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Héctor Marino Carabalí y Yanette Bautista conversan con los embajadores de Irlanda, Alison Milton, el nombre de la embajadora de Irlanda y de Alemania, Peter Ptassek, sobre la forma en que la comunidad internacional puede ayudar a detener las amenazas y asesinatos de quienes defienden causas sociales.

Desde la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas CONPI y también de manera personal enviamos un saludo de solidaridad a CODEP y CODEM en Oaxaca México por el sensible fallecimiento del gran Compañero CASTULO JUVENAL LÓPEZ PACHECO, con quien compartimos en España y en México algunos escenarios haciendo defensa de los derechos de los pueblos Originarios y compartiendo experiencias para fortalecer nuestras luchas a nivel nacional e internacional.

Nuestro compañero CASTULO, joven Abogado, compartió con nosotros informes sobre la situación de persecución de integrantes de CODEP y CODEM y conversamos permanentemente sobre contextos de México y Colombia y hoy lamentablemente nos hemos enterado que el COVID 19 se lo ha llevado. 

La pandemia y la desprotección de parte de los Estados por falta de asistencia urgente a pacientes pertenecientes a los Pueblos Originarios nos pone en una situación de altísimo riesgo y de exterminio que debemos afrontar y se hace necesario que exijamos la protección urgente. Hoy denunciamos ante el mundo el ETNOCIDIO de los pueblos Originarios que se agrava por el contagio inexorable del COVID 19.

Compañero CASTULO JUVENAL LOPEZ PACHECO, que tu semilla sembrada en la tierra del Quetzal nos fortalezca e ilumine el camino de lucha por un mundo nuevo lleno de dignidad.

Luz Mery Panche Chocue
Vocera Nacional Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas CONPI
Vocera Nacional Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ




En este enlace puedes Descargar  la traduccion de algunos elementos del Acuerdo Final de Paz  en 38 idiomas originarios indigenas y afrocolombianos. Tambien disponibles por pueblo en:

  • Acuerdo de Paz en BARA

  • También puede escuchar el Acuerdo Final para la terminación del conflicto en las sigueintes 10 lenguas:

    Desde CENPAZ reproducimos comunicados de CONAFRO y UNAFRO procesos que articulan con nuestra Coordinación Etnica Nacional de Paz CENPAZ, en el sueño de tejer desde los territorios indígenas, negros, campesinos y urbanos una Colombia que supere la larga noche de los 500 años y la guerra moderna. 

    “Sembrando futuro en Norte de Santander” COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DE NORTE DE SANTANDER CONAFRO EN CONTEXTO COVID-19

    “El racismo también incide en la pandemia” Pese al reconocimiento constitucional de Colombia como un país pluriètnico y multicultural y el amplio escenario normativo que marca la Implementación de políticas públicas y acciones afirmativas para el pueblo Negro, Afrocolombiano,
    Raizal y Palenquero, su desconocimiento y los escasos recursos destinados han conducido a que ésta población siga siendo víctima de una discriminación estructural generalizada, situación que es crítica en el departamento Norte de Santander toda vez que las instituciones de orden público o privado cuando abordan el tema étnico, solo hacen referencia o visibilidad a los pueblos indígenas Barí y U´wa.

    La segregación racial de personas Afrodescendientes víctimas del conflicto armado, de manera amplia desplazadas, les obliga a vivir en los barrios más pobres y en viviendas de escasa calidad, sin servicio de agua y saneamiento básico deficiente, pues la georreferenciación de éstas familias sólo para el caso de Cúcuta como la ciudad que mayor número de personas afro concentra, es hacia la
    zona noroccidental y occidental de la ciudad, situación que contrasta con el mapa de pobreza multidimensional según información del DANE.

    Consideramos que de las medidas anunciadas por el Presidente de la República, como es el aporte a los núcleos familiares vinculados al programa familias en acción, jóvenes en acción y colombia mayor, no todas las personas Afrodescendientes son beneficiarias de estos programas de política social y por ende su cobertura es insuficiente toda vez que no cuentan con empleo permanente y viven del trabajo informal, situación que se agrava por las obligaciones de arriendos, servicios públicos y alimentación digna que deben cubrir cada día.

    En nuestras comunidades hay una alta tasa de personas mayores que sufren enfermedades cardio-respitatorias y asociadas al corazón, lo cual las hace altamente vulnerables, frente a ello hemos acatado las indicaciones de prevención emitidas por el instituto nacional de salud frente al lavado de manos frecuente, pero en ausencia de los elementos que se utilizan para ello como desinfectante de
    manos a base de alcohol, agua o jabón, recurrimos a los saberes propios y tradicionales con elementos naturales que puedan reemplazarles.

    La situación de salud se vio doblemente amenazada porque desde los últimos días del mes de Marzo el área metropolitana de Cúcuta y luego de manera extensiva algunos municipios de la región del Catatumbo permanecieron en un ambiente de humo denso que dificultaba la respiración y nos contaminaba permanentemente.

    Nuestra situación de riesgo en territorio sigue siendo una tormenta dados los recientes acontecimientos sobre el homicidio de un joven a manos del ejército nacional en zona rural del Municipio de Sardinata y cuya relación se encuentra en el marco de las erradicaciones forzadas de cultivos que se realizan en la región.

    Nuestras comunidades se encuentran asentadas en áreas de la región del Catatumbo, nuestros líderes han dejado de moverse en territorio por falta de garantías y ante el miedo de poner en riesgo su vida. Por ello es urgente que la UNP pueda dar respuesta a las solicitudes de estudio de riesgo de personas Afro de la región y otras que ya se les ha sido asignado un esquema cuyo vehículo es convencional y no garantiza un escenario de protección más eficaz como lo es un vehículo blindado, situación que le ocurre al compañero MARTÍN ALONSO CAICEDO CARABALÍ.

