CONPI | Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas

Gobierno pretende expropiar tierras de campesinos afirmando que son de las FARC

Invitación

Audiencia pública y Constituyente cocalera en Meta

Audiencia pública por los derechos del campesinado Macarena, Meta. 28-29-30 de septiembre 2015

Tomado de AGENCIA PRESA RURAL

25/ 09/ 2015/ POR: AGENCIA PRENSA RUAL.

Desde la coordinación nacional de pueblos indigenas de Colombia CONPI, saludamos y acompáñanos este evento, que es un espacio necesario para consolidar fuerzas e impedir que el gobierno siga utilizando artimañas, para desacreditar a las comunidades que viven organizadas en las zonas de conflicto.

Rechazamos rotundamente, la extigmatizacion que realizan las instituciones publicas del estado colombiano como el INCODER, por nombrar una de tantas, en contra de los campesinos, indigenas y afros, catalogandolos como terroristas; si bien tenemos en claro que somos comunidades organizadas, formadas y conscientes, de los derechos constitucionales que tenemos, y que hacemos respetar, le hacemos saber a los funcionarios públicos, que un pueblos así no se le puede decir terrorista, al contrario debe respetarlo, escucharlo, atenderlo y defenderlo ante las manos criminales de las multinacionales y los burgueses capitalistas colombianos.

La CONPI, como una instancia Nacional, con presencia en el departamento del meta, tiene claro que las tierras que se dicen, ser de los insurgentes de las FARC-EP, son realmente de las comunidades que buscan una paz con justicia social, y por ende velara por garantizar que esto se lleve del dicho al echo.

PUBLICACION PRENSA RUAL

Invitación

Audiencia pública y Constituyente cocalera en Meta

Mesa de Unidad Cívico, Agrario y Popular del Oriente Colombiano - Mucapoc / Viernes 25 de septiembre de 2015

Audiencia pública por los derechos del campesinado Macarena, Meta. 28-29-30 de septiembre 2015

En días pasados el Gobierno Nacional, junto a instituciones como el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, anunciaron la recuperación de “tierras de las Farc” refiriéndose a un gran predio de 277 mil hectáreas ubicado en inmediaciones de los departamentos de Caquetá, municipio San Vicente del Caguán, y Meta, municipio de La Macarena.

Dicho procedimiento, por el conocimiento con el que se cuenta de la región, presenta serias inconsistencias que el Gobierno y las entidades competentes deben aclarar, toda vez que en la extensa y atípica área del mencionado “baldío” son varias las acciones que el mismo Estado ha desarrollado: la constitución en 1999 de la Zona de Reserva Campesina, adjudicación de predios baldíos a campesinos en su interior, el mismo Incoder adelantó estudios para la sustracción de una parte de Zona de Reserva Forestal junto con Corpoamazonía y Parques Nacionales, se adelantaron estudios también para la creación de la Zona de Reserva Campesina de Losada Guayabero, Cormacarena y el Sinchi, y para el Plan de Manejo Integral de un sector del distrito especial de La Macarena, el otorgamiento de créditos a familias campesinas y organizaciones por parte del Banco Agrario, asimismo desde 1970 el Estado colombiano ha reconocido la personería jurídica a más de 300 Juntas de Acción Comunal presentes en el área del mencionado predio.

En el marco de estas mismas acciones otras entidades nacionales y organismos de cooperación internacional han desarrollado proyectos con organizaciones campesinas de esta región entre las que se encuentran: el Ministerio de Ambiente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, la Agencia Alemana para la cooperación técnica -GIZ- y la Unión Europea por solo mencionar algunas. Son más de 10 mil millones de pesos los que se han invertido en el área del denominado “baldío de las FARC”.

Los labriegos y habitantes de esta región han tenido que padecer la confrontación armada y los conflictos asociados a ella, pero la peor lesión colectiva ha sido la estigmatización por ser una región de presencia de la insurgencia. Hoy el gran temor es que una vez más se está estigmatizando a los pobladores de la región que podrían ser sujetos de despojo de los predios en los que han vivido por décadas y que se aducen según la resolución 810 de 2015 del Incoder. Por informes de inteligencia militar usados en el proceso de extinción “es un predio de las FARC” lo cual fue irresponsablemente multiplicado por medios de comunicación. Todo lo anterior sin el debido respeto a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa que asiste a los campesinos.

