACION

En esta mesa participó el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, los gobernadores del Cauca y Nariño, y representantes de coordinación subregional del Pacífico nariñense y caucano, los acuerdos logrados son:
1. El gobierno nacional reconoce la existencia de la mesa como un espacio de concertación entre las comunidades del pacífico sur y el gobierno nacional.
2. A más tardar el 15 de septiembre, el gobierno nacional presentará el mecanismo administrativo para formalizar la mesa subregional del Pacífico nariñense y caucano.
3. Inicialmente la mesa tendrá 4 reuniones cada 20 días y después una vez al mes. Cuando sea necesario de acuerdo a las partes se convocaran reuniones extraordinarias.
4. LUGAR DE LAS REUNIONES: Las primeras cuatro sesiones se realizarán en el municipio de Guapi, después las reuniones mensuales tendrán sede rotativa en los municipios que hacen parte de la mesa.
5. OPERACIÓN DE LAS REUNIONES: Las cuatro reuniones iniciales parten de una agenda que se trabaja inicialmente en plenaria y luego trabajará en comisiones de las submesas.
6. COMPOSICION:

Por parte del gobierno:

La mesa será integrada por el Ministerio del Interior convocará a las demás instituciones del gobierno e invitará a las  instituciones del estado.
Por parte de la coordinación del pacífico:

Los delegados de la coordinación del pacífico será 1 persona por municipio.

7. SECRETARIA TECNICA
La secretaría técnica estará conformada por dos miembros por cada una de las partes y se encargará de las convocatorias y de ayudar a redactar actas, etc.

8. GARANTES:  Se invitará al sistema de Naciones Unidas y a la iglesia para que acompañen a la mesa y realicen el ejercicio de moderación

9. SUBMESAS PERMANENTES

A. SUBMESA GARANTIAS Y DERECHOS HUMANOS. Hacen parte de esta: El Ministerio del Interior, la unidad nacional de protección, Defensoría del pueblo y demás  entidades pertinentes, así como las personas definidas por la coordinación de la mesa.
B. SUBMESA TRANSPARENCIA: Estará integrada por los Órganos de control y la fiscalía. Programa presidencial de la transparencia y los delegados definidos por la coordinación del pacífico.
C. SUBEMESA TECNICO POLITICA SOBRE LAS DEMANDAS  Y AGENDAS PROPIAS DEL PACIFICO: Discutirá  políticas públicas, planes, programas y proyectos para el pacífico nariñense y Caucano. El El  documento que se debatirá es el Mandato por la vida digna y contra la corrupción en su contenido regional. Las discusiones nacionales serán abordadas por la mesa Única Nacional.

Estará integrada en forma permanente por el Ministerio del Interior, el ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Adicionalmente harán parte de ella todas las instituciones requeridas para darle cumplimiento a los acuerdos.

Para efectos de la organización esta mesa será la encargada de definir la agenda de cada reunión.

PARAGRAFO: Los gobernadores de Nariño y Cauca serán invitados permanentes  y las personas que ellos consideren pertinentes.

11. LOGISTICA: El gobierno nacional y los entes territoriales garantizaran dentro de los marcos normativos y presupuestales el desarrollo de las sesiones programadas de la mesa.

12. PROXIMA REUNION: Jueves 18 de septiembre, 9am en Guapi. Tendrán tres objetos: Recepción de la propuesta del gobierno nacional sobre el instrumento de formalización, instalación formal de las mismas.  Abordar en la submesa técnico política el punto 6 del mandato.

Al respecto en la reunión de hoy en la submesa se tocó el punto 6 del mandato para lo cual la coordinación del pacifico presento propuesta que será analizada por el gobierno y discutida en la reunión del 18 de septiembre.

III. SUBMESA DE GARANTIAS Y DERECHOS HUMANOS

En esta mesa participo el Ministerio del Interior, la unidad nacional de Protección, defensoría del pueblo y representantes de la coordinación del pacífico. Los acuerdos logrados son:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. El gobierno Nacional se compromete a gestionar 20 trámites de emergencia para los líderes y lideresas de la protesta, consistente en apoyos de un medio de comunicación. Estos cupos se asignarán de un listado que presenten  los líderes  de la mesa técnica a través del señor Jorge Luis Valencia García, que incluirá la identificación de los beneficiarios, correo electrónico, número de contacto.

Entre tanto, si eventualmente se presenta una persona acusando riesgo inminente, la defensoría del pueblo se compromete presentar por trámite de emergencia ante la unidad nacional de protección la situación.

