Seguimos indignados, porque consideramos
que los acuerdos incumplidos, las políticas regresivas, la democracia
restringida, la estigmatización y discriminación de nuestras luchas y
conquistas, la persecución política por parte del Estado son actos injustos y
ofensivos contra la esperanza de paz con justicia social que anhela el pueblo
colombiano.
A dos años del paro nacional agrario (19 de agosto de 2013) y la Minga
Indígena Social y Popular (Octubre de 2013), en el que las comunidades rurales
presentaron al país los problemas reales que atacan al campo colombiano,
seguimos esperando que el gobierno haga honor a su palabra y cumpla con los más
de 200 acuerdos suscritos, de los cuales más del 70% han sido incumplidos.
En esa oportunidad, el pueblo indignado recurrió a las vías de hecho, a la
minga y la movilización para exigir sus derechos obteniendo la represión, las
amenazas y la cárcel como respuesta inmediata del Estado. Luego cuando cansados
de los golpes, la cárcel y la muerte recurrimos a las vías legales y los
procedimientos administrativos del Estado, nos encontramos con trámites,
papeleos, exigencias y tecnicismos que impiden acceder a nuestros derechos y
que se concreten los acuerdos pactados.
¿Por qué el Estado es diligente para negociar con los gremios económicos y
agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio,
mientras a las comunidades agrarias se les criminaliza, estigmatiza, persigue e
ignora?, Nos preguntamos: el Estado y el Gobierno entonces ¿para qué y para
quién?
Quienes con nuestra fuerza de trabajo sostenemos a Colombia, labrando la
tierra, llevando los alimentos a la mesa de cada colombiano(a) todos los días,
luchando cotidianamente por una vida con dignidad, hacemos un llamado al pueblo
colombiano a movilizarnos por lo que consideramos una política de doble
discurso; porque mientras se habla de paz, se continúa haciendo la guerra
contra el movimiento social y contra el pueblo en general, mediante medidas
políticas y jurídicas que legitiman el despojo que está a la base del conflicto
social y armado.
El reciente informe del Censo Nacional Agropecuario evidencia una vez más
que el país requiere de profundas transformaciones si queremos superar la
inequidad en el uso y tenencia de la tierra que se encuentra en manos de un
diminuto 0,4 % de propietarios que posee el 41 % de los 113 millones de
hectáreas de uso agrícola. Las comunidades rurales, quienes producen el 70 % de
la comida de los(as) Colombianos(as) poseen propiedades que tienen menos de
cinco hectáreas (70 % de las fincas). Frente a este panorama, el gobierno
insiste en imponer una reforma agraria ajustada a sus intereses y promover un
proyecto de ley que pretende evadir las restricciones legales a la
concentración de tierras baldías en las denominadas Zonas de Interés de
Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) adjudicando los baldíos no sólo a
campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a
grandes inversionistas agroindustriales; legalizando de esta manera la
acumulación de tierras, facilitando el despojo mediante la figura de
expropiación, favoreciendo la extranjerización de la tierra, el agua, los
bienes comunes e incentivando alianzas productivas asimétricas entre campesinos
y corporaciones agroindustriales, todo lo cual agravaría la desigualdad e
inequidad en Colombia.
De otra parte vemos como el Plan Nacional de Desarrollo PND (PND 2014
-2018. “Todos Por un Nuevo País”) responde a las exigencias de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en nada se
corresponde con su aspiración de Paz, Equidad y Educación, pues sigue
sustentando el “desarrollo del país” en la explotación de materias primas
entregadas a empresas multinacionales, dejando desplazamiento, quiebras de las
economías propias, perdida de diversidad biológica y cultural, a cambio de
recursos financieros que no cubren siquiera los pasivos sociales y ambientales
de la explotación. Esto teniendo en cuenta que la crisis mundial de los precios
del petróleo y materias primas deja una balanza comercial negativa para
el país.
No es posible que se entregue el territorio nacional y los bienes comunes a
la explotación minera y petrolera mientras que se importan alrededor de 10
millones de toneladas en alimentos gracias a los TLC; mientras a los
campesinos, indígenas, afrocolombianos y sectores populares se les despoja de
sus territorios y bienes comunes para su subsistencia y la soberanía
alimentaria de toda la nación.
El campo colombiano lo han convertido en un campo de batalla sembrado de
muertes que hoy más que nunca necesitan florecer y dar frutos para la paz. Esos
frutos solo serán posibles si abrimos campo a la participación política de las
comunidades agrarias para la definición de una Reforma Agraria Integral para el
Buen Vivir, pero con la participación activa de los sectores populares en las
ciudades.
Sabemos que no solo los campesinos, campesinas, indígenas y negros somos
excluidos en este país, los rigores de las políticas de Estado en contra de los
colombianos, también la padecen sectores como la salud, la educación, los
transportadores, los trabajadores entre otros, todos somos víctimas del mismo
sistema que cada día nos empobrece más.
Por estas y muchas otras razones invitamos a la ciudadanía, al país entero
a que nos movilicemos entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre en las que
hemos denominado jornadas de la indignación, campesina, étnica y popular
para que nos expresemos sin que nos cueste la vida y la libertad, para rechazar
y debatir todas esas políticas de Estado que nos indignan y excluyen,
buscando construir desde abajo y entre todos y todas el país que
queremos.
Convocan:
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Organización Nacional indígena
de Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario CNA,
Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria
MUA, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
ANZORC, Asociación Campesina Popular Asocampo, Coalición de movimientos y
organizaciones sociales de Colombia COMOSOC, Movimiento por la Constituyente
Popular MCP, Asociación Nacional Campesina ASONALCAM, Proceso de Comunidades
Negras PCN, Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO.)
Cumbre Popular Urbana
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – Anjeco
Comuna Universitaria
Partido Comunista de Colombia – PCC
Unión Patriótica – UP
Juventud Comunista Colombia – Juco
Clamor Social por la Paz
Asociación para el desarrollo agroindustrial y mineros de Colombia - Ademac
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitario - ACEU
Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria – ANDES
Colectivo de Jóvenes Trabajadores - CJT
Red de Semillas Libres de Colombia
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública
Sindicato de Trabajadores del Incoder – Sintraincoder
Comité por la Defensa del San Juan de Dios, San Juan de Todos
Freskiemos el Ambiente
Movimiento Social de Discapacidad – MOSODIC
Mesa Ecuménica por la Paz – MEP
@CumbreAgrariaOf