    Hemos articulado un mecanismo de coordinación y liderazgo de los consejos comunitarios y organizaciones de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en aras de tener un consolidado de sus integrantes (nombre completo, número de documento, género y edad) y sus necesidades, además de que sea una estrategia de monitoreo en relación a contagios y una ruta
    de comunicación y acción sobre cualquier actividad de atención o respuesta, pero a la fecha NO hemos recibido ninguna ayuda humanitaria de alimentos por parte del gobierno nacional o de los locales.

    El proceso organizativo del pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero en Norte de Santander cuenta con diversas expresiones de las cuales cuatro de ellas tienen registro del Ministerio del Interior. Por esta razón se requiere que estas formas organizativas, en su calidad de autoridades etnicoterritoriales, estén de manera constante adoptando las medidas para afrontar diferentes escenarios por causa de la pandemia y en beneficio de sus comunidades.

    RECOMENDAMOS:

    1. Que las administraciones locales y la departamental garanticen la aplicación del enfoque diferencial étnico afro en las distintas respuestas de ayudas humanitarias y otras estrategias dirigidas a la población vulnerable cuyo fin primordial sea la vida digna y la seguridad alimentaria durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional. “Sembrando futuro en Norte de Santander”
    2. Que las políticas de seguridad alimentaria sean definidas con relación al número de familias y personas que integren la comunidad (base de datos), incluida una aproximación territorial diferencial. Que identifique las necesidades de habitación y vivienda y de servicios públicos para prevenir la vulneración del derecho a la vivienda y evitar expulsiones o desalojos de familias Afrodescendientes por asuntos relacionados con el alquiler, pago de servicios públicos o deuda en sus diferentes modalidades de vivienda y alojamiento.
    3. Que se configure un mecanismo o red de apoyo donde se identifiquen las organizaciones, líderes, lideresas, y personas representativas de las comunidades, incluidas las sabedoras y sabedores, mayores y mayoras para desarrollar una respuesta articulada ante el escenario de la pandemia. Es
    pertinente identificar roles, responsabilidades, medios de comunicación y acción como parte del procedimiento de actuación a nivel departamental y local.
    4. Que las autoridades de orden departamental y local establezcan comunicación asertiva con las expresiones organizativas del pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero para articular cualquier tipo de respuesta, de manera especial la que tiene que ver con ayudas humanitarias.
    Ancestralmente,

    YENIFER SAMIRA GARCÌA CASTILLO 3158611189 claseaparte3@hotmail.com

    1 CONSEJO COMUNITARIO UNA NUEVA  ESPERANZA PEDRO DAVID SAA SOTO
    CÙCUTA - CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA 
    2 AFRODETI ALFREDO SINISTERRA TIBÙ
    3 ASOAFRONURAPS MILEINA PINTO PUERTO SANTANDER
    4 CHINAFRO GABRIEL ROLANDO DELGADO CHINÀCOTA “Sembrando futuro en Norte de Santander”
    5 AFROZULIA GERSON ARANTE MINA SAA EL ZULIA
    6 PON TU HUELLA AFRO ELENA SAYONARA LOZANO CÙCUTA
    7 ASOAFRONOR JUAN MARTÌN MUÑOZ OCORÒ CÙCUTA
    8 ASOFRODER PAULO CÈSAR NIEVES CÙCUTA - CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA
    9 PCA MARTÌN ALONSO CAICEDO CARABALI CÙCUTA
    10 SNEMS NODO VILLA DEL ROSARIO KEYLA DE LOS ÀNGELES ÀLVAREZ
    AYOLA VILLA DEL ROSARIO
    11 SNEMS MARIANA CASTILLO OROBIO LOS PATIOS
    12 FECECN HAROLD AGRIPINO COLORADO GRANJA CÙCUTA
    13 ACONENS AUTBERTO CAMARGO DÌAZ CÙCUTA
    14 RAICES AFRO ELSA MALODY CHURTA RUA LOS PATIOS
    15 ASODECOAFRO FRANCISCA SINISTERRA HERNÀNDEZ CÙCUTA - CORREGIMIENTO
    AGUA CLARA
    16 CENAFRO JOSE FERNANDO TAPIA ACUÑA CÙCUTA
    17 AFRO LAS DELICIAS FRANCISCO BELLO BLANCO CÙCUTA
    18 COAFROPAT ANTONIO SÀNCHEZ YARÀ LOS PATIOS
    19 CONSEJO COMUNITARIO LA GABARRA ALEX LUBIT TORO ORTIZ
    TIBÙ - CORREGIMIENTO LA GABARRA
    20 CONSEJO COMUNITARIO QUILOMBO AFRONORTESANTANDEREANO
    MARIANA CASTILLO OROBIO CORREGIMIENTO AGUA CLARA 


    UNIDAD NACIONAL AFRODESCENDIENTE - UNAFRO AFECTACIONES DEL COVID 19 EN LAS COMUNIDADES DEL PACIFICO NARIÑENSE


    La posible llegada y expansión del coronavirus COVID 19 a los territorios colectivos y ancestrales de
    los consejos comunitarios ubicados en las subregiones telembí y Sanquianga, tienen preocupada a las comunidades negras y afrocolombianas que habitan en los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, Olaya Herrera, el Charco, Mosquera, la Tola y Santa Barbara de Iscuandé del pacifico nariñense.

