COMUNICADO A LA OPINIÒN PUBLICA
La Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo Baja Bota
Caucana y Cofaina Jardines de Sucumbíos Ipiales (Nariño) informamos a la
opinión publica la inconformidad y rechazo que existe por parte del movimiento
social campesino, indígena y
afrodescendiente frente a los reiterados incumplimientos por parte de gobierno
nacional a los diferentes acuerdos que ha llegado con las comunidades, entre
estos incumpliendo citamos al acta de 19
de Septiembre del 2014 suscrita con la MEROS, así como también los
incumplimientos y dilaciones con las comunidades de la Zona de Reserva
campesina y las comunidades del corregimiento Piñuñablanco, acta suscrita el
pasado 22 de Marzo del presente año y que a la fecha no tiene avance significativos
para las comunidades.
Del acta del 19 de Septiembre de 2014 se conformaron cuatro comisiones,
comisión de derechos humanos, comisión
minero energética y ambiental, comisión de sustitución de cultivos de uso
ilícito, comisión de inversión social; a la fecha hacemos un balance
responsable de lo que se ha avanzado entre estas citamos las siguientes:
1.
La Comisión de Derechos Humanos,
realizó una Misión de Verificación en Terreno con acompañamiento de las partes,
garantes y facilitadores donde se identificó las vulneraciones de los DDHH y el
DIH que denunciaban las comunidades, esta Misión arrojó un Informe, en el que
se establecieron las responsabilidades institucionales con un plan y ruta de
trabajo conjuntos de cara a la Verdad, la Justicia y las Garantías de No
Repetición, hay que decir que a la fecha las recomendaciones que se
establecieron en dicho Informe de verificación no se han materializado
plenamente, por el contrario el plan de trabajo con responsabilidad en las
instituciones del nivel nacional, se ha venido dilatando en el ejercicio de la
Comisión, la cual no volvió a reunirse; mientras las vulneraciones de los DDHH
y las infracciones al DIH, siguen siendo una constante en los territorios.
2.
La Comisión Minero Energética y Ambiental, tuvo como objetivo la revisión y evaluación del cumplimiento de la
Resolución 1930 del 01 de Octubre de 2010 que otorga Licencia Ambiental por
parte de la ANLA al Proyecto de Producción y Explotación de Hidrocarburos en
Desarrollo de los Campos Quinde, Cohembí y Quillacinga del Bloque Sur Oriente
en el corredor Puerto Vega-Teteyé, del Municipio de Puerto Asís, Putumayo; este
trabajo concluyó el pasado 13 de Mayo del año en curso; donde las partes
expusieron las conclusiones y recomendaciones de dicho informe técnico, en este
se pudo evidenciar una vez más y con argumentos técnicos y científicos como las
comunidades tienen la razón en sus apreciaciones frente a las contaminaciones
ambientales y por tanto los problemas sociales y culturales que han acarreado
por la intervención petrolera. Una vez más las comunidades rechazamos la
incursión y explotación petrolera por parte de operadoras, así como también
rechazamos la renovación de la Licencia aprobada por la ANLA a través de la
Resolución 0073 del 27 de enero de 2016, insistiendo una vez más en realizar
operaciones petroleras en las comunidades, negando la existencia de las
comunidades indígenas, palanqueras y campesinas de la región.
3.
La Comisión de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito tenía como
objetivo principal avanzar desde el 19 de septiembre de 2014 con el Gobierno
Nacional en un proceso de concertación que permitiera construir conjuntamente
un Plan De Sustitución de Cultivos de Coca, las comunidades vimos la
posibilidad de concertar desde una salida razonable, humana y social una
solución a esta problemática. Cuando conocimos que en la Habana, Cuba, en los
Diálogos que se adelantan entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, para el
Punto 4, “Solución al Problema de Drogas”,
se había acordado parcialmente los puntos de nuestras propuestas y que se
denominaría Programa Nacional de sustitución de Cultivos de Uso Ilícito,
celebramos que contenía de manera concertada y gradual la inclusión de Planes
de Desarrollo Integrales con enfoque territorial, étnico y de género para poner
fin a esta problemática social, surgida por el uso ilícito de la Coca.