Considerando esta grave situación que amenaza la permanencia y la vida digna en los territorios de las comunidades campesinas que allí habitan se cita a la Audiencia Pública sobre las tierras de los campesinos que se llevará a cabo en el municipio de La Macarena, Meta los días 28, 29 y 30 de septiembre del año en curso. Para este evento se esperan más de 3000 personas entre campesinos, colonos e indígenas de la región y las organizaciones que los representan como la Asociación Campesina y Ambiental del Losada Guayabero –Ascalg-, la Asociación de Colonos del Pato –Amcop-, Asojuntas, la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí –Corpoayari-, la Corporación por la defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Área de Manejo Especial de la Macarena Corpoamem, Asopeproc, Núcleo Catalina y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina Anzorc.

La participación de todos en este evento será de mucha importancia puesto que el devenir de los campesinos es incierto y sólo si se aúnan esfuerzos se podrá hacer una defensa eficaz del territorio.

Inquietudes, preguntas o sugerencias se pueden realizar a través del correo electrónico: corpoayari12@gmail.com

Orden del día para la Audiencia pública de tierras y territorios y Constituyente cocalera.

Lunes 28 de septiembre:

9:00 a 11:00 am: llegada de los asistentes y ubicación de las delegaciones en los diferentes alojamientos.

12:00 m: apertura del evento en el coliseo central. Invitados: Congresistas y representantes a la cámara, alcaldes y entidades locales, líderes de los movimientos sociales nacionales y de la región.

6:00 pm: cierre de la primera jornada.

7:00 pm: cena.

Martes 29 de septiembre:

6:00 a 8:00 am: desayuno.

8:00 am: inicio Audiencia Pública por la tierra y el territorio.Invitados: subdirección de tierras del Incoder, PNN Cormacarena, Defensoría del pueblo, Asuntos étnicos del Ministerio del interior, Ministerio de Agricultura, autoridades locales, Procuraduría Agraria.

12:30 a 2:00pm: almuerzo.

2:00 a 4:00 pm: intervención de autoridades y personalidades convocadas.

4:00 a 6:00 pm: elaboración de acta de acuerdos y hoja de ruta para la resolución de los conflictos.

5:00 a 7:00 pm: cena

7:00 a 9:00 pm: actos culturales

Miércoles 30 de septiembre:

6:00 a 8:00 am: desayuno.

8:00 am a 12:00m: constituyente cocalera.

12:30 a 2:00 pm: almuerzo.

2:00 a 3:00 pm: declaración política, cierre del evento.

3:00 pm: salida de las delegaciones

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, RECHAZO A FALSOS POSITIVOS JUDICIALES.

COORDINACIÓN NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS CONPI.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.

La coordinación nacional de pueblos indígenas CONPI, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, los hechos de persecución, empadronamiento señalamiento y estigmatización que viene desarrollando la fuerza pública: ejército, policía CTI, en contra nuestros hermanos indígenas, causando con estos infracción a los derechos humanos y al DIH, pisoteando con esto la libre movilidad de nuestros hermanos a lo largo y ancho del territorio nacional, hechos inconstitucionales por parte de las instituciones estatales teniendo en cuenta que se desconoció y pisoteo nuestra jurisprudencia como pueblos originarios.

Hechos.

El día Martes 15 de septiembre del año en curso, sobre las 3:00 pm fue detenido por miembros de la Policía Judicial-seccional Cauca, nuestro hermano indígena del pueblo NASA FELICIANO VALENCIA en el municipio de Santander de Quilichao-Norte del cauca, ya que tenía una orden de Captura por el Supuesto delito de Secuestro simple. Cabe recalcar que su situación judicial ya se había definido en primera instancia y estaba absuelto de dicho delito, sin embargo el tribunal superior del Cauca de manera arbitraria y argumentando que había pruebas suficientes como para reabrir el caso, revocó la Sentencia y profirió orden de captura. Este hecho genera gran desconcierto en todo el sector indígena a nivel nacional, puesto que se desconoce y se pisotea nuestra jurisprudencia indígena, al tiempo que viola el derecho constitucional a la jurisdicción especial.

