CONPI | Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA - ACIT

4 de Mayo de 2021

Colombianas, colombianos, pueblos y comunidad internacional:

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) ha seguido con enorme preocupación y tristeza la brutal represión armada que se ha venido presentando con motivo de las protestas legitimas de la sociedad colombiana y los pueblos étnicos en el marco del paro nacional, nos solidarizamos con los cientos de víctimas, desaparecidos y decenas de personas asesinadas, incluidas personas de los pueblos étnicos.

Recordamos que el Acuerdo de Paz reconoce el derecho a la protesta pacífica y la movilización como pilar fundamental del sistema democrático y, como parte de las Garantías de Seguridad para Líderes y Lideresas de Organizaciones y Movimientos Sociales y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, estableció el desarrollo de garantías para la movilización y la protesta pacífica (2.2.2). En el contexto actual la IEANPE considera incumplidas estás garantías por el Gobierno Nacional y demanda del mismo cesar su violación y atenerse a los estándares internacional en materia de protección del derecho a la protesta social, garantizando los derechos de las y los manifestantes, en especial el derecho a la vida y la libertad personal. Rechazamos la persecución judicial de la Fiscalía y otros funcionarios públicos contra las autoridades indígenas de AISO y demandamos el cierre inmediato de los procesos judiciales en curso.

Dada la gravedad de lo hasta ahora sucedido en el marco de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a la población civil perpetradas por las fuerzas públicas que están por contrario instituidas para proteger a todas las personas en su vida y demás derechos y libertades, como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que además establece como derecho fundamental la participación de todos en las decisiones que nos afectan, solicitamos a todas las instituciones del Estado defender la integridad democrática de Colombia y a la comunidad internacional:

1. Solicitar a los Estados Americanos miembros de la OEA y su Secretario General que basado en los principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana convoquen con urgencia un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que se adopten decisiones urgentes para cesar los asesinatos de civiles y la represión del pueblo colombiano y reestablecer el orden constitucional y el estado de derecho en Colombia.

 2. Solicitamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a que en el marco de su mandato y en consecuencia con los crímenes de lesa humanidad que se vienen presentando adelante las investigaciones que se requieran para llevar ante la justicia a todos los responsables de estos crímenes, incluidos altos mandos de Gobierno y de la Fuerza Pública Colombiana y demás perpetradores e instigadores de estas graves violaciones.

3. Solicitamos a todas las Relatorías y demás Mecanismos Especiales de las Naciones Unidas a que se pronuncien rechazando estas graves violaciones a la Carta Internacional de Derechos Humanos y en el marco de sus respectivos mandatos, y en especial de forma conjunta, realicen todas las acciones posibles para proteger los derechos humanos de las y los colombianos y los pueblos étnicos.

4. Requerimos al Secretario General de las Naciones Unidas, por concurso de su Representante Especial de la Misión de Verificación en Colombia, solicitar una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos para tratar la grave situación de derechos humanos en Colombia, incluido el incumplimiento global del Acuerdo de Paz refrendado en noviembre de 2016.

5. Solicitamos al Gobierno de EE.UU, a la Unión Europea y demás gobiernos y estado del mundo a realizar todos los esfuerzos diplomáticos para cesar esta barbarie, e instamos a cortar de la forma más inmediata posible cualquier contribución financiera o de otro tipo con el Gobierno de Colombia hasta que cesen las graves violaciones de los derechos humanos y se regrese a la regla democrática.

6. Instamos a los pueblos del mundo a apoyar desde todos los rincones y con todos los medios a las y los Colombianos y a los pueblos étnicos que continúan resistiendo y ejerciendo su derecho legitimo a la movilización y la protesta pacífica.

La IEANPE seguirá su proceso de seguimiento de esta crítica situación y reitera su férrea disposición para facilitar un diálogo de país e internacional con todas las partes para superar urgentemente la que entendemos como la crisis democrática y de derechos humanos más importante del país desde la Constitución Política de 1991.

