CONPI | Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas

LA DETENCIÓN DE SEUXIS PAUSIVAS HERNÁNDEZ SOLARTE O JESÚS SANTRICH DEL NUEVO PARTIDO POLITICO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN - FARC ES UNA ESTOCADA AL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA

Como integrantes de la Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ, conocimos a JESÚS SANTRICH, en las discusiones de los Diálogos de Paz en la Habana Cuba y reconocimos en él, un comprometido negociador en el propósito de apoyar también la necesidad urgente de incluir el enfoque de pueblos étnicos en el Acuerdo. Propósito que se materializo con la inclusión del Capítulo Étnico el último día de la firma del acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ese mismo empeño lo demostró para que se incluyera la transversalización del enfoque étnico en el texto final del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz, PMI, a finales de 2017.

El lunes 11 de abril, por órdenes del gobierno norteamericano y ejecutada de forma presurosa por el Fiscal General de la Nación, fue capturado en su residencia JESUS SANTRICH, ex comandante de las FARC y miembro actual del Consejo Político Nacional, quien además es uno de los designados por el nuevo partido político surgido de la implementación de los acuerdos, para ocupar una de las cúreles en la Cámara de representantes.

Este hecho pone en grave peligro la consolidación de la salida negociada a la confrontación armada pactada entre las FARC y el Gobierno Nacional, y llena de incertidumbre el propósito de la Paz completa, ya que subsista desconfianza en la base de las FARC, integrada tanto por ex combatientes como por ciudadanos del común. También violenta la soberanía nacional en tanto no respetó el debido proceso, y mostró una vez más la sumisión del Gobierno Nacional a la política de injerencia norteamericana, obviando los protocolos que se deben aplicar en este caso, como tramitar inicialmente ante el Ministerio de relaciones exteriores cualquier solicitud que involucre un ciudadano colombiano; además de obviar también el Sistema Integral de Justicia, Reparación y no Repetición, creado precisamente para tramitar estos escenarios a través de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

La captura de JESUS SANTRICH se puede leer además, como una cortina de humo que tapa los graves casos de corrupción que se habían hecho públicos con relación de los recursos del Fondo de Paz que opera el Gobierno Colombiano, aportados por la cooperación internacional para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que justo ese mismo día causo el despido de la Directora del Fondo.

Por todo lo anterior las organizaciones de comunidades étnicas que conformamos CENPAZ en todo el país, RECHAZAMOS la perfidia de la elite gubernamental que sigue insistiendo en sumir a Colombia en odios, y EXIGIMOS que se respete el Acuerdo Final de Paz y el debido proceso, también EXIGIMOS la puesta a disposición de la JEP, de JESÚS SANTRICH para que sea esta obre según lo acordado.

Manifestamos que desde la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos IEANPE, de la que hacemos parte, haremos seguimiento a la implementación de los Acuerdos según el espíritu del Capítulo étnico y seguiremos denunciando y exigiendo justicia por el asesinato de nuestros líderes y lideresas sociales, porque la paz no nos puede seguir costando la libertad y la vida.

#SantrichLibre

Denuncia sobre los proyectos radicados por Gobierno Nacional

Bakata / Bogotá, 9 de abril de 2018

Las Organizaciones que convergemos en la Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ, que hacemos parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos IEANPE, establecida en el punto 6.2 del Acuerdo de Paz, DENUNCIAMOS ante la comunidad nacional e internacional las graves afectaciones que como Pueblos Étnicos nos traerá la aprobación de los Proyectos de Ley radicados por el Gobierno Colombiano en días pasados ante el Congreso de la Republica.

1. VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA CONSULTA PREVIA. Los Pueblos Étnicos tienen los espacios oficialmente instituidos para surtir este proceso: La Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas, El Espacio Especial de Consulta Previa con el Pueblo Negro, Afro, Raizal y Palenquero y el Espacio Especial con el Pueblo Gitano, sin embargo, ambos proyectos de Ley se radicaron ante el Congreso de la Republica sin pasar anticipadamente por estos espacios. Cabe anotar que la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos tampoco ha tenido la oportunidad de asesorar a la CSIVI en los dos proyectos radicados.

“Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales.

Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación.

En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos”.

2. Proyecto de Ley por medio del cual se autoriza la adjudicación o el uso de baldíos en reservas protectoras – productoras y de reservas de la ley 2 de 1959, sin sustracción y se dictan otras disposiciones. En las seis (6) zonas de Reserva Forestal que trata la Ley 2 de 1959, habitamos los Pueblos Étnicos con serias dificultades para la seguridad jurídica de la propiedad en forma de Resguardos y Territorios Colectivos de Comunidades Negras, falta de claridad sobre linderos de los territorios colectivos legalizados y procesos de retorno y reubicación que no se han adelantados. La implementación de esta norma despojaría de la tierra a los dueños originarios del territorio y propiciaría la legalización de la acumulación fraudulenta de grandes extensiones de tierra a los empresarios de monocultivos y entregaría nuestros territorios a las empresas minero energéticas en zonas tan frágiles como la Selva Amazónica, región de la cual el gobierno saco a través de actos administrativos a los departamentos de Putumayo y Caquetá para evitarse las sanciones internacionales sobre calentamiento global, declarándolos distritos minero especial y región del piedemonte andino, entregando todo este vasto territorio a las empresas mineras y petroleras en concesiones.

3. Proyecto de Ley Por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. A pesar que en el Capítulo Étnico se salvaguarda el uso ancestral de la planta sagrada de coca, el Decreto Ley sobre PNIS no fue consultado con los Pueblos Indígenas, ni incluye lo establecido en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Teniendo en cuenta la exclusión a que hemos sido sometidos tanto por el Gobierno Nacional como por la Corte Constitucional, en algunos territorios colectivos de los Pueblos Etnicos se judicializara a aquellos que han tenido que recurrir a la siembra de cultivos de uso ilícito para sobrevivir a las condiciones de miseria a que hemos sido condenados.

Por todo lo anterior:

1. Nos solidarizamos con los campesinos de Colombia que van a ser judicializados por intentar sobrevivir a la miseria, recurriendo a los cultivos de uso ilícito, los cuales también serán despojados a través de la extinción de dominio y terminarán en las cárceles, solo por intentar resolver la comida de sus familias.

2. Denunciamos la Violación Sistemática del derecho fundamental de la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado y por lo tanto, de la ausencia del enfoque étnico y de mujer, familia y generación en los proyectos de ley presentados.

3. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y al Estado Colombiano en su conjunto por incumplir con la Implementación Idónea del Acuerdo de Paz, para legalizar el despojo y criminalizar a quienes hemos padecido directamente las consecuencias de la guerra, que no tenemos tratamiento de Victimas sino de Victimarios.

4. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y al Estado Colombiano en su conjunto por no dar cumplimiento a los Autos 004, 005 y 006 del 2009, donde la Corte Constitucional advierte que los Pueblos Etnicos nos encontramos en riesgo de exterminio físico y cultural y obliga a la protección especial de los Pueblos Etnicos.

#NoHayPazSinPueblosÉtnicos

LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD COLOMBIANA A TOMARSE COLOMBIA POR LA PAZ

Sobre el estado actual de la Implementación y los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional a las FARC

“Si hemos de ser mujeres y hombres nuevos, debemos dejar de trabajar por nada, de competir unos contra otros por lo poco que nos permiten poseer"

George Jackson en "Soledad Brother: Cartas de prisión".

Hasta para el mas miope de los observadores, es claro que en lo que va corrido del segundo semestre del año, es decir, cuando más se acerca el periodo político electoral, todo lo relacionado al Acuerdo Final de Paz con las FARC – EP se va tornado más difícil. Las élites políticas dominantes asumen un discurso cada vez más reaccionario frente a la implementación de los Acuerdos y, paralelamente, tratan de cerrar espacios a la necesaria participación política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, intentando, por todas las formas, de frenar la implementación de los Acuerdos y quebrar el entusiasmo de los excombatientes guerrilleros por la posibilidad de una vida diferente.