    Las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio tomadas por el gobierno naconal, departamental y municipal, son las mejores estrategias para evitar la propafgacion del COVID 19, pero al mismo tiempo no son son suficientes para garantizar la supervivencia de estas comunidades que se someten a suspender sus labores cotidianas minera y agropecuarias, como la unica fuente de ingreso economico lo cual afecta la seguridad alimentaria. Por otro lado, los grupos al margen de la ley con presencia en estos territorios imponen sus propias medidas de aislamiento poniendo en riesgo la vida de quienes no las cumplan.

    Las autoridades etnicas que representan a los consejos comunitarios, las organizaciones de base de
    segundo nivel y otras expresiones organizativas afros, en razon de su liderazgo comunitario, social
    y en defensa de los derechos humanos han visto afectado elsostenimiento de sus familias al dedicar
    la mayor parte de su tiempo en el acompañamiento a sus comunidades para evitar la propagación
    del COVID 19, pero al mismo tiempo sienten temor de de sus vidas ya sea por el posible contagio de
    esta pandemia o por su condición de lider o lideresa social en el territorio.

    En el campo educativo la niñez y la juventud ven afectado su proceso de formación, pese al esfuerzo
    que hacen los docentes en adaptandose a las condiciones que le ofrece el contexto, no existen los
    medios tecnologicos ni de conectividad para desarrollar las clases usando las plataformas virtuales
    que orienta el Miniterio de Educacion Nacional, la dispersión territorial aleja aun más a los
    estudiantes de las facilidades que ofrecen las grandes ciudades.

    En cuando a la prestación de los srvicios de salud, los territorios de los consejos comunitarios carecen de centros de salud deacuerdo a la población y los pocos que existen prestan servicios de primeros auxilios poco eficiente careciendo de las condiciones basicas de infraestructura, equipos medicos, medicamentos, personal capacitado para atender en primera instancia casos relacinados con esta pandemia, de igual forma la red de hospitales de las zonas urbanas que son de primer nivel no cuentan con las condiciones básicas para identificar, tratar y responder ante un contagio maxivo tanto sospechosos como comprovados de COVID 19, lo que obliga a la remision tanto de las pruebas como de los pacientes criticos a las ciudades de Pasto, Ipiales, Samaniego, Guapi, Buenaventura y Tumaco, lo cual pone en riesgo la vida de muchas personas o bien sea por falta de atención oportuna de esta pandemia o por situaciones como la ocurrida el dia 4 de abril en el atentado perpetrado a la misión medica que trasladaba a una paciente desde Barnacoas a Tumaco resultando asesinados y calcinados la paciente y el condcctor, quedando gravemente herido el acompañante y muy afectado el paramedico. 

    Ademas, por las experiencias vividas en otros paise como en el Ecuador estos hospitales de mayor nivel colapsarían, por eso es urgente y necesario dar un trato diferencial en atención en salud a las comundades de estos territorios del pacifico nariñense declarando una emergencia estrema que facilite la adecuación de la red hospitalaria de estos munipios con servicios de Unidades de Cuidados Intensivos, equipos respiradores, recurso humano especializados y dotados, servicios de hambulacia terrestre, acuatica, aerea y agilidad en el envio y resultados de las pruevas efectuadas a los pacientes.


    Escrito por: Bibiana Ramírez para Verdad Abierta Disponible en https://verdadabierta.com/en-la-amazonia-el-campesino-no-odia-la-selva/
    Detrás de los últimos incendios presentados a mediados de febrero en la Sierra de la Macarena, en Meta, y la deforestación acelerada de la selva amazónica, están los intereses económicos y de propiedad de la tierra. Los labriegos no son escuchados por el gobierno nacional y por tercera vez lo cita a una mesa de concertación.
    El 5 de abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos” tras resolver una acción de tutela interpuesta por niños, niñas y jóvenes de la Amazonía acompañados por la organización Dejusticia, con el fin de exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua, amenazados por la tala indiscriminada y sus efectos en el calentamiento global.
    Justo un año después, el presidente de la República, Iván Duque (2018-2022), lanzó la campaña Artemisa contra la deforestación, planteando objetivos como “recuperar nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques, y judicializar a los que están detrás de esa cultura deforestadora”.
    Pero poco ha servido esa iniciativa gubernamental. La deforestación en la Amazonía se agudizó por el alto impacto de incendios y la continuidad de la tala ilegal de árboles, La última situación alarmante se presentó el pasado 21 de febrero cuando alrededor de 400 hectáreas de bosque se quemaron en la Sierra La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, incendios que duraron por lo menos una semana.
    A la par, el gobierno nacional realizó la tercera operación Artemisa, capturando a 26 campesinos como los únicos responsables de los incendios. La situación desató una crisis humanitaria en la Sierra de La Macarena, pues son miles los campesinos que viven dentro del Tinigua desde hace décadas, quienes llegaron a la región por causas del desplazamiento forzado o por necesidad económica.
    En ese territorio se han dado procesos de colonización desde hace décadas, lo que ha llevado a que el Estado cree figuras de protección y conservación de la selva; el problema es que lo hizo después de que las familias llegaran a esta zona y sin ningún tipo de concertación y desoyendo sus propuestas de conservación.
    En La Macarena convergen biomas estratégicos: el amazónico, orinocense y andino, lo que le da un alto valor ecológico, diversidad de ecosistemas y especies endémicas. Por eso, en 1989, fue creada la figura de Área de manejo especial de la Macarena (AMEM), para la protección de casi 4 millones de hectáreas que conforman cuatro parques naturales nacionales: Macarena, Tinigua, Picachos y Sumapaz.