LA PROTESTA PACÍFICA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL Y LA MEJOR HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA PARA OPONERSE A CUALQUIER FORMA DE OPRESIÓN O TIRANIA

¡EL PUEBLO NO SE RINDE CARAJO!

Descarga la cartilla, aquí.

CONTENIDO:

Comunicado a la opinión pública

DOLOR Y RECHAZO POR EL ASESINATO DEL LÍDER PALENQUERO FREDMAN HERAZO PADILLA

Desde los procesos organizativos que conformamos la Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ, queremos manifestar nuestro profundo rechazo ante el asesinato de nuestro Hermano, compañero y amigo Palenque FREDMAN ARTURO HERAZO PADILLA, en hechos ocurridos el pasado 15 de enero en el Municipio La Apartada, departamento de Córdoba. Con este lamentable hecho, la cifra de líderes asciende a 1125 desde la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, según INDEPAZ.

Desde la juventud, Fredman, se adentró en el conocimiento y rescate de las herencias culturales del palenque, fue historiador, lingüista, traductor, comentaristas, locutor, conocedor de la religiosidad africana y de la legislación afrocolombiana, profesor y guía turístico. Su conocimiento y experiencia siempre al servicio de las comunidades negras, en especial en los territorios más empobrecidos.

En los últimos años se dedicó a realizar trabajo político organizativo conformando organizaciones afros y apoyando la creación de consejos comunitario en el Caribe, acompañando estudiantes a que accedan a créditos condonables, realizar trabajos religiosos, entre otras actividades. Su quehacer y compromiso contra la opresión, el racismo, la explotación, y la pobreza era invaluable, por eso lo acallaron.

Con dolor y preocupación, solicitamos:

- Al Gobierno colombiano liderado por el presidente IVAN DUQUE la IMPLEMENTACIÓN del acuerdo final de paz, pues éste repercute en las garantías de protección, no solo a las y los firmantes de paz sino a las y los líderes sociales.

- A la Fiscalía General de la Nación, implemente los mecanismos necesarios que conlleven a esclarecer el hecho, responsables materiales e intelectuales del que fue víctima nuestro compañero FREDMAN ARTURO HERAZO PADILLA.

- A la Defensoría de Pueblo acompañamiento y labores de incidencia ante el Estado para la implementación URGENTE de medidas de protección a los lideres sociales.

- A la comunidad internacional, dar seguimiento a la grave situación en materia de derechos Humanos por las que atraviesa nuestro país y acompañarnos en nuestro ejercicio de insistencia por la protección a la vida e integridad de líderes sociales.

El asesinato de Fredman no puede quedar en impunidad, el pueblo negro exige justicia, verdad y reparación. ¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio!

FREDMAN HERAZO, un cimarrón que vivirá para siempre.

Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ

Enero 18 de 2021

La Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ surge como confluencia de autoridades territoriales y organizaciones indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en junio de 2016 en marco de la presión política para incluir el Capítulo Étnico en en marco de las negociaciones de paz en la Habana. En Octubre de 2016, en nuestra primera asamblea de autoridades étnico territoriales desde Quibdó Chocó mandatamos a CENPAZ el impulso a la construcción de paz territorial, la defensa de los derechos ancestrales de los pueblos, la exigencia al cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final y la salida negociada al conflicto armado con el ELN y otros actores armados, en la que seguimos insistiendo.

Somos parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos IEANPE que creo el Acuerdo Final de paz para el seguimiento, monitoreo e impulso a la implementación del Capítulo Étnico del acuerdo de paz. Hemos sido protagonistas de la construcción del Plan Marco de Implementación, con la concertación de los 97 indicadores étnicos, las 27 metas trazadoras y los planes y programas específicos para el cumplimiento de lo acordado en los 6 puntos del Acuerdo de la Habana. Así mismo, hemos venido acompañando la implementación a nivel territorial, participando, dando alertas y generando denuncias, haciendo pedagogía y exigiendo la incorporación del enfoque étnico en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, en los Planes Nacionales Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, y otros logros del la Reforma Rural Integral. Hemos visto avances a los escenarios de Verdad, Justicia y Garantías de no Repetición y ver cercenado el impulso a la participación política y profundización de la democracia. Insistimos en medio de la confrontación que no cesa, y el dolor de los miles que siguen siendo asesinados, en el fin del conflicto armado buscando los escenarios de reconciliación y armonización con los firmantes del acuerdo y que siguen cumpliendo en el mandato de paz que exige Colombia.