Esas posiciones más que confrontar ideas o propuestas de cambio, muestran, primero el egoísmo de las elites dominantes frente al conjunto de la sociedad colombiana, y segundo, el miedo a enfrentar, desde el escenario democrático, a las FARC como fuerza política democrática, lo que deja ver también que el fundamento democrático del que tanto se jactan, no es más que retórica y demagogia.

En la última semana hemos visto como dos procesos que son claves para la Implementación, han sido literalmente boicoteados por sectores retardatarios, que a partir de un falso discursos moral, quieren impedir que pilares de la Implementación de los Acuerdos, como son la justicia transicional y la participación política en el marco de la ampliación democrática, sean una realidad en un contexto político de construcción de paz.

Es invidente como las elites políticas ponen a su servicio el favor de los estamentos de Poder en Colombia para su benéfico. Por un lado se valen de cualquier artimaña para bloquear la aprobación de la JEP por parte del congreso he impedir que ese mecanismo especial de justicia empiece a funcionar, y por el otro, apenas se da a conocer públicamente la intención de las FARC para participar en las próximas elecciones con la presentación de sus candidatos, se reúne por primera vez la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, integrada por las cabezas de diferentes órganos de control, que hacen una interpretación reduccionista y malintencionada de la participación política de las FARC, que mina el espíritu del punto 2 del Acuerdo, cuando debiera primar una interpretación que tienda a posibilitar la participación democrática de quienes han renunciado al uso de las armas como forma de lucha por la toma del poder, y han suscrito un acuerdo paz desde donde la confrontación deja de ser bélica y se convierte en democrática.

Bajo este escenario es urgente que la sociedad colombiana se movilice, de la misma manera que nos movilizamos frente al peligro que representó para la implementación de los Acuerdos la polarización causada por el uribismo y los sectores reaccionario en el marco del plebiscito. Los hermanos y hermanas indígenas se encuentran en minga por la paz, apoyada también por algunas comunidades afros; es preciso que de manera decidida, en todos los rincones del país, todos y todas nos movilicemos; afros, indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores. Es necesario que nos tomemos las calles y plazas, acudamos al Congreso de ser posible, y exijamos a los y las congresistas a no ponerle más trabas a la PAZ. Tomémonos los barrios, las veredas, los pueblos, las ciudades, tomémonos Colombia y hagamos cumplir al Gobierno lo que firmó con las FARC y démosle paso a la nueva Colombia que queremos.

También es importante convocar a la comunidad internacional, y a los países garantes, llamar a la Misión de Verificación de la ONU a que haga seguimiento a la reincorporación política de la FARC, incluido el rechazo al veto que se plantea a los y las candidatas de este partido para las próximas elecciones legislativas y presidenciales, así como a visibilizar lo que está pasando en los territorios con las comunidades étnicas y campesinas y con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación; tantos muertos, tanta injusticia, tanta mala fe.

La JEP en su momento, se encargara de juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, hasta ahora, las FARC han cumplido con todo lo que acordaron, le corresponde gobierno cumplir con su parte y aprobar la JEP, y garantizar la participación política de esa organización.

#PazConImplementación

#MovilicemosPorLaPaz

#LaPazEsDeTodxs

EN MEMORIA DE JHONATHAN Y CUJAR CONVOCAMOS A UNA CUMBRE DE PUEBLOS ÉTNICOS PARA LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA PAZ.

"Y hoy es el día en que suelto la paloma torcaz, para que vuele llevando el olivo de mi pensamiento convertido en idea y sea conocido por todos los hombres que me han odiado y me odian deseándome la muerte."

Quintín Lame

Esta fratricida guerra no se detiene de golpearnos, anoche fueron asesinados nuevamente dos de nuestros hermanos; JESÚS ORLANDO GRUESO OBREGÓN y JONATHAN CUNDUMI ANCHINO, en el Municipio de Guapi, Consejo Comunitario del Río Guagui, vereda La Soledad. Sus muertes se suman a la de otros líderes y lideresas sociales que entran a aumentar las estadísticas de asesinatos a defensores de derechos después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC.