    Deforestación acelerada

    Desde que salió la extinta guerrilla de las Farc de Meta, en su camino a la vida legal tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el Estado colombiano, varias organizaciones y líderes sociales venían alertando sobre problemas de deforestación, quema indiscriminada de selva y el inicio de la explotación de hidrocarburos. Aún así, a la fecha se siguen perdiendo bosques nativos en la Amazonía. (Leer más en: La selva, víctima inesperada del posconflicto en La Macarena)
    El último informe de alerta temprana de deforestación, realizado por el Ideam en el tercer trimestre de 2019, reporta que en Caquetá hay un rango de deforestación de 1.263 hectáreas a 1.561 hectáreas; en Meta, entre 981 y 1.181 hectáreas deforestadas; y en Guaviare, entre 282 y 453 hectáreas.
    “La deforestación en La Macarena se da por un factor que es la especulación de la tierra, por personas que poseen grandes capitales. Hay terratenientes que viven en otras ciudades y que por una cantidad de dinero pueden hacerse a una finca”, afirma Óscar Hernández, miembro del equipo técnico de la agenda ambiental de Guaviare, Caquetá y Meta de Ecoamem (agencia de viajes y operador de ecoturismo comunitario).
    A su juicio, “la deforestación no sólo requiere capital, sino mano de obra que la están consiguiendo con los campesinos pobres, los cuales antes sembraban coca, sustituyeron los cultivos de coca, pero hoy en día no se les ha cumplido y no tienen trabajo, entonces están tumbando selva por un salario muy mínimo”.
    Ese salario consiste en pagar entre 30 y 50 mil pesos diarios por tala y quema de bosques, algunos logran hacer el trabajo de hasta tres hectáreas por ese precio. Los mismos campesinos insisten en que ellos no son los grandes destructores de la selva; por el contrario, la protegen y para sembrar sus cultivos talan máximo 2 hectáreas por año.
    El campesino se convierte en mano de obra local y “la justifica diciendo que es la única fuente de trabajo y que Don Pepito está pagando a tanto y le piden trabajo. Es una cuestión de necesidad, no de convicción, el campesino no odia la selva y si puede la conserva”, cuenta Hernández.
    Y agrega: “Esta es una zona muy ganadera, en esa área hay más de 250 mil cabezas de ganado, es una vocación de la región, pero la gente tiene ganado porque es la única actividad lícita rentable que hay en el territorio. La agricultura no es rentable porque hay territorios muy alejados, sin infraestructura y cultivar verduras y frutas no es una opción para la gente, el ganado es el único producto que sale caminando de la región, es uno de los dichos de la gente”.
    Aún así, el campesino tampoco es el gran ganadero en la Amazonía. Debido a sus condiciones económicas, puede tener hasta 50 cabezas de ganado, pero los grandes inversionistas superan las mil. “Las ganadería en esa región tiene una situación muy particular y es que la ganadería dentro de los parques, al ser una ganadería informal, es una forma de evadir impuestos, incluso vale más el inventario ganadero que la misma tierra”, agrega el integrante de Ecoamem.
    En cuanto a los incendios, aún no se ha aclarado de dónde provienen, y los campesinos denuncian que el último, en la Sierra de la Macarena, fue hecho en un lugar muy alejado de donde ellos viven, o el de Caño Cristales, también en febrero, se dio a unos pocos metros de una base militar. “Todo eso se dio en el marco del proceso de movilización de los campesinos, entonces uno no sabe qué pensar”, agrega Hernández.
    Frente a este contexto, los cabildos indígenas están preocupados porque se siguen imponiendo normas y leyes en la Amazonía sin que ellos sean consultados. Luz Mery Panche Chocue, indígena del pueblo Nasa y delegada de Asociación de cabildos indígenas de San Vicente del Caguán para acompañar a los campesinos en esta crisis, le explicó a este portal la situación.
    “Sabemos que el gobierno ha venido proponiendo el plan de 10 años para frenar la deforestación. De las 44 millones de hectáreas que tiene la Amazonía en Colombia, los 56 pueblos indígenas que habitamos el territorios somos dueños de 27 millones de hectáreas y no hemos sido convocados para la construcción de estos planes, ni siquiera para la actualización de planes de ordenamiento territorial”.