Hoy 14 de octubre luego de 3 días de balance nacional y territorial de la implementación del Capítulo Étnico y de las miradas de nuestras autoridades y del monitoreo internacional, en marco de nuestro 4 Convite de Aniversario, declaramos sin ambigüedades que el Estado Colombiano le hace conejo al cumplimiento de la paz en Colombia, miente frente a la supuesta implementación del capítulo étnico y pone en grave riesgo el fin de la guerra en el país. Las comunidades que seguimos creyendo en lo acordado, día a día perdemos la confianza en el gobierno nacional, que con la administración Duque ha dejado claro su oposición a la paz como política de Estado. Esto se comprueba a nivel técnico, donde es claro que no hay avances sustanciales en la garantía y goce efectivo de de derechos para los pueblos étnicos del país contemplados en el Acuerdo Final, el Capítulo Étnico y el Plan Marco de Implementación. La paz no son pequeñas obras de infraestructura, propaganda y cambio de nombres a la oferta institucional, o simulación de cifras y de hechos cumplidos.

No es nuevo que las élites en el poder en el Abya Yala y en Colombia estén en contra de la vida digna de los pueblos y las mayorías. Que persigan la protesta social y la estigmaticen, que incumplan acuerdos y quieran que la muerte criminal sea la que reine. Pero nuestras luchas siempre han sido de largo aliento, nuestro tiempo camina en espiral y parafraseando el himno de la guardia indígena, “¡por cada indio, negro, campesino muerto, otros miles nacerán!” Así que en estos días de octubre a 528 años de resistencia y propuestas de país de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Colombia, en marco de la MINGA por el derecho a la vida y al territorio, mandatamos desde nuestras autoridades territoriales a seguir impulsando desde CENPAZ la agenda de construcción de paz territorial para el buen vivir, y el cuidado y protección de la madre tierra. Nos sumamos a los movimientos sociales, a la comunidad internacional y a los pueblos colombianos a seguir insistiendo en que somos la generación de paz que logrará frenar los intereses del capitalismo en nuestros territorios y que superaremos las élites perezosas, racistas y rentistas en Colombia.

Somos Paz, Somos Minga, Somos CENPAZ

A 528 años de la resistencia y la propuesta, Octubre 12, 13 y 14 de 2020.

Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ. Constituida por: Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia - CONPI, Coordinación Nacional de Comunidades y Organizaciones Afrocolombianas - CONAFRO Comunidades Construyendo Paz en Colombia - CONPAZCOL y la Federación de Pequeño y Medianos Mineros del Chocó - FEDEMICHOCÓ

 Por Luz Mery Panche Directora Asuntos Indígenas AlCentro 

Con este breve escrito pretendemos poner al centro del debate nacional algunos temas de interés relacionados con los Pueblos Originarios de Colombia, que resistimos el exterminio sistemático desde hace más de cinco (5) siglos. No para presentarnos como victimas, sino para hacer entender a la Nación la importancia de la protección y la garantía efectiva de los derechos especiales que han conquistado los pueblos indígenas a través de la movilización y la denuncia permanente. 

ALGUNAS CIFRAS DEL EXTERMINIO 

Según el DANE, en el censo de 2018, en la actualidad existen 115 pueblos indígenas en el país, con un total de 1.905.517 personas, representando el 4,4% de la población total del país. Sin embargo, se habla de un subregistro generado por las distancias geográficas en las que viven muchas de estas comunidades. A la violencia de la guerra se une el racismo, la exclusión e incluso el desarrollo normativo y la imposición de modelos de desarrollo productivo y económico que aumenta los riesgos de exterminio físico y cultural que se ha denominado el Etnocidio de los pueblos con consecuencias como la alta desnutrición infantil muy visible en los pueblos Wayuu, Hitnu, Jiw, Nukak Makú pero que afecta a todos los pueblos indígenas del país. Según INDEPAZ en los últimos cinco (5) años se han asesinado 265 líderes indígenas además de quienes están amenazados. También 203.212 indígenas han sido afectados por el desplazamiento forzado1hasta 2019, sumando las afectaciones por desaparición forzada, violación sexual, minas antipersona, reclutamiento forzado entre otros hechos violentos que aumentan las cifras. 