En todo caso, la Unidad Nacional de Protección se compromete a hacer la evaluación de riesgo dentro de los términos legales establecidos para lo cual los aspirantes a las medidas de protección se obligaran a presentar los formularios de inscripción diligenciaos, fotocopia de la cedula de ciudadanía y certificación de la organización a la que pertenece y certificación de la denuncia ante la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría lo cual puede ser opcional.
La presentación de la documentación se debe hacer antes del 30 de agosto de 2014 ante la unidad nacional de protección al correo electrónico mauricio.martinez@unp.gov.co, teléfono 3212774445.

APERTURA DE PROCESOS DE JUDICIALIZACION DE QUIENES GESTAN EL PARO.

1. En el evento de que se lleguen a presentar judicializaciones  o aperturas de procesos penales y/o disciplinarios por hechos relacionados con la movilización social del pacifico, el Ministerio del Interior se  compromete a gestionar una reunión con la fiscalía general y procuraduría general, si fuera el caos, para socializar el escenario presentado.

La defensoría del pueblo expone que la protesta social es un derecho social y constitucional, luego, entonces, en el evento en que se presente judicialización de un dirigente del paro, ofrecerá los servicios de la defensoría pública.

2. Exigencias de no estigmatizar la región o las personas

El Ministerio del Interior se compromete a librar comunicación a cada uno de los alcaldes y personeros con el fin de recordar a los servidores sobre la no estigmatización de la región o a quienes participaron en la protesta del pacífico caucano y nariñense, y el Ministerio de defensa hará lo propio ante la fuerza Pública.

Dichas comunicaciones serán leídas dentro de los consejos de seguridad municipales y entregados a los líderes de la protesta.

3.  Exigir que la defensoría del Pueblo dé trámite a las quejas presentadas

El director nacional de Atención y Trámite de Quejas se compromete a recibir y tramitar las quejas que la comunidad presente.

Los defensores comunitarios de cada departamento se encargarán de recepcionar las denuncias que los diferentes municipios que hacen parte de la coordinación subregional de la Costa Pacífica nariñense y caucana presente de forma constante y oportuna.

El cumplimiento y avance en los compromisos serán revisados en la reunión del 18 de septiembre.

Finalmente los líderes de la coordinación Subregional del Pacífico nariñense y caucano dieron lectura al Mandato por la vida digna y contra la corrupción (Se anexa), el cual será objeto de discusión en el desarrollo de las mesas.

Con base en los acuerdos y compromisos anteriores la coordinación subregional del Pacifico nariñense y caucano se compromete a levantar la protesta social y las vías de hecho que adelanta en los 11 municipios del litoral pacífico nariñense y caucano,  para garantizar su normal funcionamiento.

Para constancia se firma en el Acta original:

Juan Camilo Restrepo Gómez
Viceministro de Relaciones Políticas (Ministerio del Interior)

Aníbal Fernández de Soto            
Viceministro de Desarrollo Rural

Raúl Delgado Guerrero
Gobernador de Nariño

Luis Higuera
Contraloría General de la República

Henry López
Procuraduría General de la Nación

Heriberto Campaz
Vocero Región Sanquianga

Orlando Quiñones
Vocero Región Telembí

Hugo Nelson Banguera
Vocero Cauca

Estos hechos son de suma gravedad, al punto que estaríamos hablando de la configuración del ‘paramilitarismo informático’ en Colombia, una realidad que hoy pretende ocultarse al presentar el tema como una disputa de poder entre el gamonalismo uribista y las élites que respaldan al presidente Santos.

Hacker ecuatoriano Daniel Bajaña en la Sala de Redacción de PaZífico Noticias

2014/Junio 19/ Por: Alexander Escobar/

El cierre del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) no terminó con las interceptaciones ilegales y el espionaje contra la oposición política en Colombia. Casos como los de ‘Andrómeda’ y el hacker Andrés Sepúlveda, son solo el comienzo de la descentralización de una estrategia de guerra que busca desvincular a los organismos de seguridad del Estado con actividades ilícitas, al igual que la creación del paramilitarismo pretendía, entre otras estrategias, limpiar la imagen de los Fuerzas Militares que en forma directa asesinaban a la oposición política y la población civil.

Sin embargo, del mismo modo que el paramilitarismo jamás dejó de contar con la complicidad del Estado, con el cierre del DAS el espionaje tampoco se desvinculó de los organismos de seguridad del Gobierno colombiano.