El día 13 de septiembre en horas de la mañana en el municipio de la macarena Departamento del Meta, miembros de las fuerzas militares adscritas al batallón Número 3 de la fuerza de despliegue rápido (FUDRA) irrumpen en la sede del Movimiento Alternativo Indígena Social MAIS, solicitan a nuestro hermano MILLER GUAINAS quien acababa de llegar a dicha sede. De manera muy abusiva y con agresiones verbales lo requisan le piden sus documentos de identificación y registran su maletín y luego los soldados en compañía de dos agentes de la policía nacional conducen al compañero MILLER a la estación de policía, posteriormente estos soldados se retiran de la escena. Ya estando en la estación de policía y después de haberlo retenido por algunos minutos, fue empadronado y fotografiado en repetidas ocasiones.

Cuando algunos compañeros que se encontraban con MILLER a esa hora le preguntaron a los agentes del porqué de esta retención, los agentes de policía manifiestan que era un procedimiento normal, ya que al no reconocerlo como parte de la comunidad y por sus rasgos indígenas era necesario hacerle un registro.

Por todo lo anterior rechazamos enfáticamente estos actos que viene ejerciendo la fuerza pública, en contra de los integrantes de nuestros pueblos indígenas, al tiempo que rechazamos toda clase de persecución sistemática del estado para con los demás sectores sociales del país.

Hechos como los que denunciamos demuestra la grave deficiencia que tiene el gobierno del Dr. JUAN MANUEL SANTOS en materia de garantías a los derechos humanos y demuestra la crisis por la que atraviesan los indígenas, afros, campesinos y toda la clase popular, pues una cosa es el discurso de la paz, pero por otra cosa son las violaciones que hacen sus agentes militares y sus cuerpos de seguridad que causan este tipo de infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Sin garantías para nuestros líderes ¿Cuál Paz?

Finalmente exigimos el respeto a nuestras normas y procedimientos de carácter jurisprudencial que tenemos los pueblos indígenas para que liberen de forma inmediata a nuestro hermano FELICIANO VALENCIA y se le brinden las garantías a todo su debido proceso, al igual que para nuestro hermano MILLER GUAINAS, y para todos nuestros compañeros que están siendo perseguidos, para que cesen radicalmente las persecuciones que viene ejerciendo el estado en contra nuestra población al igual que para todos los perseguidos de las clases populares del País.

Por ultimo responsabilizamos al gobierno colombiano en cabeza del presidente de la republica Dr. JUAN MANUEL SANTOS por todo lo que pueda ocurrirle a nuestros compañeros en mención como a cualquier integrante de nuestros pueblos indígenas a lo la largo y ancho del territorio nacional.

Santafé de Bogotá septiembre de 2015.

COORDINACIÓN NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS CONPI

Foto: Archivo, Radio Macondo.

HIJO DE CANDIDATO DE LA UP AL CONCEJO DE SUCRE, CAUCA, SUFRIÓ ATENTADO.

La víctima es Didier Fernando Quinayás, hijo de Ricardo Quinayás, más conocido como Choroto; dirigente campesino del sur del Cauca, miembro de la Asociación de Trabajadoras y trabajadores de Sucre, el Movimiento Político y social Marcha Patriótica, militante del Partido Comunista Colombiano, y candidato al concejo de Sucre por la Unión Patriótica.

15/09/2015/ Por: C.C. Cauca

Los hechos se presentaron en el municipio de sucre en el cauca, cuando la noche del sábado 12 de septiembre, hombres desconocidos ingresaron al establecimiento público donde departía el joven Quinayás con sus amigos y lo atacaron de manera indiscriminada; allí resultó herido otro hombre identificado como Elkin Yesid Quinto Gutiérrez.

De acuerdo con información oficial, el joven recibió cuatro impactos de bala, por lo que fue necesario remitirlo a la clínica la Estancia de la Ciudad de Popayán, en donde se encuentra en estado crítico. La víctima es Didier Fernando Quinayás, hijo de Ricardo Quinayás, más conocido como Choroto; dirigente campesino del sur del Cauca, miembro de la Asociación de Trabajadoras y trabajadores de Sucre, el Movimiento Político y social Marcha Patriótica, militante del Partido Comunista Colombiano, y candidato al concejo de Sucre por la Unión Patriótica.

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” afirmó que se había denunciado ante las autoridades policiales las múltiples amenazas, hostigamientos, seguimientos e ingresos irregulares en su domicilio de las que era víctima el candidato Ricardo Quinayás y su familia.

La Coordinación Nacional de Pueblos indígenas rechaza y denuncia estos hechos que ponen en riesgo la vida y la integridad de los líderes campesinos y sus familias, al tiempo que exige al gobierno Nacional las garantías necesarias a todas las organizaciones y sectores populares, no solo del Cauca sino de todo el País, para poder ejercer el legítimo derecho a participar en la construcción de una mejor Colombia, de una Colombia con justicia social del pueblo y para el pueblo.