CITANDO ALGUNAS NORMAS JURIDICAS

Entre otras muchas normas jurídicas relacionadas con los derechos de los pueblos originarios, podemos decir que antes de 1991 solo existía la Ley 89 de 1890 que daba tratamiento de salvajes e incivilizados a los pueblos indígenas e incitaba a avergonzarse y olvidar su identidad cultural, su idioma y tradiciones, amparando el racismo como parte de la cultura 1 En el Registro Único de la Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas se muestra que el 12% de las personas incluidas, han manifestado pertenecer a algún grupo étnico, el 9% se auto reconoce como Negro(a) o Afrocolombiano(a), el 2% como indígena y el 1% como Gitano(a) Rrom). De acuerdo con el lugar de ocurrencia de la victimización, el 71,8% de las víctimas étnicas sufrieron la afectación en alguno de los 170 municipios priorizados para PDET. del país y normalizar la exclusión en la toma de decisiones por parte del Gobierno, el Estado y sus instituciones. Con la Constitución Política de 1991 se reconoció los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y rse atificó el Convenio 169 de la OIT, a través de la Ley 21. 

En 2009, el Estado colombiano se adhirió a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con el Auto 004 de 2009, que se desprende de la Sentencia T-025, la Corte Constitucional ordenó al Estado la protección especial de 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado. El Decreto 1953 de 7 de octubre de 2014, crea un régimen especial para poner en funcionamiento la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas en sus territorios. En el marco de la Mesa Permanente de Concertación, creada en 1996, se han venido construyendo los sistemas propis de educación – SEIP y de salud – SISPI que en muchos de los departamentos y municipios donde hay población indígena, no han tenido mayor cumplimiento. Respecto al derecho fundamental de la consulta previa existen muchas controversias porque se han generado problemáticas internas en las comunidades indígenas y ha sido utilizado por varios políticos como medio para estigmatizar a los pueblos indígenas sin debates sobre las visiones de desarrollo en cuestión. 

ACCIONES DESDE LOS PUEBLOS PARA ABRIR ESPACIOS DE PARTICIPACION 

A pesar del desarrollo normativo “oficial”, no ha sido posible hacer efectivo el ejercicio de derechos y detener el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios quienes se han movilizado en diferentes momentos y en diferentes regiones, con mingas que concluyen con pactos firmados por representantes del gobierno y que no se cumplen, juntando hoy alrededor de 1600 pactos firmados. Entre 2002 y 2010 y específicamente en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se negó la posibilidad de dialogo con los pueblos indígenas y el derecho de participación en la vida política del país.

 A partir de 2010, se ha venido dialogando en el marco de la Mesa Permanente de Concertación donde se ha logrado la construcción concertada de propuestas en los Planes de Desarrollo Nacional y la consulta previa que han dado como resultados normas específicas para los pueblos, así como la inclusión del enfoque de pueblos étnicos como ocurrió con el marco jurídico para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que hoy contiene el Capítulo Étnico en el punto 6.2 gracias a la exigencia de participación en este proceso histórico de paz. 

Desde los Resguardos, parcialidades y asentamientos indígenas se han construido: los Planes de Vida, los 36 Planes de Salvaguarda y el Programa Nacional de Garantía de derechos ordenados por la Corte; también existen algunos Planes de Manejo Ambiental de territorios indígenas y se han logrado espacios de participación en la construcción concertada de algunos Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. De igual manera, se ha logrado la inclusión de Capítulos étnicos en los PDETS así como en el Plan Marco de Implementación, de hecho en en algunos departamentos se ha logrado la expedición de Ordenanzas que reconocen las Políticas Publicas construidas por los propios pueblos indígenas. Sin embrago, ninguno de estos mecanismos de planeación y planificación han podido ser financiados para su ejecución integral. 