Estos hechos son de suma gravedad, al punto que estaríamos hablando de la configuración del ‘paramilitarismo informático’ en Colombia, una realidad que hoy pretende ocultarse al presentar el tema como una disputa de poder entre el gamonalismo uribista y las élites que respaldan al presidente Santos.

Que el derrotado candidato de la extrema derecha Oscar Iván Zuluaga ocupe la atención de los casos de espionaje, luego de revelados los videos que lo involucran a él y a su hijo con el hacker Andrés Sepúlveda, es solo parte del ocultamiento de información mucho más valiosa que testigos claves deberían aportar sobre las actividades de interceptación ilícita que mantienen un común denominador: atacar a la izquierda y la oposición política colombiana.

El hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, hoy detenido por sus vínculos con Andrés Sepúlveda, podría constituir una pieza clave en el asunto. Varios de sus correos fueron interceptados y revelados por PaZífico Noticias el 4 de junio, y en ellos se aprecian las tareas encomendadas al hacker contra la oposición política. En uno de los correos se detalla lo siguiente:

“ya estuve haciendo adelantos jrcominde@hotmail.com es un opositor verraco quizás con contactos con las farc, kata.parejaro@hotmail.com es una opositora que parece la familiar de alguien, quizás es infidelidad, el opositor jrcominde, maneja cosas fuertes contra el gobierno y también vale la pena borrar información”.  (Ver correo)


El correo es del 13 de octubre de 2013, mucho antes que salieran a la luz pública el caso Andrómeda y las actividades ilícitas de Andrés Sepúlveda. El trabajo de espionaje e interceptación ilegal lo realizaba Bajaña para quien nombra como “mi Mayor Carlos”, y en cuyo correo también figura como Andrés Vélez. Para este oscuro personaje, el ecuatoriano además realizaba tareas informáticas para el CTI de la Fiscalía (ver correo), hechos que indican que personas vinculadas a los organismos de seguridad del Estado mantienen relación con los hackers que sirven al paramilitarismo informático.

Otra persona de alto rango estaría vinculada con Bajaña, identificada como ‘Lord x’, y a quien el hacker también se refiere como “mi mayor”.  El siguiente correo es del 7 de mayo de 2014, casi siete meses después de establecidos los primeros contactos con ‘Andrés Vélez’:

“mi mayor manténgame al tanto cuando me llame hábleme de capacitación etc. no hable de interceptación anti delincuencia, me gustaría si puedo ir a Palmira a hablar con el Capitán, ya que no tengo nada que ocultar...”. (Ver correo)

Aunque estos son correos ya difundidos, poco –o nada– se dice sobre lo que realmente significan: la prueba fehaciente del espionaje orquestado contra la izquierda y la oposición política en Colombia, y cuya tarea se encomienda a hackers pagados a sueldo que actúan con la complicidad, o la dirección, de los organismos de seguridad del Estado

Pero no todos los correos han sido revelados. Uno nuevo, y que pasó desapercibido por los medios de comunicación, establece una relación entre ‘Lord x’ y ‘Andrés Vélez’, oscuros personajes vinculados al paramilitarismo informático desde tiempo atrás.

“Bendiciones seguir avanzando mañana para mi mayor J, y ver como llego a Cali, y ya está listo el módulo de infección, web y apenas se carga la ppt solo activa la macro apenas ejecute la diapositiva el virus se ejecuta”. (Ver correo)

El correo describe un tipo de virus que se instala a través de una aplicación de Power Point, sin embargo su importancia radica en la fecha de envío y a quienes va dirigido en forma simultánea:


Como se observa, cumplida la tarea de creación del virus, de inmediato es reportada a ‘Lord x’ y ‘Andrés Vélez’ (to: Lord x Andresd Vélez). Esta revelación constituye un dato de valor incalculable, puesto que establece que los dos personajes trabajaban conjuntamente en el mismo proyecto de espionaje e interceptación ilegal, un dato que se complementa con la fecha del correo, octubre 17 de 2013, porque indica que sus actividades no estaban necesariamente relacionadas con Andrés Sepúlveda. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, que el paramilitarismo informático viene implementándose desde tiempo atrás contra la izquierda, la oposición política, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente, y que los casos de Andrómeda y Andrés Sepúlveda son solo apartes hoy visibles, o fragmentos de un proyecto de guerra cuyas proporciones desbordan ampliamente las revelaciones del silencio cómplice y sumiso de los hackers.

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