Cierre fronterizo en Zulia: La Guajira, esclavismo y gasolina

La paraeconomía ha esclavizado a personas Wayúu y mestizos de un lado y del otro de la frontera por el Zulia.

09/ 09/ 2015/ POR: AGENCIA PRESA RURAL.

Entre todos los pueblos indigenas, los Wayúu son los mas numerosos en Colombia, dicho pueblo hermano, tiene las peores condiciones de de vida digna. No por que les haga falta carros o edificios u manjares en sus platos, si no por que el agua se les prohibe, las condiciones de trabajo no se ajustan a sus necesidades y contexto, como el caso que se presenta en la nota de AGENCIA PRENSA RURAL, que revela una grave situación de esclavismo moderno, que genera mas miseria y dependencia de los pillos no indigenas, eso es degradante indigno que un pueblo originario y ancestral como los Wayúu, con toda la capacidad artística cultural y manual, tenga que verse obligados a volverse contrabandistas para sobrevivir, afectando así la economía de un país hermano como Venezuela.

Hoy la CONPI, nos solidarizamos con los hermanos Wayúu, y nos comprometemos a poner nuestros corazones y espíritu en difundir e intermediar en todos los espacios para visibilizar el padecimiento del pueblo indígena del desierto colombiano.

LA NOTA DE AGENCIA PRENSA RURAL :

Cierre fronterizo en Zulia: La Guajira, esclavismo y gasolina

Se ha producido el cierre fronterizo con Colombia y el decreto de estado de excepción en tres municipios del estado Zulia, siendo esta medida, coherente y complementaria con el cierre que ya se decretó desde el estado Táchira. Esta medida, amplifica los efectos de golpe contra la paraeconomía institucionalizada y practicada en el eje fronterizo colombo-venezolano.

El cierre en el Zulia tiene un conjunto de coordenadas políticas, económicas, étnicas, socioculturales y geográficas, bastante particulares, si comparamos esta experiencia con lo que concierne al estado Táchira. Sobre esas variables, la medida de protección fronteriza que ha ordenado el Presidente Maduro, yacen también las claves de las estrategias que ahora se abren paso en el Zulia.

El cierre por Paraguachón vía Maicao en Colombia, recrudece la visibilidad de Colombia como país claramente estructurado sobre el capitalismo que ha relegado al oriente colombiano al ostracismo económico, la marginalidad y la dependencia de Venezuela por medio de actividades lícitas e ilícitas. Colombia reprodujo dentro de su territorio un conjunto de relaciones centro-periferia que en el caso de todo el área de influencia de la Guajira se ha expresado en la marginalización sostenida y profunda del pueblo Wayúu.

La particularidad Wayúu

El pueblo originario Wayúu, quienes milenariamente han ocupado Colombia y Venezuela, no conocían de líneas fronterizas hasta la consolidación de nuestros Estados-nación. Como herederos originarios de ese territorio, han desglosado un conjunto de relaciones socioculturales particulares que han sido reconocidas en la Revolución Bolivariana y que han devenido en el reconocimiento de la nacionalidad indígena, que no es exclusivamente venezolana ni colombiana, sino Wayúu.

Basados en el principio del libre tránsito de personas, las familias y clanes, médulas fundamentales del sistema de organización Wayuu, se han diseminado con mayores garantías en un lado fronterizo y el otro. El comercio, y también el contrabando, se han incorporado como realidad para el desenvolvimiento de la vida socioeconómica en esa parte de Venezuela y Colombia.

Relegados al abandono, a la exclusión estructural y a una pobreza acentuada por condiciones del medio natural y la disponibilidad de recursos, los guajiros han sido históricamente violentados por el sistema capitalista que, luego de condenarlos a la pobreza, ha asumido su esclavización, expresada ésta ahora en variantes de nuevo tipo como el comercio ilícito. Sólo una parte indeterminada, pero minoritaria, de la población Wayúu ha cedido a esta esclavización de nuevo tipo. Las condiciones estructurales de la Guajira se han atenuado mucho del lado venezolano a partir de la rigurosa política bolivariana de atención al pueblo indígena, pero eso no ha inhibido la esclavización del lado colombiano, quienes también tienen la libertad de ir de un lado al otro por su origen étnico.