Así entonces otro de los objetivos de la Comisión fue concertar la
financiación de la formulación desde las comunidades del Plan De Desarrollo
Integral Andino Amazónico (PLADIA 2035), el cual viene avanzando, pero el
principal y gran objetivo que es la concertación y construcción de la Propuesta
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en la región, a la fecha no avanza y
se ha visto dilatada.
No avanzar en la Propuesta de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito concertada, gradual e integral, conlleva a que en el
interior de los territorios y de las comunidades se agudicen los conflictos con
el Ejército Nacional quienes están desarrollando operaciones de erradicación forzosa
manual que comprometen el DIH, sin la aplicación de planes de contingencia que
eviten como lo ordena el mandato constitucional vigente, que evite el
desplazamiento forzado y amenace la vida e integridad física y psicológica de
los campesinos y campesinas en su derecho al desarrollo rural.
Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la Región, EXIGIMOS la derogatoria de la Licencia
Ambiental Resolución 708 del 11 de julio de 2016 que emitió la ANLA, donde se
aprueba el plan de manejo ambiental presentado por el Ministerio de Defensa
para que la Fuerza Pública en sus
operaciones de erradicación forzada utilicen la fumigación manual con glifosato
contra los cultivos de uso ilícito, medida que agudizará el conflicto en la
comunidades, siendo contraria a las voluntades expresadas en el Proceso de Paz
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en la Habana, Cuba; hoy las
comunidades manifestamos una vez más nuestra voluntad de sustituir los cultivos
en la medida en que se responda con las soluciones que por décadas venimos
exigiendo.
En esta región del sur de Colombia, desde
hace más de dos décadas hemos venido insistiendo en que las medidas represivas
como el abuso de la autoridad por parte de la fuerza pública, la erradicación
forzada manual, la aspersión con glifosato o fumigación manual con agro
tóxicos, los disparos indiscriminados, las ejecuciones extrajudiciales no son
métodos para acabar con una problemática económica y social. La propuesta de
las comunidades que hemos venido construyendo, es una propuesta que soluciona
definitivamente los problemas estructurales del campo, pero que garantiza
mejores condiciones de vida para nuestras familias, respeto y garantía de los
derechos humanos. Proponemos avanzar en la concertación de esta problemática y
que se suspenda las erradicaciones forzosas manuales y la persecución a los
campesinos.
4.
La Comisión de Inversión Social hasta
la fecha no avanza en lo planteado en el acta inicial, por el contrario, ha
sido un espacio que se ha venido dilatando hasta la fecha.
Debemos enfatizar que los acuerdos alcanzados con las comunidades de la
Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica y las comunidades del
Corregimiento de Piñuñablanco hasta la fecha solamente han avanzado en una
visita de verificación con la ANLA, han
sido acuerdos que solamente se han visto reflejadas en gestiones del nivel
administrativo por parte del Gobierno Nacional y sus Ministerios pero que
carecen de orden metodológico y logístico, pues la presencia de los garantes y
facilitadores de los Diálogos Regionales ha sido intermitente y a la fecha no
se ha respondido a los intereses y exigencias de las comunidades, con
planteamientos reales y acordes a la historia de los mismos Diálogos Regionales
y el contexto de la región.
Los Diálogos entre Gobierno Nacional y la Mesa Regional De
Organizaciones Sociales deben avanzar, es imperante que se brinde a las
comunidades soluciones que garanticen el buen vivir de las comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes. Hasta no definir una hoja de ruta de concertación, diálogo y
cumplimiento por parte del Gobierno Nacional a partir de la fecha 25 de julio
de 2016 estaremos en constante ejercicio Asambleario y de Movilización hacia
las diferentes cabeceras municipales de la región; por lo mismo exigimos se nos
brinde garantías para nuestro Derecho a la Protesta Social, y en el marco de la
misma se nos respete los DDHH y el DIH.
Por nuestra vida, nuestro
territorio, y las futuras generaciones que construimos desde el dialogo y el
cumplimiento de lo pactado paz con justicia social.
MESA REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE
LA BAJA BOTA CAUCANA, COFANIA JARDINES DE SUCUMBÍOS Y PUTUMAYO.
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