Uno de los lideres asesinado JESÚS ORLANDO GRUESO OBREGÓN conocido en su región como Cujar, era uno de los líderes más connotado del Guapi y las cuencas de sus ríos, su hermano siendo candidato a la alcaldía para el periodo 2016-2019, fue detenido con falsas acusación y después dejado en libertad. Su familia has sido una ferviente defensora de los derechos humanos y del proceso de paz, ellos jugaron un papel de alta importancia en la campaña por el SÍ donde en Guapi hubo una victoria del SÍ un 98%.

Para el movimiento social y en especial el pueblo negro se pierde la vida de un gran luchador quien hacia parte del Movimiento Étnico y Popular de Pacifico – MOEPP, de CONAFRO, era uno de los responsables de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, y entre sus planes inmediatos estaba participar como representante de su comunidad a una curul de las Circunscripciones Especiales de Paz.

Como CENPAZ; veedores, impulsores, representantes, consultores e interlocutores de primer orden en la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos que creo los acuerdo de La Habana, alertamos sobre la urgencia de parar el genocidio contra los líderes sociales, populares y comunitarios en Colombia como garantía de construcción de paz y llamamos a la comunidad internacional, a la CIDH para que haga seguimiento oportuno al Estado Colombiano sobre su responsabilidad en estas vidas arrebatadas y a los garantes y acompañantes del proceso de implementación a pronunciarse enérgicamente y acompañarnos a exigir al Estado Colombiano a garantizar la vida y la pervivencia en paz y armonía en nuestros territorios. A poco más de un año de firmamos los acuerdos de La Habana el mensaje de sangre con el que se está cegando la esperanza y el clamor de paz de los colombianos y colombianas pone en grave riesgo esta oportunidad histórica de salir de la oscura fuerza de la guerra.

También Convocamos al movimiento social y en especial a los pueblos y comunidades negras e indígenas a declarar estado de emergencia de derechos humanos y encontrarnos para dialogar sobre el futuro de nuestros pueblos y comunidades y del país. Plantear estrategias conjuntas que nos ayuden a salir de este profundo foso de sangre y muerte en el que estamos cayendo en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, y en presencia del ciego, sordo y mudo estado colombiano.

Es hora de tomar medidas y no permitir que los violentos se sigan llevando las vidas de nuestros hermanos y hermanas uno a uno.

CONVOCAMOS A UNA CUMBRE DE PUEBLOS ÉTNICOS PARA LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA PAZ.

¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, nuestras vidas enteras en lucha!

#QuelaPazNoNosCuesteLaVida

#SinPueblosÉtnicosNoHayPaz

#PorLaPazNiUnPasoAtras

FINAL AGREEMENT TO END THE ARMED CONFLICT AND BUILD A STABLE AND LASTING PEACE

PREAMBLE Download the full agreement here.

Recalling that the Havana dialogues between delegates from the National Government, led by President Juan Manuel Santos, and delegates from the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP), based on their mutual decision to bring the national armed conflict to an end, came about as the result of the exploratory meeting that took place in the capital of the Republic of Cuba between 23 February and 26 August 2012;

Considering that said exploratory dialogues resulted in a General Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace, signed on 26 August 2012 before national witnesses and before delegates from the Republic of Cuba and from the Kingdom of Norway, who also served as witnesses, and, since then, have accompanied the process as guarantor countries;

Emphasising the fact that the Bolivarian Republic of Venezuela and the Republic of Chile have been ready at all times to perform their proper duties as observer countries;

Recalling that in fulfilment of the agenda approved in the aforesaid Agreement, the Negotiation Table was established on 18 October 2012 in the city of Oslo, capital of the Kingdom of Norway, and activities have continued in the Cuban capital without interruption up to the act of signing the new Final Agreement;