    Campesinos detenidos

    La Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) denunció por redes sociales que desde el 18 de febrero se dio “un inusual incremento de tropas del Ejército en las carreteras que comunican San Vicente del Caguán con la inspección de San Juan de Losada y las veredas El Rubí, Puerto Losada, entre otras”.
    El 20 de febrero, a las 6 y 20 de la mañana se presentaron combates entre grupos armados y Fuerza Pública dentro del caserío de la vereda El Rubí, dejando dos militares muertos y varios más heridos. Luego de los enfrentamientos, la Fiscalía y el Ejército detuvieron a 26 campesinos argumentando invasión a áreas de especial importancia ecológica en parques Tinigua y Picachos.
    Dos días después, la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (Ascal-G) reunió a 300 campesinos en la vereda El Tapir para verificar los hechos de violencia ocurridos en El Rubí. Mientras se realizaba la reunión, helicópteros del Ejército sobrevolaron y atacaron con gases lacrimógenos y disparos al caserío.
    Para el 25 de febrero, ya eran 3.500 campesinos reunidos en El Tapir y denunciaban sobrevuelos de aviones bombarderos. Al día siguiente crearon una comisión humanitaria y exigieron la instalación de una mesa, convocada para el 2 de marzo en San Juan de Losada con la presencia de representantes de entidades gubernamentales, para superar la crisis.
    “Lo que hemos venido conociendo es la sentencia 4360 que dio origen inicialmente a todo el tema de la represión por parte de la Fuerza Pública y Fiscalía, que llamó en un momento Burbuja Ambiental y luego se convirtió en el Plan Artemisa que es con el cual se pretende llegar a las medidas policivas para frenar la deforestación. No conocemos otras”, afirma la indígena Luz Mery Panche.
    Dentro de los 26 capturados, doce eran mujeres y ocho hombres, además de seis menores de edad. Tres tenían orden de captura y el resto los dejaron en libertad, pero el proceso en su contra sigue abierto.
    “Les hicieron firmar un documento donde se comprometen a no regresar a sus parcelas que estaban al interior de parques. Eso nos parece bastante absurdo, es una violación del derecho, fue un operativo de un momento a otro, negándoles todos los derechos y finalmente asustando a la gente con la cárcel para que firmaran ese documento, que para nosotros no tienen ninguna validez”, asegura Panche.
    Si bien se difundió que el principal culpable de los incendios forestales fueron disidencias de las Farc, las comunidades de las zonas afectadas aseguran que no es del todo cierto, porque dentro de la Amazonía hay intereses económicos sobre la tierra y sus recursos naturales. La palma africana es uno de los monocultivos que quieren introducir en la selva amazónica.
    “El tema del conflicto armado en estos territorios no ha terminado, sabemos que hay presencia de varios grupos armados legales e ilegales, pero lo que sí es cierto, es que la operación Artemisa está llegando a quemar las casas de los campesinos, sacándolos, decomisándoles sus propiedades. Ha habido denuncias que ponen con nombre propio, pero nadie ha seguido investigaciones, nadie ha hecho nada”, afirma la líder indígena.
    Agrega que a los gobiernos no les interesa la conservación ambiental: “Si le interesara, no permitiría la entrada de petroleras, minería o represas a la Amazonía. Hay nueve proyectos de hidroeléctricas, 40 títulos mineros, 44 bloques petroleros que estos sí va a generar un daño ambiental grandísimo, lo que hay detrás de todo esto es que el gobierno quiere sacar a los campesinos, expropiar los territorios para entregárselo a las multinacionales que ya están aquí”.

    Falta implementar Acuerdo de Paz

    La Amazonía quedó como una subregión priorizada en el Acuerdo de Paz, enfocándose en la atención inmediata de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (16 municipios de Caquetá y 1 del Huila); Macarena-Guaviare (4 municipios del Guaviare y 8 del Meta); y Putumayo (9 municipios).
    En estos municipios, donde se vivió la crudeza del conflicto armado y donde los campesinos cultivaban hoja de coca para uso ilícito, la mayoría de quienes se dedicaban a esta actividad ilegal se acogió al Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Pero hoy muchas organizaciones temen a que vuelvan a sembrar por los incumplimientos del gobierno nacional.
    “Las comunidades que sembraban coca están en situación de pobreza muy complicadas y eso puede llegar a resiembra y a avanzar en temas de deforestación para intentar ganarse la vida por ahí”, afirma Hernández.
    Al respecto, Panche asevera que “el PNIS es un proceso bastante complicado aquí: la mayor parte de familias que firmaron esos acuerdos para la sustitución de la coca, no han recibido los pagos que el gobierno prometió, lo de asistencia técnica para proyectos productivos no ha llegado. Ha sido una situación muy lamentable y en este momento ha generado consecuencias tan graves como la desnutrición de los niños, ha generado la deserción escolar, incluso tenemos entre Guaviare, Caquetá y Putumayo, escuelas que se han cerrado porque hay niños que tuvieron que migrar con sus padres para otros lados o porque no tienen la capacidad adquisitiva para pagar los estudios en esta región”.
    Por otro lado, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), también incluidos en el Acuerdo de Paz, tampoco se han concretado; además, advierte la vocera indígena, no se articularon con el PNIS: “Llegamos hasta la elaboración del PDET que solo terminó en una lista de iniciativas, no se hizo la planeación estratégica que se debía hacer. Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) quedaron en iniciativas y se supone que tienen que ser priorizadas por las comunidades”.
    Y para el caso de los pueblos étnicos, la situación es más compleja, porque “una de las excusas de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) es que todavía no se ha construido el protocolo de mecanismo especial de consulta previa, por tal razón no se ha hecho ninguna inversión en territorios étnicos, en comunidades afro y de pueblos indígenas”, agrega la delegada del pueblo Nasa.