Sobre el pueblo Wayúu ha caído el estigma, intentándose con esto sancionar moralmente de manera no diferenciada a un pueblo que en su mayoría es honesto y trabajador, ocultando además el hecho de que los actores reales de los flagelos económicos fronterizos no son Wayúu, son “alijunas” (cuya interpretación actual es forastero, blanco, no Wayúu). Es decir, factores poderosos de la paraeconomía cambista, contrabandista y paraca, que operan libremente en Colombia y que ahora asedian la economía venezolana extendiendo sus tentáculos hasta nuestro territorio con colaboración de factores paraempresariales, distribuidores y mayoristas en el occidente venezolano. Hablamos de factores de poder, personas y grupos apegados al poder económico y político de Colombia, y factores de poder en la economía venezolana.

La paraeconomía ha esclavizado a personas Wayúu y mestizos de un lado y del otro de la frontera por el Zulia. Se han valido del libre tránsito Wayuu para tales fines, pero también les han favorecido las condiciones del territorio fronterizo del norte del Zulia, pues este estado no tiene las condiciones dramáticas de la geografía que sí existen desde la Sierra de Perijá y por la cordillera andina. El terreno llano, desértico y extenso les ha servido para trasladar con facilidad ingentes cantidades de combustibles y productos de la cesta básica venezolana, en una red logística que se proyecta con fuerza desde el oeste de Maracaibo hasta bordes fronterizos naturales fluviales como el Río Limón.

La cuestión detrás de este esclavismo, es que éste se encuentra institucionalizado y legalmente refrendado en Colombia. Por ejemplo, existe el Decreto 1980 de 2003 por el cual se reglamenta la distribución de combustibles en las Zonas de Frontera del Departamento de La Guajira y se otorga a la etnia Wayuu la autorización para “importar” combustibles desde Venezuela en sus artículos 1ero y 2do. Esta es una ley que sigue en vigor, pese a que en estos momentos y desde hace años Venezuela no exporta gasolina a Colombia.

Esta ley plantea el relacionamiento de Ecopetrol con cooperativas Wayúu “importadoras” de combustible, que se registren como “terceros” o “minoristas” ante el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. En sus consideraciones iniciales les reconocen como “Introductores de combustible de la frontera colombo-venezolana” por medio de cooperativas (Ecui, Wayucoop y Coovencoma) declarando, a su vez, que el contrabando es una realidad que ellos llaman “nuevas condiciones de vida y trabajo” en la referida Ley. En otras palabras, reconocen la miseria estructural de los Wayúu y los esclavizan, tanto al servicio de mafias contrabandistas que han tomado el liderazgo de familias Wayúu para manejar la gasolina, y a su vez tercerizándolos para EcoPetrol.

El cierre fronterizo por el Zulia

Este cierre es bastante diferenciado al de Táchira. En la Guajira venezolana, aunque muchos podrían beneficiarse de la actividad del contrabando, el beneficio real para quienes allí habitan es minúsculo, es irrisorio, si entendemos que los beneficios del contrabando son inmensos y son captados por élites paraeconómicas en Colombia y en Venezuela. Pero no por ser minúsculos, dejan de ser importantes para una población que muy poco tiene. Dicho de otra manera, hablamos de que el contrabando es una actividad sensible allí, ha creado unos vínculos de dependencia entre el pueblo estructuralmente relegado que vive allí.

El diario zuliano La Verdad, reseñando a su vez un trabajo especial que realizara El Impulso, se pronunció por la probable “explosión” de la frontera si se cerraba el paso de “La Raya”, reseñando además una supuesta frase de los caciques guajiros, quienes en la misma nota no aparecen, no figuran, no declaran. En todo caso, esta zona es considerada como altamente sensible en condiciones de cierre, asumiendo que los flagelos económicos se han consolidado de manera tal, que vitalizan las actividades de la vida en muchos ámbitos en esa zona. Implican el flujo de dinero, pese a que el mismo contrabando destruye el flujo de mercancías del lado venezolano.

Sopesando esas cualidades estructurales y esas contradicciones de la economía malsana, el gobernador Arias Cárdenas viene desarrollando la acumulación de conocimiento, como medio instrumental para el abordaje de la zona, y han creado el Instituto de Estudios Fronterizos, dependencia de la Gobernación del Zulia. Sus resultados dan cuenta del impacto concreto que tendría el cierre fronterizo, de ahí que lo inmediato al cierre ha sido el abordaje social en la zona.