Considering that, as a consequence of what was stated on 24 August of this year, the parties signed a Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace; that the people were consulted on the said agreement by means of a plebiscite accepted by the parties at the relevant time, on a date established for that purpose (2 October) and, by means of a ruling handed down by the Constitutional Court, which informed the country of the terms and conditions of the chosen path;

Recognising that in the ballot boxes NO prevailed over YES, although that does not mean a rejection of the right to peace or of fundamental rights;

Emphasising that the ruling itself of the Constitutional Court referred to above set out guidelines to be followed in the event that NO was the majority response in the plebiscite; the said ruling by the Court indicates that the President of the Republic retains the power to maintain public order "even by negotiating with illegal armed groups in order to achieve other peace agreements";

Asserting the decision of the parties to continue with the search for peace by first listening to those who expressed their reservations on the contents of the Final Agreement first signed, with

a desire to reach a new agreement with a greater consensus; that what was thereby achieved was an enrichment and amendment of the previous Agreement, taking into account the specific concerns, proposals, clarifications, and definitions put forward by a wide range of social groups and organisations, sectors of opinion and political movements and parties; that, after carefully examining with an open mind all the matters put forward by the interested parties for consideration by the negotiating parties, a large number of substantial changes and amendments were made to the old texts, converting the previous Peace Agreement into a new Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace;

Emphasising that the new Final Agreement signed on said date is the free manifestation of the wishes of the Colombian government and of the FARC-EP, after having responded to a number of initiatives by sectors of the people of Colombia, acting in good faith and with the full intention of fulfilling the agreement;

Bearing in mind that Article 22 of the Political Constitution of the Republic of Colombia establishes peace as a right and as a mandatory duty; that Article 95 states that the exercising of the rights and freedoms enshrined in the Constitution implies responsibilities, which include striving towards the achievement and maintenance of peace; always and at every stage, have upheld the spirit and scope of the rules of the National Constitution, the principles of international law, international human rights law, international humanitarian law (its conventions and protocols), the stipulations of the Rome Statute (international criminal law), the decisions of the Inter-American Court of Human Rights concerning conflicts and conflict termination, and other resolutions of universally recognized jurisdictions and authoritative pronouncements relating to the subject matters agreed upon;

Emphasising that the rights and duties enshrined in the Charter are interpreted in accordance with international treaties on human rights ratified by Colombia and their enjoyment or exercise may not be subject to any limitation;

Recalling that Article 94 states that “the declaration of the rights and guarantees enshrined in the Constitution and in current international conventions must not be understood as the negation of others that, intrinsic to the human individual, are not expressly mentioned therein”;

Emphasising that peace has come to be universally described as a superior human right and as a prerequisite for the exercising of all other rights and duties incumbent upon individuals and

citizens;

Bearing in mind the fact that the new Final Agreement encompasses each and every one of the accords reached in developing the Agenda of the General Agreement signed in Havana in August 2012; and that in order to achieve that, the parties

Considering that the sum of the accords of which the new Final Agreement is composed, contributes to the fulfilment of fundamental rights, such as political, social, economic and cultural

rights; the rights of the victims of conflict to truth, justice and reparations, the rights of boys, girls

Emphasising that the new Final Agreement places special emphasis on the fundamental rights of women, of vulnerable social groups such as indigenous peoples, girls, boys and adolescents, communities of African descent and other ethnically differentiated groups; the fundamental rights of the small-scale farmers, both male and female, and the essential rights of persons with disabilities and of those displaced by the conflict; and the fundamental rights of the elderly and of the LGBTI community;

Emphasising that, further to what is underlined above,

but as values that must be applied and defended as a prerequisite for bringing about peace and economic and social progress for all peoples, and emphasising that tolerance consists of "harmony in difference";

Noticing that, in the opinion of the National Government, the transformations that must be achieved when implementing this Agreement must play a part in reversing the effects of the conflict and in changing the conditions that have led to the persistence of violence across the country; and, in the opinion of the FARC-EP, such transformations must contribute to resolving the historical causes of the conflict, such as the unresolved issue of land ownership and, in particular, the concentration thereof, the exclusion of the rural population, and the underdevelopment of rural communities, which especially affects women, girls and boys.