    Gobierno no escucha a campesinos

    En 2016, Parques Nacionales Naturales (PNN) abandonó la Mesa Nacional de Concertación con organizaciones y campesinos, instalada en el 2014. En mayo de 2019 tampoco asistieron a la convocatoria acordada en Vista Hermosa, Meta. El 29 y 30 de enero de este año no se instaló la mesa de concertación acordada en Villavicencio el 18 de diciembre de 2019.
    “La relación con PNN es malísima históricamente con los campesinos, porque precisamente la entidad cumple una labor policiaca, y eso ha traído graves consecuencias en la región. Aquí nunca han entrado a terreno, no es esa lógica ideal, donde hay una unidad de parques, que los recorre, que es un cuerpo masivo de gente cuidando el parque. Por ejemplo, el parque Sierra de La Macarena que tiene 500 mil hectáreas, tiene menos de cinco funcionarios, divididos en varias zonas”, asegura Hernández.
    El 2 marzo pasado, el gobierno nacional tampoco cumplió la cita acordada para la mesa de concertación en el municipio de San Juan de Losada. Los campesinos continuaban llegando y ya sumaban 5 mil. Para esa mesa tenían la propuesta de una agenda ambiental de trece puntos para mejorar la calidad de vida y superar la crisis.
    Prepararon una nueva reunión para el 9 de marzo, esta vez citando a la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales, que atendieron al llamado, para que fueran mediadores e insistentes con las instituciones estatales para llegar a acuerdos. Esperaron todo el día en San Juan de Losada y pasadas las 8 de la noche, llegó el Gobernador de Meta y se comprometió a gestionar una instancia de alto nivel para resolver los conflictos socioambientales en áreas de parques.
    “Sin embargo, de manera unilateral, las estructuras del gobierno tomaron la decisión en un consejo de seguridad que se hizo hace algunos días, de que la reunión se tenía que hacer en La Macarena. Hicieron la invitación a juntas de acción comunal de Concordia y otros municipios del Meta, pero no invitaron a las organizaciones sociales de territorio, que son las regiones afectadas”, afirma Panche.
    A La Macarena tampoco llegaron las instituciones. La Guardia Campesina salió a la vía Los Pozos y estará ahí hasta el 16 de marzo, que es el tercer llamado que hacen las comunidades para concertar con el gobierno nacional y que por fin se pueda instalar la mesa. Los campesinos concentrados en San Juan de Losada y que ya suman siete mil, según cifra de Anzorc, publicaron un comunicado cuestionado la actitud de diversas entidades estatales.
    “A través de este comunicado, responsabilizamos al Gobierno de Iván Duque, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por las consecuencias que pueda traer para el territorio y sus habitantes este nuevo desplante contra las comunidades que han mantenido su voluntad para solucionar mediante el diálogo esta grave situación. Nosotros hemos cumplido, hemos dado muestras de buena voluntad y hemos presentado propuestas serias que el gobierno ha despreciado con arrogancia”, reza el documento.
    Panche cree que es necesario que campesinos y comunidades étnicas se junten para tener más claridad de la problemática y entre todos puedan encontrar soluciones: “Ni campesinos, ni indígenas, ni afros vamos a dejar que nos quiten las tierras o que nos saquen de la Amazonía, porque no sabemos a dónde ir, porque este es el último lugar al que hemos llegado y aquí nos tendremos que pensar una propuesta de gobernabilidad en la Amazonía, conservándola, porque de aquí depende la vida de la humanidad”.
    Propuesta de agenda ambiental
    1. Gobernanza ambiental para la paz.
    2. Campesinos con parques.
    3. Planes participativos de manejo ambiental.
    4. Auditoría de control.
    5. Tratamiento especial sobre las actividades productivas existentes.
    6. Fortalecimiento de mecanismos y estructuras para la gobernanza local.
    7. Sustitución de cultivos de uso ilícito.
    8. Diagnóstico y caracterización participativa.
    9. Zonificación ambiental participativa.
    10. Formalización de la infraestructura existente.
    11. Regularización de la tenencia y la propiedad de la tierra.
    12. Pago e incentivos para la preservación y restauración en áreas de especial interés.
    13. Alternativas productivas para el buen vivir.

    * Foto de apertura: PNN Cordillera de los Picachos, por Verónica Luna.


    El Capítulo Étnico del Acuerdo Final de paz, numeral 6.2 del Acuerdo, creó la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos - IEANPE. Dice el capítulo étnico: “La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”. (English Version Below)

    El 15 de marzo de 2017 mediante el comunicado conjunto número 13, se formalizó ante la CSIVI la Instancia y se eligieron 8 vocerías nacionales de las organizaciones que fueron gestoras y acompañantes en la construcción del Capítulo Étnico, que hoy convergen en la Comisión Étnica para la Defensa de los Derechos Territoriales y en la Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ.
    Desde la formalización de la IEANPE, el Estado Colombiano se comprometió en la facilitación y financiación para dar cumplimiento a sus mandatos, entre ellos acompañar los procesos nacionales y territoriales en la implementación del Acuerdo y crear las condiciones para un pleno desarrollo del Acuerdo Final de Paz en los territorios indígenas y afrocolombianos más afectados por la guerra.

    En el segundo semestre de 2017, a partir de la presión de las organizaciones de la IEANPE, de otras organizaciones nacionales e internacionales responsables de la implementación y del monitoreo del Acuerdo, se logró concertar en un trabajo arduo y responsable técnicamente, el Plan Marco de Implementación entre la IEANPE y el Estado colombiano. De este trabajo de la IEANPE ampliada a las perspectivas de otras instancias de los pueblos étnicos incluyendo a la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas y el Pueblo Rrom Gitano, concluyó en un capítulo especial del Plan Marco de Implementación con claros objetivos, metas, programas planes y proyectos para el proceso de construcción de paz derivado del Acuerdo Final en los territorios Indígenas, Negros, Palenqueros, Raizes y Rrom de Colombia.

    A tres años de la firma del Acuerdo Final y de formalización de la IEANPE declaramos:

    1. El Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos y hoy de Iván Duque ha incumplido sistemáticamente con su responsabilidad en el funcionamiento pleno de la IEANPE y con los pueblos étnicos de Colombia, y no ha garantizado el cumplimiento de nuestra responsabilidad y mandatos.

    2. Ante el incumplimiento del Estado colombiano con la IEANPE y con el Acuerdo Final de Paz, las organizaciones étnicas que hacemos parte de la misma, hemos asumido de forma autónoma la responsabilidad de hacer hacer cumplir los mandatos  del Capítulo Étnico y del Plan Marco de Implementación y acompañar a nivel nacional y territorialmente a los pueblos indígenas y afrocolombianos en su implementación. Sin embargo, la negativa del Estado colombiano de poner en funcionamiento del plan de trabajo presentado por la IEANPE aprobado por la CSIVI, ha limitado enormemente el proceso de implementación en los territorios étnicos, poniendo en grave peligro la existencia física y cultural de las comunidades y Pueblos, profundizando la desconfianza en el cumplimiento de lo acordado para construcción de la Paz.