El vicepresidente Jorge Arreaza anunciaba a sólo horas del cierre el desarrollo de un plan especial del Gobierno para la zona, entiéndase: rehabilitación de escuelas, nuevas viviendas, fortalecimiento de la cobertura educativa de calidad, canaimitas y becas escolares, mejoras de la vialidad, nuevas unidades de transporte Yutong, mejoras y ampliaciones en las estrategias de abastecimiento comunitario directo, entre otras que yacen en la asignación de créditos y financiamientos especiales para el desarrollo de actividades económicas alternativas.

Este cierre y estas medidas sociales se realizan en simultáneo a una grave sequía y crisis humanitaria en la Guajira del lado colombiano. En 2014 un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia apuntó: “La constante del departamento de La Guajira es el sufrimiento: de las madres que han perdido a sus hijos e hijas; de los niños y niñas que caminan bajo el ardiente sol en busca de agua; y del pueblo Wayúu acorralado por el hambre, la violencia y la corrupción”. De hecho, durante este año la situación ha sido declarada de “calamidad pública” por el mismo gobierno de Santos, y aunque en Colombia declaran que tal calamidad se debe a los efectos de “El Niño”, cierto es también que la construcción de la represa “El Cercado” ha secado el Río Ranchería, uno de los pocos que atraviesa el desértico Departamento de La Guajira en Colombia.

En otras palabras, se ha declarado el libre tránsito Wayúu en la zona, pese al cierre fronterizo y dadas estas situaciones de genocidio en Colombia, seguramente muchas familias Wayúu pasarán al lado venezolano. Indudablemente así será si el Gobierno Bolivariano asume estrategias especiales de atención en nuestra Guajira. Así debe hacerse, ese es su territorio ancestral.

Efectos esperados

El cierre fronterizo, la rigurosa ocupación de las trochas, la aplicación del estado de excepción para desmontar nidos criminales y contrabandistas, podrá significar la reducción sustancial del contrabando de combustibles, que según el presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, en febrero de este año según declarara al diario Panorama, podría aproximarse a los 100 mil barriles/día, agregando que el 60% del contrabando tiene lugar desde el Zulia.

Aunque la medida excepcional abarca municipios fronterizos como Bolivariano Guajira, Mara e Insular Almirante Padilla, el contrabando tiene una plataforma gigantesca instalada en Maracaibo y San Francisco, en almacenes, caletas, puntos mayoristas y distribuidores, que han sido el puerto de embarque medular a la actividad del contrabando de productos de la cesta básica venezolana. Dicho de otra manera, el efecto sobre el abastecimiento se hará sentir, aunado al hecho de bloqueo de bachaqueros de los sistemas de compras en abastos.

Las colas de gasolina en Maracaibo comenzaron a ceder desde este miércoles 9 de septiembre. Ya en Mara y otros puntos rumbo a Paraguachón se acabaron las colas por gasolina.

En semanas, se apreciarán los efectos reales del cierre fronterizo en el Zulia. De su consistencia y prolongación dependerán los mismos.

FUENTE : AGENCIA PRENSA RURAL

EL DEBATE EN BLANCO Y NEGRO: CUMBRE AGRARIA Y GOBIERNO

Esta es la realidad, son un sin numero de debates que se han echo, pero son poco los que el gobierno a permitido mostrar, por eso siempre !deciden puertas cerradas!

09/ Septiembre/ 2015/ POR: C.C. CONPI

Esta es la realidad, son un sin numero de debates que se han echo, pero son poco los que el gobierno a permitido mostrar, por eso siempre !deciden puertas cerradas!

Hoy la lucha de un pueblo, decidido a exigir paz con justicia social, gana una batalla mas y logra visibilizar la razón de ser de las manifestaciones.

¿Por que marchamos? pregunta la gente, aquí esta la muestra de que hemos sido explotados, excluidos y empobrecidos y que estamos decidimos a luchar por cambios estructurales, esos que suenan en cada corazón y mente de los indignados.

Marchamos, paramos el país, por que el gobierno nos incumple, no por que no tengamos nada que hacer, ya Bogota lo sabe, por que aportamos a la paz hoy damos un voto mas, de confianza al gobierno.

La lucha continuara hasta que los cambios estructurales en el país, que beneficien a los explotados se materialicen en echos.

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