Vamos a dejar en este punto la exposición de cifras y acciones de manera general y daremos continuidad en próximas entregas que permitirán acercarlos un poco más a esos mundos que nos ofrecen los pueblos originarios, pues talvez uno de los mayores problemas que tenemos para construir nuestra nacionalidad es la ignorancia sobre las diferentes culturas que convivimos en este bello país llamado Colombia.

Desde hace varios años, en diferentes espacios, y desde diversas posiciones políticas, se ha ido sembrando en el imaginario colectivo nacional, una serie de paradigmas que han profundizado no solo el racismo contra los pueblos indígenas sino la exclusión, el rechazo e incluso la violencia física contra voceros, Autoridades, instalaciones, mingas/ movilizaciones, amenazas, que en varias regiones ha significado acciones concretas de grupos armados legales e ilegales en contra del Movimiento Indígena. 

En el documento anterior mencionamos varias cifras oficiales que denotan la magnitud del exterminio histórico que afrontan los pueblos originarios y vamos a tratar de exponer algunos factores que consideramos importante analizar para asomarnos al diverso mundo indígena y alimentar el debate nacional sano, respetuoso, serio y que genere impactos en la vida de la nación. 

En esta oportunidad vamos a dar algunas puntadas sobre el álgido asunto de la tierra y el territorio, que además de ser eje central para la existencia digna de los pueblos originarios, también ha sido catalogado como la raíz de los conflictos, social, político y armado, que han dejado tanto dolor, miedo y pobreza en la mayoría de los que habitamos este país. 

Según el Decreto 2164 de 1995, contenido en el Decreto 1074 de 2015, define que los Territorios Indígenas “Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. (…)”. De esta manera se reconoce el derecho territorial de los pueblos que originariamente y por miles de años lo han habitado, es decir propietarios ancestrales. Y esto obedece a que el concepto de linderos, de fronteras no hace parte del lenguaje propio de estos pueblos, que asumen el manejo adecuado del territorio desde la Ley de Origen o Palabra de Vida y del Derecho Mayor o Derecho Natural. 

Como resultado del proceso histórico de despojo territorial, iniciado desde hace 527 años, para el caso específico de Colombia, los Pueblos Indígenas fueron obligados a reducir su ámbito territorial a través de la imposición de los Resguardos desde la colonia hasta nuestros tiempos. Hoy existen 115 Pueblos Indígenas en Colombia con 719 Resguardos legalmente constituidos, que corresponden apróximadamente al 30% de la totalidad del territorio nacional. Y este dato general suscita discursos y posiciones políticas desde el gobierno, el estado y partidos tradicionales, para oponerse a las solicitudes justas de entrega de tierras para la constitución de nuevos resguardos y procesos de saneamiento y ampliación. 

Lo que no se visibiliza en este asunto territorial es la calidad y vocación de los suelos adjudicados como Resguardos donde el 71% de la tierra están ubicados en la franja de bosque húmedo tropical y de ella, 27 millones de hectáreas están ubicados en la región de la selva amazónica, es decir que cerca del 87% del territorio indígena es territorio selvático habitado por 64 de los 115 pueblos indígenas registrados oficialmente además de los Pueblos en Aislamiento Voluntario o no Contactados aún con lo que llaman civilización. Cabe aclarar, que, en la Amazonia, no todo el territorio indígena es de su exclusiva propiedad ya que un gran número de resguardos esta traslapado con áreas de los 11 Parques Nacionales Naturales que allí se han conformado. 