    3. En procesos transcendentales para el desarrollo de la construcción de paz en Colombia derivadas del Acuerdo Final como la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, o del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos declarados Ilícitos - PNIS, que  requieren de la participación efectiva de la IEANPE, hoy vemos que el no funcionamiento de la IEANPE es un claro mensaje del Estado colombiano para no cumplir con sus responsabilidades de garantizar los derechos y la protección especial de los pueblos étnicos de Colombia, incluso como lo ha ordenado la Corte en los Autos 004, 005, 006 de 2009. Falla el Estado colombiano al no activar las iniciativas propias de los pueblos étnicos como las Guardias Cimarronas, las Guardias Indígenas y otros mecanismos de protección propias de las comunidades, claves en la protección de nuestra vida y nuestros territorios.

    4. Así mismo, ha incumplido el Estado colombiano al no convocar la IEANPE a todas las sesiones de la CSIVI, y de las demás instancias del orden nacional encargadas del proceso de cumplimiento de lo acordado, lo que ha hecho imposible afirmar el capítulo transversal étnico del Acuerdo Final y su efectiva y oportuna implementación para hablar realmente de construcción de Paz.  

    5. El Capítulo Étnico del Plan Marco de Implementación, documento derivado del Acuerdo Final como hoja de ruta para proceso de construcción de paz en Colombia, ha sido sistemáticamente incumplido por el Estado Colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos y actualmente de Iván Duque, y ha desconocido los mandatos de la IEANPE.

    6. A tres años largos de haberse firmado el Acuerdo de Paz, los pueblos étnicos hemos sufrido la pérdida de varios de cientos de compañeros y en lo que va corrido del 2020 ya llevamos 26 indígenas asesinados, sin que esta tragedia obligue al estado colombiano a brindar garantías de protección que eviten el exterminio físico y cultural de nuestros pueblos.


    Ante los incumplimientos reiterados que aquí denunciamos las vocerías de la IEANPE convocamos y exigimos:

    1. Convocamos al sistema de Naciones Unidas en Colombia, a la MAPP-OEA, a las Embajadas y Organizaciones Internacionales encargadas de hacer seguimiento al proceso de implementación, a la Cooperación internacional que respalda financieramente la implementación del Acuerdo, REQUERIR al Estado colombiano para que cumpla con la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final y sus desarrollos, y nos acompañen en su exigibilidad.

    2. Convocamos a la Procuraduría y demás órganos de control del Estado colombiano a que requiera y de ser necesario sancione a los responsables de estos incumplimientos en cabeza del gobierno nacional en la CSIVI.

    3. Exigimos al Estado colombiano el cumplimiento de lo acordado con la IEANPE entre otros con la financiación del Plan de Acción para su buen funcionamiento y brinde las garantías requeridas para dar cumplimiento a los compromisos y mandatos derivados del Capítulo Étnico.

    4. Convocamos de manera URGENTE se convoque a la IEANPE a una sesión especial con la CSIVI conjunta, a más tardar el 15 de marzo de 2020, para tratar lo relativo a la financiación del plan de acción para activar en plenas funciones a la IEANPE, abordar la ruta para hacer efectivo las metas, indicadores, planes y proyectos del Plan Marco de Implementación y la ruta para asesorar el desarrollo de MEC previa, elementos que deben empezar a desarrollarse para llevar a buen término la implementación del Acuerdo Final, del Capítulo Étnico y garantizar la construcción real de paz en nuestros territorios.

    5. Convocamos a las comunidades, organizaciones  y autoridades tradicionales de los pueblos étnicos para que expresemos nuestra voz de inconformidad ante la inseguridad que atraviesa nuestros territorios y exijamos al gobierno y al estado el cumplimiento de la implementación integral e inmediata  del acuerdo de paz

    6. Finalmente hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad nacional e internacional que respalda el Acuerdo de Paz en Colombia.

    Dado en Bakatá (Bogotá) a los 27 días del mes de febrero de 2020. En sus consideraciones;

    Charon Mina                  - Luz Mery Panche Chocué
    Asdrual Plaza Calvo      - Abid Manuel Romaña
    Luis Fernando Arias      - Ariel Quinto
    Giovany Yule                 - Rodrigo Castillo Rodallega

    Vocerías Nacionales Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos - IEANPE




    Declaration High-Level Special Instance with Ethnic Peoples (Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, IEANPE) for the implementation of the Final Peace Agreement between the Colombian State and the FARC-EP, 3 years after the signing and formalization of the IEANPE (Transaled by WOLA)

    The Ethnic Chapter of the Final Peace Agreement, numeral 6.2 of the Agreement, created the High-Level Special Instance with Ethnic Peoples to monitor the implementation of the Agreements (IEANPE). The ethnic chapter reads: "The body will have the functions of acting as a consultant, representative and first-order interlocutor of the Committee on Monitoring, Boosting and Verification of the Implementation of the Final Agreement (CSIVI)". 

    On 15 March 2017, through the joint communiqué number 13, the Instance was formalized before the CSIVI and 8 national spokesperson offices were chosen from the organizations that were promoters and partners in the development of the Ethnic Chapter, and that today converge on the Ethnic Commission for the Defense of Territorial Rights and in the National Ethnic Coordination of Peace (Comisión Étnica para la Defensa de los Derechos Territoriales y en la Coordinación Étnica Nacional de Paz, CENPAZ). 