Appreciating and extolling the fact that the central pillar of peace is the promotion of the presence and the effective operation of the state throughout the country, especially throughout the many regions that are today afflicted by neglect, by the lack of an effective civil service and by the effects of the internal armed conflict itself; that it is an essential goal of national reconciliation to construct a new territorial-based welfare and development paradigm to the benefit of broad sectors of the population that have hitherto been the victims of exclusion and despair;

Acknowledging the right of society to comprehensive human security, with the participation of the civil authorities;

and adolescents, the right to freedom of faith and its free exercise; the fundamental right of individual and/or collective legal certainty and physical safety; and the fundamental right of each

individual and of society to non-recurrence of the tragedy of the internal armed conflict that this

Agreement proposes to finally end; the state, pursuant to Article 13 of the

Political Constitution of Colombia, must guarantee the various aspects of the right to equality and non-discrimination, which must tend towards bringing about conditions that allow the

effective protection of persons who are clearly in a position of weakness and the punishment of

abuses committed against them;

Emphasising that Colombia has signed International treaties and declarations that enshrine equality, non-discrimination against persons and tolerance as universal conduct, not only as principles,

Extolling and enshrining the justice that is to come inasmuch as it acknowledges essential fundamental rights for new and future generations, such as the right to protected land, the right to the conservation of the human species, the right to be aware of one’s origins and identity, the right to know the truth with regard to events occurring before one’s birth, the right to exemption from liability for acts committed by earlier generations, the right to the preservation of freedom of choice, and other rights, notwithstanding the rights of victims of any age or generation to truth, justice and reparations;

Having regard to the fact that the new vision of a Colombia at peace enables us to achieve a sustainable society that is united in diversity and that is based not only on consideration for human rights but on mutual tolerance, protection of the environment, respect for nature and its renewable and non-renewable resources and biodiversity;

Recalling that on June 23 this year, the delegations from the National Government and from the FARC-EP signed, in the Cuban capital, the agreements on the Bilateral and Definitive Ceasefire and Cessation of Hostilities and Laying down of Arms and Security Guarantees, in the presence of the President of the Councils of State and Ministers of the Republic of Cuba, the Secretary- General of the United Nations, the President of the United Nations General Assembly, the President of the UN Security Council, Norway’s Foreign Minister, the heads of state of the observer countries, heads of government of countries in the region, the United States Special Envoy and the European Union Special Representative; that such cessation of hostilities has been repeated from the date of the plebiscite of last 2 October;

Accepting that customary international legal standards will continue to govern issues relating to fundamental rights not mentioned in the new Final Agreement, including the imperative whereby “in those cases not provided for by current law, the individual will be safeguarded by humanitarian principles and the demands of the public conscience”;

Admitting that the new Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace must be endorsed in accordance with Item 6 of the Agenda in the General Agreement; that such endorsement takes place by means of systems for participation by citizens such as a plebiscite, legislative initiatives, consultation, open local government councils and others, or by public corporations elected by suffrage, whose members are responsible for exercising representation with a mandate such as the Congress of the Republic, departmental assemblies and municipal councils; that such endorsement is decided by the parties and must take place as indicated in the relevant rules or judgments;

We, the Government of the Republic of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia - People’s Army, have agreed as follows:

Acknowledging all the foregoing and, in particular, the non-delegatable constitutional mandate that states that the President of the Republic, as head of state, head of government and supreme

administrative authority, is responsible for agreeing upon and endorsing peace accords;

To sign this Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace, with the substantial amendments that make it a new Agreement, the implementation of which will put a definitive end to an armed conflict that has lasted over fifty years, and which is recorded in writing below.

This Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace is signed by the National Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP) as a Special Agreement pursuant to Article 3, common to the 1949 Geneva Conventions, as per its international standing.