Tampoco podemos desconocer que la gestión de esos territorios, aún en la Amazonía siempre ha estado condicionada por los actores armados presentes y ha sido imposible avanzar en garantías y el reconocimiento pleno de las Autoridades Indígenas como Autoridades Ambientales. Ahora bien, si analizamos en términos de población, del 1.905.517 del total nacional de personas indígenas, (según DANE y recalcamos aquí el amplio subregistro poblacional), apróximadamente 200 mil indígenas habitan en los seis (6) departamentos que conforman la región de la selva amazónica colombiana, (estos seis departamentos tienen una población total de cerca de un millón doscientas mil personas), ocupando el 87% de la totalidad del territorio indígena en Colombia. 

Y es importante resaltar aquí que ha sido fundamental el establecimiento de resguardos en la amazonia colombiana porque han sido precisamente los pueblos originarios, quienes han dado ejemplo de cuidado, conservación y protección ambiental y del manejo adecuado de la selva amazónica como pulmón y corazón del planeta. Tarea nada fácil y que se ha convertido en un alto riesgo para la seguridad y la salud física y territorial debido a la entrega irresponsable de concesiones y contratos para la explotación de petróleo y minerales, así como para la construcción de hidroeléctricas y estructura vial, sin resolver los graves procesos de contaminación de importantes ríos como el Putumayo, San Miguel, Caquetá, Caguán, entre otras fuentes hídricas que hoy están envenenadas con mercurio (Hg) y de las cuales se abastecen para su consumo los pobladores rivereños que están muriendo envenenados también. Es sabido además que las tierras amazónicas son especialmente importantes para la conservación ecológica y no tienen vocación agropecuaria, por lo tanto, sería muy grave cambiar esa vocación. 

Con los datos anteriores queda claro que las tierras de resguardos ubicados en la región andina, el pacifico, la costa caribe y la Orinoquia, corresponden solo al 13% del total territorial habitado por el 85% del total de indígenas colombianos. Pero además habría que tener en cuenta que de ese 13% existe un gran porcentaje de tierras indígenas ubicadas en áreas de bosque húmedo tropical, paramos y otras áreas de protección ambiental. Podemos decir entonces que, en regiones con alto número de población, a diferencia de la zona selvática, los pueblos originarios viven en alto grado de hacinamiento por su estrechez territorial, mientras que a su alrededor aún persisten los grandes latifundios, fruto del despojo territorial histórico y otros que han consolidado los industriales como sucede con los ingenios azucareros en el Valle del Cauca o los arroceros en el Tolima. Insistir en la reforma agraria se hace necesario, especialmente en regiones como el Cauca donde el hacinamiento de los pueblos indígenas es evidente, sobre una amplia geografía de montaña y paramos que no debería intervenirse por su vocación de conservación natural y por tratarse de sitios sagrados ancestrales desde su Ley de origen. 

Al acercarnos a esta realidad, queda sin piso asegurar que los Pueblos originarios de Colombia no necesitan tierra o que son terratenientes, pero además queda claro que en medio de la precariedad han logrado sostener practicas ancestrales para convivir en armonía con la naturaleza y que se hace preciso concretar sus propuestas e iniciativas para garantizar no solo la propiedad colectiva de la tierra sino el ejercicio de todos los derechos que han conquistado con sus luchas históricas y que hasta ahora han tenido tan poco desarrollo en sus comunidades. 

Estos tiempos son tiempos de cambio y la realidad nos plantea retos que se deben asumir desde diferentes niveles del Estado y del Gobierno, y con mayor fuerza desde las comunidades para ejercer su derecho a la participación real. No esperemos cambiar repitiendo las mismas acciones que hoy nos muestra el fracaso de la intervención del estado en materia de salud, de educación, de tecnología, de economía y desarrollo. Es imperante reconocer que ha sido equivocada la actuación estatal para resolver el cáncer del narcotráfico y la corrupción tanto en los ámbitos público y privado, así como las buenas intenciones por la conservación ambiental que debe convertirse en un principio rector de todas nuestras acciones y que los pueblos originarios en Colombia juegan un papel muy importante para realizar tales cambios, no solo para garantizar su existencia sino el Buen Vivir de todos. Dejamos por ahora dejamos hasta aquí estas pocas líneas.