Por: Luz Mery Panche Chocue
Desde hace varios años, en diferentes espacios, y desde diversas posiciones políticas, se ha ido sembrando en el imaginario colectivo nacional, una serie de paradigmas que han profundizado no solo el racismo contra los pueblos indígenas sino la exclusión, el rechazo e incluso la violencia física contra voceros, Autoridades, instalaciones, mingas/ movilizaciones, amenazas, que en varias regiones ha significado acciones concretas de grupos armados legales e ilegales en contra del Movimiento Indígena.
En el documento anterior mencionamos varias cifras oficiales que denotan la magnitud del exterminio histórico que afrontan los pueblos originarios y vamos a tratar de exponer algunos factores que consideramos importante analizar para asomarnos al diverso mundo indígena y alimentar el debate nacional sano, respetuoso, serio y que genere impactos en la vida de la nación.
En esta oportunidad vamos a dar algunas puntadas sobre el álgido asunto de la tierra y el territorio, que además de ser eje central para la existencia digna de los pueblos originarios, también ha sido catalogado como la raíz de los conflictos, social, político y armado, que han dejado tanto dolor, miedo y pobreza en la mayoría de los que habitamos este país.
Según el Decreto 2164 de 1995, contenido en el Decreto 1074 de 2015, define que los Territorios Indígenas “Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. (…)”. De esta manera se reconoce el derecho territorial de los pueblos que originariamente y por miles de años lo han habitado, es decir propietarios ancestrales. Y esto obedece a que el concepto de linderos, de fronteras no hace parte del lenguaje propio de estos pueblos, que asumen el manejo adecuado del territorio desde la Ley de Origen o Palabra de Vida y del Derecho Mayor o Derecho Natural.
Como resultado del proceso histórico de despojo territorial, iniciado desde hace 527 años, para el caso específico de Colombia, los Pueblos Indígenas fueron obligados a reducir su ámbito territorial a través de la imposición de los Resguardos desde la colonia hasta nuestros tiempos. Hoy existen 115 Pueblos Indígenas en Colombia con 719 Resguardos legalmente constituidos, que corresponden apróximadamente al 30% de la totalidad del territorio nacional. Y este dato general suscita discursos y posiciones políticas desde el gobierno, el estado y partidos tradicionales, para oponerse a las solicitudes justas de entrega de tierras para la constitución de nuevos resguardos y procesos de saneamiento y ampliación.
Lo que no se visibiliza en este asunto territorial es la calidad y vocación de los suelos adjudicados como Resguardos donde el 71% de la tierra están ubicados en la franja de bosque húmedo tropical y de ella, 27 millones de hectáreas están ubicados en la región de la selva amazónica, es decir que cerca del 87% del territorio indígena es territorio selvático habitado por 64 de los 115 pueblos indígenas registrados oficialmente además de los Pueblos en Aislamiento Voluntario o no Contactados aún con lo que llaman civilización. Cabe aclarar, que, en la Amazonia, no todo el territorio indígena es de su exclusiva propiedad ya que un gran número de resguardos esta traslapado con áreas de los 11 Parques Nacionales Naturales que allí se han conformado.
Tampoco podemos desconocer que la gestión de esos territorios, aún en la Amazonía siempre ha estado condicionada por los actores armados presentes y ha sido imposible avanzar en garantías y el reconocimiento pleno de las Autoridades Indígenas como Autoridades Ambientales. Ahora bien, si analizamos en términos de población, del 1.905.517 del total nacional de personas indígenas, (según DANE y recalcamos aquí el amplio subregistro poblacional), apróximadamente 200 mil indígenas habitan en los seis (6) departamentos que conforman la región de la selva amazónica colombiana, (estos seis departamentos tienen una población total de cerca de un millón doscientas mil personas), ocupando el 87% de la totalidad del territorio indígena en Colombia.
Y es importante resaltar aquí que ha sido fundamental el establecimiento de resguardos en la amazonia colombiana porque han sido precisamente los pueblos originarios, quienes han dado ejemplo de cuidado, conservación y protección ambiental y del manejo adecuado de la selva amazónica como pulmón y corazón del planeta. Tarea nada fácil y que se ha convertido en un alto riesgo para la seguridad y la salud física y territorial debido a la entrega irresponsable de concesiones y contratos para la explotación de petróleo y minerales, así como para la construcción de hidroeléctricas y estructura vial, sin resolver los graves procesos de contaminación de importantes ríos como el Putumayo, San Miguel, Caquetá, Caguán, entre otras fuentes hídricas que hoy están envenenadas con mercurio (Hg) y de las cuales se abastecen para su consumo los pobladores rivereños que están muriendo envenenados también. Es sabido además que las tierras amazónicas son especialmente importantes para la conservación ecológica y no tienen vocación agropecuaria, por lo tanto, sería muy grave cambiar esa vocación.
Con los datos anteriores queda claro que las tierras de resguardos ubicados en la región andina, el pacifico, la costa caribe y la Orinoquia, corresponden solo al 13% del total territorial habitado por el 85% del total de indígenas colombianos. Pero además habría que tener en cuenta que de ese 13% existe un gran porcentaje de tierras indígenas ubicadas en áreas de bosque húmedo tropical, paramos y otras áreas de protección ambiental. Podemos decir entonces que, en regiones con alto número de población, a diferencia de la zona selvática, los pueblos originarios viven en alto grado de hacinamiento por su estrechez territorial, mientras que a su alrededor aún persisten los grandes latifundios, fruto del despojo territorial histórico y otros que han consolidado los industriales como sucede con los ingenios azucareros en el Valle del Cauca o los arroceros en el Tolima. Insistir en la reforma agraria se hace necesario, especialmente en regiones como el Cauca donde el hacinamiento de los pueblos indígenas es evidente, sobre una amplia geografía de montaña y paramos que no debería intervenirse por su vocación de conservación natural y por tratarse de sitios sagrados ancestrales desde su Ley de origen.
Al acercarnos a esta realidad, queda sin piso asegurar que los Pueblos originarios de Colombia no necesitan tierra o que son terratenientes, pero además queda claro que en medio de la precariedad han logrado sostener practicas ancestrales para convivir en armonía con la naturaleza y que se hace preciso concretar sus propuestas e iniciativas para garantizar no solo la propiedad colectiva de la tierra sino el ejercicio de todos los derechos que han conquistado con sus luchas históricas y que hasta ahora han tenido tan poco desarrollo en sus comunidades.
Estos tiempos son tiempos de cambio y la realidad nos plantea retos que se deben asumir desde diferentes niveles del Estado y del Gobierno, y con mayor fuerza desde las comunidades para ejercer su derecho a la participación real. No esperemos cambiar repitiendo las mismas acciones que hoy nos muestra el fracaso de la intervención del estado en materia de salud, de educación, de tecnología, de economía y desarrollo. Es imperante reconocer que ha sido equivocada la actuación estatal para resolver el cáncer del narcotráfico y la corrupción tanto en los ámbitos público y privado, así como las buenas intenciones por la conservación ambiental que debe convertirse en un principio rector de todas nuestras acciones y que los pueblos originarios en Colombia juegan un papel muy importante para realizar tales cambios, no solo para garantizar su existencia sino el Buen Vivir de todos. Dejamos por ahora dejamos hasta aquí estas pocas líneas.
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