The National Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP) hereby sign seven originals, including the annexes thereto, one for each of the parties, one for each of the guarantor countries and one for each of the observer countries. The seventh original copy will be deposited, immediately after signature, with the Swiss Federal Council in Bern, or with such body as might replace it at a future date as repository of the Geneva Conventions.

Download the full agreement here.

VAMOS A PARO NACIONAL INDEFINIDO A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE

LA PAZ SE CONSTRUYE DESDE LOS TERRITORIOS ¡Y VAMOS A DEFENDERLA!

Comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y populares organizadas en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - COCCAM, El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, Federación Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas - CONPI y la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes - CONAFRO seguimos convencidos que la construcción de una paz estable y duradera sólo es posible por medio del diálogo y de la mano de las comunidades. Nuestro empeño y trabajo diario hoy se concentra en el proceso de implementación del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el que vemos la posibilidad real de cambiar las condiciones que nos han llevado históricamente a la marginalidad, la pobreza extrema y la exclusión política.

La implementación de este acuerdo contempla el diseño de planes y programas de desarrollo con enfoque territorial que permitirán a 10 años condiciones más equitativas para el campo colombiano, la apertura democrática y la inclusión de los sectores históricamente excluidos por medio de la ejecución de las medidas del punto dos (2) “Participación política: apertura democrática para construir la paz”, las garantías otorgadas por el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y la solución efectiva de la problemática social cocalera.

Sin embargo, las conquistas sociales y democráticas que se lograron en el Acuerdo están bajo amenaza permanente. Sectores de la clase dirigente se empeñan en atacar, dilatar y entorpecer el proceso de implementación, para imponer un plan de re-negociación en el congreso y anular el potencial transformador que contienen los Acuerdos.

Lo anterior se constata en los incumplimientos constantes y la lentitud en el proceso de implementación normativa y territorial por parte de las instituciones y poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), el gobierno nacional y algunos sectores políticos. Además, no existen avances significativos en las garantías de seguridad para las comunidades y los líderes sociales en los territorios; el gobierno nacional incumple los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito e impone la erradicación violenta; y continúa la violación de los derechos humanos y los asesinatos de líderes sociales, especialmente por grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.

Por lo anterior, anunciamos al país y convocamos a las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, urbanas, estudiantiles, a la juventud, a la comunidad LGTBI, a los sectores sociales, políticos y democráticos, y a todas nuestras organizaciones sociales y procesos organizativos a un PARO NACIONAL INDEFINIDO A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017 para exigirle al Gobierno nacional y a los gobiernos departamentales:

Implementación normativa y territorial del Acuerdo de Paz de La Habana
Reclamar las reivindicaciones locales-territoriales y el cumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente con los gobiernos locales y/o nacional
Exigir las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la protesta social y seguridad para las comunidades rurales.

Adicionalmente, rechazamos y denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los planes de señalamiento, estigmatización y falsos positivos judiciales que se adelanten por parte de las fuerzas militares y el Gobierno Nacional hacia las organizaciones que participaremos en el paro nacional, especialmente a la COCCAM.

Por último, queremos hacer énfasis en que el diálogo y la implementación decidida del Acuerdo de Paz, es el mejor camino para tramitar y solucionar lo expuesto anteriormente y evitar hechos lamentables como los que ocurrieron en Antioquia, Cauca, Meta, Arauca, Putumayo, Córdoba, Norte de Santander, Guaviare y las masacres de Tumaco en las últimas semanas.

De acuerdo a lo anterior, exigimos reactivar la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo - MIA y conformar y/o retomar las Mesas de Interlocución y Acuerdo Departamentales, con el propósito de que estos sean los espacios para tramitar el Pliego de peticiones que será presentado al gobierno nacional y retomando la discusión del pliego presentado en el 2013.

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Denuncia sobre los proyectos radicados por Gobierno Nacional

LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD COLOMBIANA A TOMARSE COLOMBIA POR LA PAZ

EN MEMORIA DE JHONATHAN Y CUJAR CONVOCAMOS A UNA CUMBRE DE PUEBLOS ÉTNICOS PARA LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA PAZ.

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