    Since the formalization of IEANPE, the Colombian State has committed itself to facilitating and financing the fulfillment of the organization’s mandates, including accompanying national and territorial processes in the implementation of the Agreement and creating the conditions for the full development of the Final Peace Agreement in the indigenous and Afro-Colombian territories most affected by the war.

    In the second half of 2017, based on the pressure from IEANPE organizations, and from other national and international organizations responsible for the implementation and monitoring of the Agreement, the Macro Plan for Implementation between IEANPE and the Colombian State was laid out in an arduous and technically responsible process. This work of the IEANPE, extended to the perspectives of other instances of ethnic peoples including the Permanent Board of Concertation with Indigenous Peoples and the Rrom Gypsy Peoples, lead to a special chapter in the Macro Plan for Implementation with clear objectives, goals, programs, and projects for the peace-building process (derived from the Final Agreement) in Colombia’s Indigenous, Negros, Palenqueros, Raizes and Rrom territories.

    Three years after the signing of the Final Agreement and the formalization of IEANPE we declare:

    1. The Colombian State, lead by Juan Manuel Santos and today by Iván Duque, has systematically failed to fulfil its responsibility as it relates to the full functioning of IEANPE and with the ethnic peoples of Colombia, and has failed to guarantee the fulfilment of our responsibility and mandates.

    2. In the face of the Colombian State's neglect of its duties with the IEANPE and the Final Peace Agreement, the ethnic organizations that are part of the IEANPE have autonomously assumed the responsibility of enforcing the mandates of the Ethnic Chapter and the Macro Plan for Implementation, and of accompany indigenous and Afro-Colombian peoples nationally and territorially in their implementation. However, the Colombian State's refusal to put into operation the work plan presented by the IEANPE and approved by the CSIVI has greatly limited the implementation process in the ethnic territories, seriously jeopardizing the physical and cultural existence of the communities and peoples, deepening mistrust in the fulfillment of what had been agreed in terms of construction of peace.

    3. In momentous processes for the development of peace-building in Colombia resulting from the Final Agreement, such as the formulation and implementation of the Development Programs with Territorial Focus (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET), or the National Comprehensive Program for the Substitution of illicit Crops (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS), which require the effective participation of IEANPE, we see today that the non-functioning of IEANPE is a clear message from the Colombian State to not fulfil its responsibilities to guarantee the rights and special protection of the ethnic peoples of Colombia, even as ordered by the Court through the Autos 004, 005, 006 of 2009. The Colombian State fails by not activating the initiatives of the ethnic peoples such as the Cimarrona Guards, the Indigenous Guards and other protection mechanisms typical of the communities, which are key in the protection of our lives and territories.

    4. Similarly, the Colombian State has neglected its duties by not calling the IEANPE to all CSIVI‘s sessions, and the sessions of other national law enforcement bodies responsible for the implementation of what was agreed; which has made it impossible to affirm the transversal ethnic chapter of the Final Agreement and its effective and timely implementation and thus to really talk about peacebuilding.

    5. The Ethnic Chapter of the Macro Plan for Implementation, a document derived from the Final Agreement as a roadmap for the peace-building process in Colombia, has been systematically neglected by the Colombian State, both under Juan Manuel Santos and Iván Duque, and has disregarded IEANPE’s mandates.

    6. Three long years after the Peace Agreement was signed, the ethnic peoples have suffered the loss of several hundred colleagues and, so far in 2020, we have 26 indigenous persons killed; a tragedy that has not forced the Colombian state to provide protection guarantees that prevent the physical and cultural extermination of our peoples.

    In the face of repeated neglect of duty that we, spokespersons of the IEANPE, here denounce, we convene and demand: 

    1. We call on the United Nations system in Colombia, the MAPP-OAS, the Embassies and International Organizations responsible for monitoring the implementation process, the international Cooperation that financially supports the implementation of the Agreement, to REQUIRE the Colombian State to comply with the implementation of the Ethnic Chapter of the Final Agreement and its developments, and that they accompany us in its enforcement.

    2. We call on the Procuraduría and other monitoring bodies of the Colombian State to require and, if necessary, sanction those from the national government at the CSIVI responsible for this neglect.

    3. We call on the Colombian State to comply with what was agreed with the IEANPE, among other things with financing the Plan of Action for its proper functioning and with providing the guarantees required to comply with the commitments and mandates derived from the Chapter Ethnic.

    4. We URGENTLY call for the convening of the IEANPE in a special session with the joint CSIVI by March 15, 2020 to discuss the financing of the action plan so as to activate the IEANPE in its full set of functions, to address the path to implement the goals, indicators, plans and projects of the Macro Plan for Implementation and the route to advise the development of the previous MEC— elements that need to begin to be developed to bring the implementation of the Final Agreement and the Ethnic Chapter to fruition, and to ensure the real construction of peace in our territories.

    5. We call on the traditional communities, organizations and authorities of ethnic peoples to express our voice of dissatisfaction with the insecurity that our territories are going through and to demand that the government and the state comply with the comprehensive and immediate implementation of the peace agreement.

     6. Finally, we call for the solidarity of the national and international community that supports the Peace Agreement in Colombia.

    Given in Bakatá (Bogotá) at 27 days into February 2020. In their considerations;

    Charon Mina Asdrual Plaza Calvo Luis Fernando Arias Giovany Yule Luz Mery Panche Chocué Abid Manuel Romaña Ariel Quinto Rodrigo Castillo Rodallega 

    National Stockperson Offices High-Level Special Instance with Ethnic Peoples - IEANPE

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